Opinion El Paso

La etiqueta de ‘narcoterrorismo’ de Trump podría ser contraproducente

Designar a los cárteles como “terroristas” reafirma el discurso fronterizo del presidente, pero podría tener consecuencias no previstas en la acción militar, las armas y los refugiados

Ioan Grillo

viernes, 06 diciembre 2019 | 06:00

Ciudad de México— En 1982, cuando hombres armados atacaron una estación de policía en una zona rural de Perú, el presidente Fernando Belaúnde Terry culpó a la guerrilla de Sendero Luminoso y calificó ese crimen como un acto de “narcoterrorismo” (la unión de lo cruento del mundo del narco con la violencia del terrorismo). Al hacerlo, acuñó un termino que fusionaba a dos grandes enemigos de Estados Unidos, las drogas y el terrorismo, en un solo clamor de guerra.

El presidente estadounidense, Donald Trump, revivió esta idea durante una entrevista la semana pasada con el exconductor de Fox News Bill O’Reilly. “¿Va a designar a esos cárteles en México como grupos terroristas y a comenzar a atacarlos mediante drones y cosas como esas?”, preguntó O’Reilly. “No quiero decir lo que voy a hacer, pero serán designados”, respondió Trump. “He estado trabajando en eso durante los últimos noventa días”. Él se refería a agregar a algunos de los cárteles a la lista de organizaciones terroristas extranjeras que hace el Departamento de Estado.

De manera predecible, los comentarios de Trump fueron recibidos con entusiasmo por partidarios de seguir una línea dura, como el representante Mark Green, quien había solicitado que se tomara esa medida en el pasado. “Estos cárteles usan tácticas bárbaras como las del Estado Islámico y Al Qaeda para asesinar y torturar a inocentes, desestabilizar países y asesinar a miembros de las fuerzas de seguridad”, dijo a través de un tuit. Esto generó algunas inconformidades al sur del río Bravo, pues el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, declaró que México no tolerará ninguna “violación a su soberanía”, en referencia a cualquier ataque que realicen los militares estadounidenses aquí contra los cárteles.

Esta acción encaja de manera precisa en la narrativa más amplia del presidente de defender la frontera sur contra amenazas extranjeras peligrosas. Sin embargo, también podría conducir a una serie de consecuencias de mayor escala, algunas de ellas riesgosas.

La lógica detrás de etiquetar a los cárteles de la droga como terroristas es debatible, pero no abominable. Ellos, en efecto, realizan numerosos asesinatos de civiles inocentes. La masacre en Sonora el 4 de noviembre de nueve ciudadanos que tenían doble nacionalidad, la mexicana y la estadounidense, inspiró a los familiares de los fallecidos a solicitar a la Casa Blanca que se designaran terroristas a los narcotraficantes.

La legislación de Estados Unidos define el terrorismo como un acto “motivado políticamente”, lo que según algunos descarta a los narcotraficantes, a quienes solo les importa el dinero. Sin embargo, ellos trabajan con políticos corruptos, asesinan a otros y tienen un nivel de control sobre porciones de México que podría ser considerado político.

Designar a un cártel como una organización terrorista podría ser usado para reforzar casos legales contra ellos, como fue usado contra las guerrillas que traficaban cocaína y los paramilitares en Colombia. Sin embargo, también podría ser utilizado para justificar un ataque militar en territorio extranjero, como se ha hecho en lugares como Sudán y Pakistán.

Hasta hace poco, la idea ominosa de tropas estadounidenses disparando en México era visto como pura fantasía, algo que aparecía en películas como “Sicario: Tierra de nadie”. Sin embargo, después de la masacre en Sonora, el presidente Trump dijo en un tuit que Estados Unidos estaba dispuesto a ayudar a México contra “los monstruos”. El senador republicano Tom Cotton apoyó la idea, al afirmar: “Si México no puede proteger a los ciudadanos estadounidenses en México, entonces tal vez tendremos que tomar cartas en el asunto”.

La irrupción de tropas estadounidenses en la frontera para matar a unos cuantos miembros de los cárteles no resolvería el problema aquí; hay miles de gánsteres con vastos recursos obtenidos mediante el tráfico de drogas y un enorme arsenal. Sin embargo, una acción semejante afectaría de manera grave las relaciones entre Estados Unidos y México y pondría al presidente Andrés Manuel López Obrador en una posición insoportable. Esto podría socavar los esfuerzos bilaterales para hacer frente a los desafíos de los cárteles, el tráfico de personas y los refugiados.

Por el otro lado, las leyes antiterrorismo podrían ser usadas en contra de aquellos que desempeñan un papel en la cadena de suministro de las armas estadounidenses que fluyen hacia los cárteles, incluidos los “compradores fantasma” y los vendedores privados. En la actualidad, algunas personas que violan las leyes de armas de fuego para proporcionar armas a los cárteles reciben solo sentencias menores como libertad condicional. No obstante, con la designación, podrían enfrentar cargos por proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera, lo que puede garantizar hasta dos décadas en prisión. Sería interesante ver cómo responderían los cabilderos de la industria de las armas si un vendedor de armas recibiera tales cargos.

Los refugiados que huyen de la violencia de los cárteles mexicanos también verían sus casos reforzados en las cortes estadounidenses. Es difícil para los mexicanos conseguir asilo porque no escapan de una dictadura militar o una zona de guerra oficial y no suelen pertenecer a un grupo religioso perseguido. Sin embargo, un juez podría ver de manera más favorable los casos de aquellos que huyen de terroristas designados.

Uno de los retos más difíciles para los funcionarios sería decidir exactamente a cuáles cárteles etiquetar como terroristas y cómo llamarlos. Los cárteles cambian sus nombres y se dividen de manera constante, y ahora existen decenas de pandillas y grupos fragmentados repartidos por todo México. Muchos de los traficantes y sicarios son solo socios de palabra, lo que podría causar más problemas a los agentes que intenten probar que son miembros de una organización terrorista en específico.

Los cárteles han desatado un derramamiento de sangre en México, y Washington debería asumir la responsabilidad de intentar detener la catástrofe humanitaria. Sin embargo, la solución yace en atacar los grandes problemas estructurales: reducir los miles de millones de dólares que los estadounidenses aportan mediante la compra de drogas, reducir el flujo de armas, apoyar los esfuerzos en México para elevar el nivel de vida de las comunidades marginadas y respaldar los intentos de construir fuerzas policiacas efectivas. No hay una bala mágica o una solución simple. Combinar la complejidad de México y la catastrófica guerra contra las drogas con la problemática guerra antiterrorista quizá solo empeore la situación.

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