Opinion El Paso

Los inmigrantes también merecen ser representados

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Esther J. Cepeda / The Washington Post

martes, 19 mayo 2020 | 06:00

Chicago— A pesar el actual clima político, la gente confía en el sistema de cortes federales más que en muchas otras instituciones del gobierno, de acuerdo con un sondeo realizado en el 2019 por el Centro Nacional de Cortes Estatales.

Sin embargo, el mismo sondeo mostró que la gente también piensa que las cortes no están haciendo lo suficiente para empoderar a la gente común para que pueda navegar en ese sistema sin la ayuda de un abogado.

La mayoría de nosotros, que hablamos fluidamente el inglés, tenemos acceso a una banda ancha de Internet y tenemos a la mano un teléfono inteligente, no podemos imaginarnos lidiando con nada más complejo que una multa de tránsito sin contar con un experto legal.

Así que, ¿por qué alguien podría esperar que un inmigrante que enfrenta la deportación defienda su caso ante un juez de inmigración por su cuenta?

Resulta que la mayoría de la gente no lo haría.

El noventa y tres por ciento de las personas encuestadas en línea por el Instituto de Justicia Vera considera que tener acceso a un abogado es algo un tanto o muy importante para todas las personas, incluyendo a las personas que están en una corte de inmigración.

Este punto de vista es mantenido, de manera abrumadora, a pesar de la afiliación política, el 89 por ciento de los republicanos, el 97 por ciento de los demócratas y el 91 por ciento que no declaró pertenecer a un partido político.

De hecho, el 96 por ciento de las personas que se autoidentificaron como demócratas, el 76 por ciento de republicanos y el 87 por ciento de votantes no declarados, comentó que apoyan que los abogados que son pagados por el gobierno sean asignados a las personas que están en las cortes de inmigración.

Y aún entre la gente que se opone a la inmigración en Estados Unidos, más del 70 por ciento apoyan que el gobierno financie a los abogados para las personas que están en ese tipo de cortes.

“Los valores del debido proceso y la justicia fundamental están profundamente enraizados en nuestra sociedad”, comentó Melissa Garlick, planeadora de alto rango de políticas y defensa del Instituto Vera, que es una organización no lucrativa dedicada a la investigación enfocada en la reforma de los sistemas de justicia.

“Los inmigrantes que enfrentan la deportación no tienen el derecho a un defensor que sea financiado públicamente como el que proporcionamos en un sistema penal, debido a que la inmigración no autorizada es una ofensa civil y no penal”.

“Eso no está equilibrado, así que el inmigrante está destinado a fallar, porque la fiscalía siempre cuenta con un abogado, mientras que el 70 por ciento de los inmigrantes que comparecen ante la corte no tienen representación legal”.

Y este es el caso independientemente de si el inmigrante es un adulto, un adolescente, niño o bebé la mayoría de ellos tienen que comparecer ante un juez y representarse a sí mismos en una corte de inmigración totalmente solos.

Casi puedo escuchar a los escépticos decir que existen aproximadamente un millón de defensores legales y organizaciones de ayuda que proporcionan servicios a bajo costo o gratuitos para los inmigrantes.

Pero no es así.

“Conozco por lo menos 35 programas que proporcionan cierta ayuda”, comentó Garlick. “Algunos son financiados de manera privada, algunos lo son con recursos públicos. Sin embargo, cada programa y agencia de servicios legales tienen sus propios requisitos, ya sea que se trate de ingresos o residencia. Lo que es importante acerca de los programas universales es que no reconocen el mérito.  En este momento, las personas que son más vulnerables no obtienen esa ayuda debido a que los programas seleccionan a los inmigrantes en base a la posibilidad que tiene el caso de tener éxito”.

Ustedes pueden imaginar qué tipo de obstáculos enfrentan “los más vulnerables” para poder encontrar abogados de inmigración que sean gratuitos o que les cobren poco.

Hay algunos que tienen que lidiar con la barrera del idioma, salud y edad, así como también, hay muchos que no tienen acceso a los teléfonos o al Internet para manejar casos complejos.

Lo que el Instituto Vera quiere es que nuestro actual sistema de cortes de inmigración sea remodelado en un sistema como el que ofrecen nuestras cortes penales, en donde cualquier persona cuenta con un abogado de oficio, independientemente de los méritos del caso.

Así es, esto tiene un poco de una extraña yuxtaposición y es algo irónico.  Muchas personas que dicen que son “antiinmigrantes ilegales” no entienden o se rehúsan a hacerlo respecto al hecho de que vivir en Estados Unidos sin una autorización adecuada es una violación civil y no penal.

Los inmigrantes tienen menos probabilidades de cometer delitos que sus compañeros que nacieron en Estados Unidos.

Pero si nosotros decimos y verdaderamente creemos que somos un país de leyes, ¿no deberíamos desear que todos los que comparecen ante un juez deberían tener la oportunidad de contar con leyes que funcionen de manera justa, imparcial y a su favor, siempre que sea posible?

Eso sería lo justo.