Expandir las actividades del ICE es una amenaza para las comunidades

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Esther J. Cepeda / The Washington Post
viernes, 12 julio 2019 | 06:00

Chicago— La administración Trump utiliza una amplia variedad de métodos para suprimir las libertades civiles.

Algunos se encuentran a la vista, tales como la amenaza de deportaciones masivas, mantener a los niños migrantes en jaulas y desobedecer la decisión de la Suprema Corte de no incluir la pregunta acerca de la ciudadanía en el próximo censo.

Existen más transgresiones arteras contra nuestros derechos que ocurren silenciosamente, acaparando poca atención y ocultas a la vista. Por ejemplo, los 27 mil 540 ciudadanos estadounidenses que fueron interrogados y revisados el año pasado por agentes de Inmigración y Aduanas después de cuestionar acerca de si estaban legalmente en el país basándose en si tenían “una apariencia deportable”, de acuerdo al Consejo Americano de Inmigración.

O el hecho de que el ICE haya realizado un escaneo de reconocimiento facial a millones de fotos de estadounidenses sin su conocimiento o permiso mientras buscaban a inmigrantes ilegales, como fue revelado recientemente por el Centro de Privacidad y Tecnología Legal de Georgetown a través de The Washington Post.

Aunque lo que ustedes probablemente no saben es que la administración Trump está llevando a cabo un programa que eludirá el acceso que tienen las agencias locales a las medidas estrictas contra los inmigrantes indocumentados.

Esto ocurre después que municipios y ciudades grandes de todo el país declararon que no van a participar en el programa 287 –que son acuerdos formales con las agencias locales que aplican la ley para incluir oficiales que llevan a cabo funciones de agentes federales de inmigración– o que no colaborarán con el ICE para llevar a cabo redadas en esas ciudades.

En el mes de mayo, el ICE anunció que el programa Oficial de Servicio de Órdenes de Aprehensión, WSO por sus siglas en inglés, que es un nuevo programa de colaboración enfocado en las autoridades locales que desean colaborar con los oficiales de inmigración que realizan las detenciones pero en este momento lo tienen prohibido por las políticas estatales y locales que limitan la cooperación con la agencia”.

De acuerdo a la agencia, también están diseñados para las “jurisdicciones rurales que no cuentan con presupuesto y recursos personales para convertirse en colaboradores 287”.

El anuncio en sí, al igual que todo el objetivo del programa de eludir el control local de las actividades para aplicar la ley, es una perpleja y astuta combinación de ampulosidad y evasivas.

“Las políticas que limitan la colaboración con el ICE socavan la seguridad pública, impiden que la agencia ejecute su misión federal obligatoria e incrementan los riesgos para los oficiales que se ven forzados a hacer arrestos generalizados en lugares inseguros”, según dijo el director interino del ICE Matthew Albence a través de un boletín de prensa.

“El programa WSO protegerá a las comunidades de delincuentes extranjeros que amenazan a las poblaciones vulnerables con violencia, drogas y actividades pandilleriles al permitir a las jurisdicciones la flexibilidad de hacer arrestos de inmigración en sus cárceles o correccionales”.

Esta declaración nos enfrenta al hecho de que las organizaciones que aplican la ley han estado diciendo durante años que la colaboración de las agencias locales con las autoridades federales de inmigración socava sus esfuerzos para establecer una comunicación abierta y la confianza con las comunidades de inmigrantes.

Información histórica ha confirmado una y otra vez que es menos probable que los inmigrantes cometan delitos, comparado con las personas que nacieron en Estados Unidos.

De hecho, la propia información del ICE muestra que más del 85 por ciento de las personas que son deportadas no han tenido acusaciones penales o ninguna condena por delitos clasificados como violentos o graves.

De acuerdo al nuevo programa WSO, una agencia local que nomina a los oficiales, quienes luego son sometidos a una revisión de antecedentes –después de un día de entrenamiento con personal del ICE– reciben credenciales federales que “reflejan su autoridad”.

Y luego, esos oficiales pueden ejecutar órdenes de arresto del ICE, aun cuando su agencia u organización está “restringida por las políticas locales que prohíben el reconocimiento de los oficiales de inmigración que realizan las detenciones”.

Jorge Loweree, director de políticas del Consejo Americano de Inmigración, me dijo, “Trump está expandiendo las actividades del ICE en el interior del país de una manera indiscriminada sin tomar en cuenta las prioridades”. 

El programa Oficial de Servicio de Órdenes de Arresto pretende trastocar el control local respecto a su participación en las actividades de aplicación de las leyes de inmigración incluso en jurisdicciones santuario. “Eso va en contra de la voluntad de comunidades del país y socava la vigilancia policíaca en las comunidades”.

Hasta ahora, la Oficina del Sheriff del Condado Pinellas en Florida ha sido la primera jurisdicción que se ha convertido formalmente en participante del WSO, otras nueve agencias que aplican la ley en el Estado están participando.

¿Esto le agrada?

Pues no debería, debido a que socavar la voluntad y alcance de las autoridades locales podría parecer correcto si estuviéramos hablando de arrestar a las personas que viven en el país sin los documentos adecuados.

Sin embargo, eso es un terreno resbaladizo. Una vez que son establecidos los poderes, políticas y protocolos es fácil expandirlos –a los residentes permanentes, a los ciudadanos que nacieron en Estados Unidos, incluso a los anglosajones que no se ven ni parecen como inmigrantes, por razones que aún no hemos imaginado.

¿En dónde terminará esto?

Es mejor detenerlo antes de que empiece. Llámele a su legislador e infórmele acerca de este programa– y acerca del profundo deseo que tienen sus agencias locales que aplican la ley de no ser parte de eso.