Opinion El Paso

La mejor manera de luchar contra la ley de aborto en Texas

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Editorial/The Washington Post

domingo, 12 septiembre 2021 | 06:00

La decisión que tomó la Suprema Corte la semana pasada para permitir que Texas prohíba la mayoría de los abortos está generando muchas preguntas acerca del procedimiento legal y el futuro del aborto en Estados Unidos.

Lo más urgente es cómo limitar el daño que esta ley de Texas, que es totalmente inconstitucional, hará a los derechos constitucionales de las mujeres. Están surgiendo muchas ideas relacionadas con el uso del poder del Departamento de Justicia o la recaudación de fondos privados.

Sin embargo, el principal objetivo de las cortes debe ser el anular el mandato, oficialmente y para bien. Desafortunadamente, es difícil ver cómo podría suceder eso sin que una clínica para abortar en Texas permita ser llevada ante la corte.

La legislatura texana intencionalmente diseñó la prohibición sobre todos los abortos después de las seis semanas de gestación para evitar una revisión judicial: eso no les da a los defensores del aborto ninguna obvia manera de demandar para frenarla.

Usualmente, los defensores piden a las cortes que ordenen a los oficiales estatales que no apliquen el estatuto mientras es revisada su constitucionalidad, aunque Texas acudió a los ciudadanos privados, no a los funcionarios estatales, para que apliquen la ley.

El estatuto básicamente crea una forma de justicia vigilante en la que cualquiera puede presentar una demanda en contra de los que practiquen el aborto y que sean sospechosos de violar la prohibición.

Una estrecha mayoría en la corte encontró que no existe una razón para que ellos se adjudiquen ese derecho hasta que una entidad específica trate de usar la ley para dañar a otra entidad específica (eso es, hasta que alguna parte privada presente una demanda en contra de alguien que sea sospechoso de practicar el aborto). Por temor a esa justicia vigilante, en la que los que practican abortos pero no así los vigilantes son responsables de pagar los costos legales, las clínicas dejaron de terminar con los embarazos, frenando el acceso al aborto en todo el estado.

El magistrado presidente John Roberts Jr., argumentó que el engañoso proceso de Texas podría convertirse en un problema en una audiencia, advirtiendo de esfuerzos inmediatos que surgirían para imitar en otros estados el enfocarse en el aborto o teóricamente en cualquier otro derecho constitucional. Desafortunadamente, la mayoría no acató las advertencias del magistrado presidente.

El resultado fue que los derechos constitucionales de las mujeres de Texas están siendo abrogados cada día. A corto plazo, las mujeres que buscan abortar, particularmente las mujeres pobres, necesitan ayuda para viajar fuera del estado para dar por terminado su embarazo.

En el mediano plazo, el Departamento de Justicia ha entablado una demanda en contra de la ley, acusando que interfiere ilegalmente con los intereses federales. Algunos expertos legales, tales como el experto constitucional Laurence Tribe en un editorial publicado por The Washington Post, argumenta que el Departamento de Justicia también podría acusar penalmente a cualquiera que use la ley de Texas para ir tras alguien que practique un aborto, de acuerdo al estatuto federal que prohíbe que la gente “bajo el color de la ley”, impida voluntariamente a una persona “cualquier derecho, privilegio o inmunidad asegurada o protegida por la Constitución o las leyes de Estados Unidos”. Una amenaza de tal acción podría desalentar a muchas personas de tratar de hacer uso de la ley.

Aunque eso no podría dar lugar a la reapertura de las clínicas en todo el estado. Eso parece improbable hasta que alguna clínica abra como una prueba que fuerce a las cortes a considerar si la restricción de las seis semanas que impuso el estado es constitucional (lo cual quedó claro no sólo en el caso de Roe contra Wade y todo el subsiguiente precedente).

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