El Juicio

Washington— El juicio político contra Donald John Trump ha comenzado y no debe ser motivo de celebración.

Se trata de uno de los más serios procesos en la vida de una República.  Está en juego la salud y la credibilidad de la democracia y de sus más importantes instituciones, en este caso de laConstitución y de la responsabilidad de los poderes ejecutivo, legislativo y judicial.

Las dos acusaciones en su contra son de la mayor gravedad: abuso de poder y obstrucción del Congreso, ambas derivadas de la conversación telefónica del 25 de julio de 2019 con el presidente de Ucrania Volodymyr Zelensky, cuando Trump  presuntamente condicionó la ayuda a ese país a anunciar públicamente una investigación de su rival político, el ex vice presidente

Joe Biden, así como de sus acciones subsecuentes para evitar el escrutinio del Congreso.

Los demócratas, que son mayoría en la Cámara de Representantes pero minoría en el Senado, deben probar que la conducta del presidente no sólo fue inapropiada, sino que cumple con los requisitos que fija la Constitución para ser motivo de “impeachment” o juicio político de destitución.

Una abogada latina figura entre los siete fiscales demócratas, la representante de Texas, la mexicano americana Sylvia García. Sus palabras son un ejemplo de la seriedad con que entienda su responsabilidad:

“Es un honor ser nombrada como (fiscal) para el juicio político, pero también es un día muy triste porque es la tercera vez en la historia de nuestro país que ponemos cargos a un presidente... Me duele mi corazón”.

Si los demócratas, los republicanos y el presidente de la Suprema Corte de Justicia John Roberts, quien preside el juicio, asumen su responsabilidad con la misma filosofía y entereza que la representante García, todavía existe la posibilidad de que la

República salga fortalecida de lo que es apenas el tercer juicio político en la historia de los Estados Unidos.

Por lo pronto fue un primer paso positivo que los republicanos se negarán a aplicarle corto circuito al proceso para lograr una exoneración fulminante. Y es que es fundamental que el proceso sea justo, riguroso y creíble.

Todo parece indicar que no existen los 67 votos necesarios para la destitución del presidente. Si ese es el desenlace final, todos tenemos que acepta el desenlace. Al final de cuentas, la voz más elocuente será la del pueblo que emitirá su veredicto definitivo a la hora de votar el próximo 3 de noviembre.