Los mercaderes de la detención

Nueva York— ¿Es crueldad o corrupción? Esa es una pregunta que surge siempre que uno se entera sobre algún nuevo abuso extraordinario del gobierno de Trump, algo que parece ocurrir casi todas las semanas. Y, por lo general, la respuesta es “ambas”.

Por ejemplo, ¿por qué el gobierno está encubriendo al príncipe heredero de Arabia Saudita, quien casi es seguro que ordenó el asesinato de Jamal Khashoggi de The Washington Post? Parte de la respuesta, probablemente, es que Donald Trump en esencia aprueba la idea de matar a los periodistas críticos. Sin embargo, también es relevante el dinero que la monarquía saudita gasta en propiedades de Trump.

Lo mismo aplica para las atrocidades que Estados Unidos está cometiendo en contra de los migrantes de América Central. Ah, y ahórrense la falsa indignación. Sí, son atrocidades y, sí, los centros de detención cumplen la definición histórica de los campos de concentración.

Una razón para estas atrocidades es que el gobierno de Trump ve la crueldad tanto como una herramienta para sus políticas, como una estrategia política: el trato despiadado a los refugiados puede disuadir a futuros solicitantes de asilo y, en cualquier caso, ayuda a motivar a la base racista. Sin embargo, también se hace dinero de ello, porque la mayoría de los migrantes detenidos se encuentran en instalaciones que manejan corporaciones que tienen estrechos vínculos con el Partido Republicano.

Y cuando digo estrechos vínculos, me refiero a recompensas personales, así como contribuciones de campaña. Hace un par de meses, John Kelly, el exjefe de Gabinete de Trump, se unió al consejo de Caliburn International, que dirige el infame centro de detención Homestead para niños migrantes.

Esto nos lleva al tema de las prisiones privadas, y la privatización en general.

La privatización de los servicios públicos —hacer que sean contratistas en lugar de empleados gubernamentales quienes los presten— empezó durante los años ochenta. A menudo se ha justificado usando la retórica de los mercados libres, la supuesta superioridad de la empresa privada a la burocracia gubernamental.

Sin embargo, ese siempre fue el caso de la estrategia del gancho y el engaño. Los mercados libres, en los que compiten las empresas privadas por clientes, pueden lograr grandes cosas, y de hecho son la mejor forma de organizar la mayor parte de la economía. No obstante, el argumento de los mercados libres no es un argumento que funcione en el caso de las empresas privadas en las que no hay mercado: no hay razón para suponer que las empresas privadas harán un mejor trabajo cuando no hay ninguna competencia, porque el gobierno mismo es el único cliente. De hecho, los estudios sobre la privatización suelen encontrar que esta acaba costando más que tener a empleados gubernamentales haciendo el trabajo.

Tampoco es un accidente. Entre contribuciones de campaña y las idas y venidas del sector público al privado, además de más cohecho declarado del que quisiéramos admitir, los contratistas privados pueden diseñar pagos excesivos a una escala que supera los sueños más salvajes de los sindicatos del sector público.

¿Qué hay sobre la calidad del trabajo? En algunos casos, eso es fácil de monitorear: si una población contrata a una empresa privada para que se encargue de la recolección de la basura, los electores pueden decir si, en efecto, se recoge la basura. Pero si se contrata a una empresa privada para prestar servicios en una situación en la que el público no puede ver lo que está haciendo, el capitalismo compinche puede ocasionar que haya un mal desempeño además de costos elevados.

Me parece que muchos se han olvidado de la desastrosa ocupación de Irak durante el Gobierno de Bush, pero la incompetencia y los abusos de contratistas privados con conexiones políticas, como la empresa de seguridad de Erik Prince Blackwater, fueron parte importante de la debacle. ¿Mencioné que Betsy DeVos, la secretaria de Educación de Trump y defensora clave de la educación con fines de lucro, es hermana de Prince?

Además, estar a cargo de una prisión, que está literalmente amurallada fuera de la mirada pública, es un ejemplo casi perfecto del tipo de función gubernamental que no debería privatizarse. Después de todo, si un operador de prisiones privadas aumenta sus ganancias si le paga mal al personal y no lo capacita de manera adecuada, si escatima en comida y atención médica, ¿quién del mundo exterior se dará cuenta? En efecto, las prisiones que están a cargo de empresas privadas tienen un historial de seguridad mucho peor que las prisiones públicas.

Sin embargo, el número de reos en las prisiones privadas ha crecido a pasos agigantados, en particular en el rubro de la detención de inmigrantes. El gobierno de Obama por fin trató de comenzar una eliminación gradual del uso federal de las prisiones privadas, y varios candidatos demócratas a la presidencia se han pronunciado a favor de poner fin a su uso (las acciones de los operadores de las prisiones cayeron abruptamente el mes pasado, cuando Elizabeth Warren dio a conocer un plan para eliminar esta industria).

Sin embargo, Trump, como era de esperarse, dio marcha atrás a las estrategias de Obama. Y el aumento en las detenciones de migrantes ha sido una importante y nueva fuente de ganancias para la industria de las prisiones privadas.

¿Qué tanta importancia ha tenido esto en las políticas? Creo que me aventuraría mucho si afirmara que la industria de las prisiones privadas —¿mercaderes de la detención?— ha sido una fuerza motivadora detrás de la perversidad de la política fronteriza de Trump. No obstante, el hecho de que los capitalistas compinches cercanos al gobierno se beneficien de esa perversidad seguramente facilita las cosas.

Además, esto encaja en un patrón general. Como sugerí al comienzo de esta columna, la crueldad y la corrupción están entremezcladas en las políticas del gobierno de Trump. Cada traición a los principios estadounidenses también parece, de algún modo, producir beneficios financieros para Trump y sus amigos.