Opinion El Paso

Llegó el momento de terminar con la guerra contra las drogas

Es difícil saber de qué manera las nuevas drogas afectarán el uso de enervantes en general

Editorial / The Washington Post

martes, 17 noviembre 2020 | 06:00

Washington— El Día de la Elección, votantes de todo el país decidieron relajar las leyes estatales contra las drogas.  New Jersey, Arizona, Dakota del Sur y Montana votaron para legalizar la mariguana con fines recreativos, mientras que Mississippi votó para legalizar la mariguana medicinal.  Oregon fue más allá, despenalizando pequeñas cantidades de todas las drogas.  Esas medidas le dan la bienvenida a un cambio de décadas de políticas destructivas sobre las drogas.

Desde que se escaló la guerra contra las drogas en la Era Reagan, varias sanciones penales para la posesión de enervantes impulsaron un enorme crecimiento en la población de las prisiones, teniendo consecuencias devastadoras particularmente para muchas comunidades afroamericanas, en donde las sanciones y la vigilancia han sido más estrictas que para los anglosajones.  El usar el sistema de justicia penal como la herramienta primaria para frenar la venta y uso de sustancias ilícitas ha tenido costos astronómicos y no se han obtenido los efectos deseados.

En los últimos años, las muertes por sobredosis de opiáceos han aumentado, a casi 50 mil en el 2018, dejando de manifiesto lo cruel y contraproducente que es penalizar la adicción, un hecho que desde hace tiempo ha quedado entendido entre la comunidad afroamericana diezmada por el crack de cocaína en los años 1980 y 1990.

No sólo se están encarcelando a los usuarios de opioides que tienen muchas más probabilidades tener una sobredosis fatal poco después de haber sido liberados que la población general, sin embargo, el contacto con el sistema de justicia penal puede incrementar las barreras para conseguir empleo, un lugar en dónde vivir y beneficios gubernamentales, lo cual hace más difícil superar la adicción.  Las personas que luchan contra la adicción se benefician del tratamiento pero se ven afectados por el encarcelamiento.

La iniciativa que fue incluida en las boletas de Oregon despenalizan completamente el uso personal de drogas más fuertes como la cocaína y heroína y se basan explícitamente en esa lógica.  Aunque el vender esas sustancias sigue siendo ilegal, los que sean sorprendidos con pequeñas cantidades tendrán que pagar 100 dólares de multa o les serán dadas opciones para el tratamiento de su adicción.  Crucialmente, la medida también expande los servicios contra la adicción, utiliza los impuestos que se cobran por las ventas de mariguana para financiar nuevos centros de tratamiento. La mariguana se legalizó en Oregon en el 2014.

Existe una lógica en financiar la estrategia de salud pública para las adicciones a través de los impuestos sobre las drogas legalizadas, sin embargo, una medida hacia un enfoque más humano, compasivo y efectivo para las adicciones no debería depender de los impuestos que pueden o no materializarse como se tiene pronosticado, y que aportaría incentivos inadecuados para promover el uso de drogas.  El desafío para las políticas públicas en la despenalización de las drogas es la de evitar el daño de la penalización sin promover, o parecer como si promoviera, el uso de drogas que tendría efectos dañinos, especialmente para los jóvenes.

Es difícil saber de qué manera las nuevas drogas afectarán el uso de enervantes en general, aunque existe una relativa falta de investigación rigurosa sobre los efectos a largo plazo sobre el uso de drogas ilícitas. Hay que ser cautelosos.

Queda claro el papel que jugará el gobierno para realizar una investigación rigurosa que pueda apoyar la toma de decisiones en esas complejas preguntas que vendrán.  Eso debería incluir cambiar el estatus de la mariguana como una droga de Programación 1, una clasificación federal que hace que el valor médico potencial del enervante sea más difícil de estudiar.

Más ampliamente, mientras los estados implementan una serie de nuevas leyes contra las drogas, los investigadores podrían observar muy de cerca esos laboratorios de la democracia, esperando lograr una nueva fase de la política sobre drogas basada en la evidencia y en los principios de salud pública.