¿Quiere ser rico? Sea policía en California

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Ruben Navarrete Jr./The Washington Post
viernes, 08 marzo 2019 | 06:00

San Diego – ¿Sería demasiado preguntar si los que juran aplicar las leyes las respetan?  Después de todo, cuando se violan las leyes, otros pagan el precio.

Tal vez haya escuchado que a California se le está acabando el dinero.

Eso es verdad.

También debe haber escuchado que el Estado Dorado alberga a unos 2.5 millones de inmigrantes ilegales, y que eso es lo que está provocando que California esté en bancarrota.

Eso es falso.

Por lo menos, eso es lo que escuché hace más de una década del ex gobernador de California Arnold Schwarzenegger.

En ese tiempo, los comentaristas radiofónicos nativistas estuvieron diciendo sin fundamento que la insolvencia financiera del Estado se debía a los costos en los que se incurrieron debido a la inmigración ilegal.

“Eso no es así”, me dijeron Schwarzenegger y otros miembros del consejo editorial de San Diego Union-Tribune en el 2008.

En ese entonces, y hasta la actualidad, la verdadera causa es algo que es perfectamente legal: los sindicatos de empleados públicos.

Recientemente traté de explicar esos hechos de la vida a un grupo de agricultores – la mayoría de los cuales, tengo que decirles, pareció entender ese punto perfectamente.

Después que hablé acerca del debate de inmigración durante unos 45 minutos, un hombre sugirió que la verdadera diferencia entre las oleadas pasadas y presentes de inmigrantes fue la llegada del bienestar al Estado, y es el costo que ha tenido que pagar actualmente el gobierno para lidiar con la inmigración ilegal.

Está en lo cierto, pero también está equivocado.

Está en lo correcto porque en los condados que albergan el mayor número de inmigrantes ilegales, existe una carga financiera en las escuelas, cárceles, hospitales y servicios sociales.

Pero no tiene razón porque no está viendo el otro lado de las cosas, hay que reconocer el beneficio financiero de la inmigración ilegal para las ciudades y condados del Estado, y para el Estado en sí.

La inmigración ilegal mantiene a flote la economía de California – las vacantes de los empleos son ocupadas, se obtienen ganancias, los salarios son gastados en el Estado y también pagan impuestos.

Además, el costo es de solo unos cuantos centavos comparados con lo que los gobiernos locales y estatales están pagando cada mes a las personas que ni siquiera trabajan.

Como ven, en el Estado Dorado, tenemos problemas de esa magnitud que un bello muro fronterizo no va a solucionar. Uno de ellos son los sindicatos de empleados públicos.

Fueron creados para permitir a los trabajadores del gobierno que se involucraran en negociaciones colectivas, esas organizaciones laborales son actualmente importantes actores en el proceso político.

Ellos les dicen a los políticos qué deben hacer y – debido a que los sindicatos convierten las cuotas de sus miembros en contribuciones a las campañas, principalmente para los demócratas –  los políticos hacen los que les dicen.

Por lo tanto, los sindicatos pueden favorecer a sus integrantes con magníficos salarios, generosos beneficios y enormes pensiones.

La factura la pagan los contribuyentes de California.

En San Diego, que hace 15 años acaparó los titulares nacionales por el “Enron cerca del mar” y por sus problemas financieros debido al dorado sistema de retiro de los empleados públicos, la broma que circulaba en los círculos policíacos era que tenían que retirar a los oficiales de rango porque no tenían con qué mantenerlos trabajando.

No es inusual encontrar a policías retirados que son ricos, gracias a la generosidad de ciudades y condados, y a sus pensiones de seis dígitos además de beneficios médicos de por vida.

Los oficiales de la policía estatal – tales como guardias de las prisiones y miembros de la Patrulla de Caminos de California, CHP por sus siglas en inglés, tienen las mejores pensiones. De hecho, podríamos decir que son los que salieron ganando.

Es un buen trabajo si se logra conseguir. Usualmente, las personas obtienen esos buenos empleos en las corporaciones estatales gracias a familiares que ya están en esas agencias.

Hablando de familia, yo logré enterarme de primera mano sobre este asunto, ya que mi padre fue policía en la parte central de California.

Eso es lo que hace que la siguiente historia sea tan dolorosa.

Docenas de oficiales del CHP se encuentran inesperadamente en apuros, ya que están acusados de mentir acerca de su lucrativo tiempo extra que aseguran han trabajado.  Al parecer, los supervisores del CHP participaron en esa estafa.

Para empeorar las cosas, la tarea original fue fácil. Los oficiales aportaron “detalles sobre la protección” que les dieron a los trabajadores del Departamento de Transporte de California que estuvieron dándole mantenimiento a la autopista.

El trabajo consistió en estar sentados en la patrulla en cada extremo de la zona de construcción para asegurarse que los conductores no se acercaran demasiado a los trabajadores de la autopista.

Presuntamente, defraudaron al Estado con aproximadamente 360 mil dólares.  Los oficiales fueron separados temporalmente de sus puestos y se está llevando a cabo una investigación.

El procurador de Distrito del Condado Los Ángeles podría fincarles cargos penales por fraude.

Si son encontrados culpables, todos podrían ir a la cárcel.  Necesitamos que rindan cuentas.  ¿Qué parte de la palabra “ilegal” no entienden esos bribones?

En cuanto a la solvencia financiera, los californianos también necesitan enfocar su indignación en el verdadero problema. 

Aunque adivinen qué, resulta que el asunto es de fabricación casera.