Necesitamos más jueces de inmigración

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Dana Leigh Marks / The Washington Post
domingo, 14 abril 2019 | 06:00

Washington— Cada día, en 60 cortes de todo el país, alrededor de 400 jueces de inmigración se sientan a decidir el destino de miles de personas. Nuestros tribunales podrían estar casi en todas partes: en centros de detención del Servicio de Inmigración y Aduanas, en las cortes federales o en espacios arrendados para oficinas comerciales —como la mía, ubicada en el corazón del distrito financiero en San Francisco. Si usted para por ahí caminando, quizás no se entere de lo que sucede ahí dentro.

Lo que ocurre en las cortes de inmigración es probablemente el más misterioso de todos los procesos legales en nuestro país. La razón: estas son cortes administrativas, que forman parte del Departamento de Justicia, en lugar de pertenecer a la rama judicial. Las normas bajo las cuales operamos son escritas por personas de libre designación, no por jueces, y por lo regular favorecen al gobierno.

Las decisiones de nuestras cortes son trascendentales. Nosotros determinamos si una persona es un ciudadano estadounidense, si una persona que no es ciudadana puede calificar para un estatus que le permita quedarse en el país, o si una persona que ha violado las leyes tenga que ser deportada. Nuestras decisiones pueden ocasionar la separación de padres de familia de sus hijos o de esposos de sus esposas, debido a que la ley no les da a los jueces la discreción para permitir que alguien se quede en el país en base únicamente a razones adversas o humanitarias. Y, en veces, las decisiones pueden traducirse en una sentencia de muerte, tal es el caso cuando rechazamos una aplicación para solicitar asilo político debido a que la ley no protege a todos aquellos que se encuentran en peligro en sus países de origen.

Muchos estadounidenses se sorprenderían al enterarse que no existe tal cosa como “bebés de anclaje” debido a que los ciudadanos estadounidenses deben ser mayores de 21 años para auspiciar a un padre de familia, que casarse con un ciudadano estadounidense no garantiza la ciudadanía del cónyuge, o que no hay un estatuto de limitaciones en apego a las leyes de inmigración, lo cual significa que los residentes legales pueden ser deportados por condenas relativamente menores. Y eso es verdad incluso si el delito ocurrió hace décadas.

 Las personas procesadas en una corte de inmigración no tienen derecho a un consejero asignado, incluso si son menores. Cuarenta por ciento de las personas en nuestras cortes no pueden encontrar abogados que las representen, haciendo que la auto representación sea una tarea insuperable. Las provisiones legales que aplicamos han sido comparadas, en su complejidad, a las de la ley fiscal, y pueden poner a prueba incluso a los abogados más experimentados.

La oleada de casos de asilo político que comienza en la frontera no se queda en la frontera. Los casos de las familias recién llegadas por lo regular son transferidos al lugar donde planean reunirse con sus familiares o amigos. En veces, eso les da a las familias tiempo para recaudar dinero y pagarle a un abogado. Cuando finalmente una de estas familias llega a la corte, usualmente yo no dejo que los niños entren a la sala para que no vean a sus padres en una situación incómoda y emocionalmente difícil, donde exhiben trauma y temor sobre tener que regresar a su país de origen. Con frecuencia, solo tengo un par de horas para atender un caso y decidir su destino: ¿Acaso pueden quedarse, o se tienen que ir?

Muchas de las fallas en nuestras operaciones se originan del hecho de que somos cortes administrativas que nos ubicamos dentro de una dependencia dedicada al cumplimiento de la ley, por lo que las decisiones más cruciales son tomadas por funcionarios con muy poca o nula experiencia como jueces. Es tiempo de cambiar eso.

El volumen de trabajo puede ser abrumador. Algunos de nuestros jueces traen una carga de hasta 5 mil casos o más, usualmente con un limitado personal de apoyo. Debido a que trabajamos para el Departamento de Justicia, se nos indica cómo hay que preparar nuestras listas de casos y microgestionar el tiempo que le dedicamos a cada caso. A comienzos de octubre del año pasado, a los jueces se les ordenó terminar 700 casos cada año, bajo el riesgo de recibir una evaluación poco satisfactoria en nuestro desempeño al no cumplir con semejante meta, lo cual le puede costar a un juez su trabajo. Esa no es la manera en que una corte debe ser operada. El procurador general, William P. Barr, dijo al Congreso esta semana que él espera poder aumentar el número de jueces en nuestros tribunales de alrededor de 425 a 535 en los próximos años y conseguir un aumento proporcional de abogados y asistentes. Necesitamos desesperadamente la ayuda.

Pero más que eso, necesitamos de la libertad para fungir como jueces independientes, no ser monitoreados y calificados como trabajadores en una línea de producción. Se nos debe permitir utilizar nuestra experiencia para decidir nuestros casos sin ninguna interferencia. La estructura actual se distancia del debido proceso legal y hace que la gente dude sobra la imparcialidad de las cortes que presidimos. Necesitamos de administradores habilosos, experimentados y neutrales que entiendan cómo operar una corte y hacer que la transparencia, la independencia y el acceso público sean de suma importancia —no queremos administradores que sólo quieren que las cosas marchen a tiempo sobre todo lo demás.

Un número de organizaciones de abogados y académicos concuerdan y apoyan la creación de una Corte Legislativa de Inmigración. Esta liberaría a nuestros tribunales de las influencias políticas tanto del Departamento de Justicia como del Departamento de Seguridad Nacional y de los caprichos políticos de cada nueva administración. Permitiría el flujo de un financiamiento confiable de parte del Congreso para asegurarnos de contar con los recursos necesarios para atender nuestra creciente carga de trabajo en el tiempo debido. Eso significará que los jueces neutrales utilizarán sus habilidades para establecer las reglas y asegurar un campo nivelado y justo para todos. Una corte de inmigración independiente sería una corte eficiente y efectiva que serviría como ejemplo al mundo, y daría muestra de la superioridad del sistema judicial estadounidense. Podemos y debemos reparar esta falla fatal ahora.