Opinion El Paso

Cuando un aborto espontáneo es un homicidio involuntario

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Michelle Goldberg/ The New York Times

sábado, 23 octubre 2021 | 06:00

Brittney Poolaw, entonces de 19 años, acudió al Comanche County Memorial Hospital de Oklahoma el año pasado tras sufrir un aborto espontáneo en su casa. Tenía unas 17 semanas de gestación. Según una declaración jurada de un detective de la Policía que la entrevistó, ella reconoció ante el personal del hospital que había consumido metanfetamina y marihuana.

Un médico forense citó su consumo de drogas como una de las varias “condiciones que contribuyeron” al aborto espontáneo, pero la lista también incluía una anomalía congénita y un desprendimiento de la placenta. Poolaw fue detenida por un cargo de homicidio en primer grado y, al no poder pagar una fianza de 20 mil dólares, fue encarcelada durante un año y medio en espera del juicio.

El juicio se celebró este mes y duró un día. Según una televisora local, un perito que testificó por parte de la fiscalía declaró que el consumo de metanfetamina podría no haber sido la causa directa de la muerte del feto de Poolaw. No obstante, tras deliberar durante menos de tres horas, el jurado la declaró culpable y fue condenada a cuatro años de prisión.

De la declaración jurada del detective se desprende que todo el calvario de Poolaw podría haberse evitado si hubiera tenido acceso a una atención médica reproductiva decente. Poolaw, escribió el detective, “declaró que cuando se enteró de que estaba embarazada no sabía si quería tener al bebé o no. Dijo que no estaba familiarizada con cómo o dónde tener acceso a un aborto”.

El caso de Poolaw es una injusticia, pero también una advertencia. Esto es lo que ocurre cuando la ley trata a los embriones y fetos como personas con derechos que están por encima de quienes los llevan en el vientre. Y ofrece una visión del tipo de juicios que podrían ser comunes en un mundo en el que se anule el caso Roe contra Wade; un mundo en el que podríamos vivir incluso a partir del año próximo.

Los antiabortistas suelen insistir en que no tienen intención de encarcelar a las mujeres que interrumpen su embarazo. Cuando Donald Trump era candidato presidencial y dijo que debería haber “alguna forma de castigo” para las mujeres que abortan, fue muy criticado por el movimiento antiabortista: Peggy Nance, directora de Concerned Women for America, lo llamó “la caricatura que la izquierda trata de pintar de nosotras”.

Pero desde hace años, el movimiento antiabortista se esfuerza por cambiar las leyes estatales para definir a los embriones y fetos como “personas” o “niños”. Esto ha dado lugar a que las mujeres sean castigadas por cosas que hacen, o no hacen, mientras están embarazadas. A menudo, estos procesos judiciales acaban siendo para mujeres que consumen drogas; ProPublica informó sobre un caso en Alabama en el que una mujer fue acusada de “poner en peligro químico a un niño” porque en dos ocasiones se tomó la mitad de un Valium durante su embarazo.

En 2013, un estudio arbitrado realizado por National Advocates for Pregnant Women, una organización de justicia reproductiva, encontró 413 casos entre 1973 y 2005 de mujeres arrestadas o privadas de su libertad de alguna otra manera porque fueron acusadas de poner en peligro a sus fetos o causarles daño. Desde entonces, el ritmo de los procesamientos ha aumentado; entre 2006 y 2020, National Advocates for Pregnant Women identificó mil 254 casos de este tipo.

“El esfuerzo por incluir a los fetos en la Constitución es una idea que retoman con mayor frecuencia los fiscales para justificar, en esencia, la eliminación de los derechos constitucionales de las personas embarazadas”, afirmó Lynn Paltrow, directora ejecutiva de National Advocates for Pregnant Women, quien contactó a Poolaw y podría representarla en la apelación. Lo que estamos viendo a medida que el caso Roe se vuelve más vulnerable y aumentan los reclamos de derechos fetales, añadió, es que “los fiscales se sienten en libertad de utilizar una variedad de leyes penales para detener a las mujeres en relación con sus embarazos y los resultados de los mismos”.

Un juez de la Corte Suprema de Alabama puso de manifiesto la ideología antiabortista detrás de estos procesos en un dictamen de 2014. Al votar para mantener la condena de una mujer que consumió cocaína mientras estaba embarazada (antes de dar a luz a un bebé sano) escribió: “Este caso presenta una oportunidad para que este tribunal continúe una línea de decisiones que afirman el reconocimiento de Alabama de la santidad de la vida desde las primeras etapas del desarrollo”.

En virtud del caso Roe contra Wade y el caso Planned Parenthood contra Casey, la decisión de 1992 que lo confirmó, sólo un pequeño puñado de casos de mujeres procesadas por la pérdida del embarazo involucran a aquellas que tenían la intención de abortar. “Por ahora, mientras las jurisprudencias Roe y Casey sigan vigentes, las mujeres que abortan tienen cierta protección frente a los procesos judiciales”, dijo Paltrow. “Las mujeres que no tienen intención de interrumpir su embarazo no tienen esa protección”.

No obstante, si se revoca la jurisprudencia que sentó el caso Roe, los fiscales tendrán vía libre para procesar a las mujeres que decidan interrumpir su embarazo. La organización de Paltrow colaboró con la Asociación Nacional de Abogados Defensores Penalistas en un informe reciente sobre cómo podría ser el panorama legal después de la revocación del caso Roe. Encontró “más de 4450 delitos en el código penal federal, decenas de miles de disposiciones penales estatales —incluidas las leyes penales sobre el aborto— que siguen en vigor, así como estatutos estatales de asociación delictuosa, tentativa y complicidad que podrían someter a una amplia gama de individuos a sanciones penales si se anula el caso Roe”.

El fin del caso Roe, dijo Paltrow, “dejará en libertad a los fiscales justicieros para que apliquen el derecho penal en contra de las personas que buscan interrumpir su embarazo y lo sabemos porque ya lo hemos visto en todos los demás casos que lleva National Advocates for Pregnant Women”. Según la declaración jurada del detective en el caso de Poolaw, ella se sorprendió al enterarse de que era sujeto de investigación. Al parecer, no se dio cuenta de que Oklahoma consideraría su catástrofe como un delito. ¿Cómo podría haberlo hecho? Lo que le sucedió todavía no es normal. Pronto podría llegar a serlo.

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