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Opinion El Paso
lunes, 25 octubre 2021 | 06:00
Los legisladores demócratas planean aumentar la autoridad de aplicación del Servicio de Impuestos Internos (IRS) para ayudar a pagar el paquete de gastos que se está tramitando en el Congreso. Pero si bien el IRS necesita más fondos para cumplir con su misión, la versión actual de la legislación de reforma atentaría contra décadas de protecciones para los contribuyentes que fueron consagradas por grandes mayorías bipartidistas.
A lo largo de mi carrera, he trabajado en temas de administración y reforma del IRS, desde la atención de llamadas de contribuyentes angustiados que se enfrentaban a acciones prepotentes de esa institución durante mi primer día de trabajo en la Unión Nacional de Contribuyentes hasta mi comparecencia ante el Congreso. David Keating, entonces vicepresidente ejecutivo de la Unión Nacional de Contribuyentes, formó parte de la Comisión Nacional para Restaurar el Servicio de Impuestos Internos, cuyo trabajo dio lugar a la Ley de Reestructuración y Reforma del IRS (RRA) de 1998. La RRA se aprobó con un enorme apoyo bipartidista: 402 votos a favor y 8 en contra en la Cámara de Representantes y 96 contra 2 en el Senado.
La RRA es la base de la protección moderna para los contribuyentes. Reorientó al IRS en materia de servicios al contribuyente, consolidó las normas sobre la carga de la prueba en las controversias fiscales, estableció el Consejo de Supervisión del IRS para proporcionar orientación experta y fortaleció la oficina del Servicio Nacional del Defensor del Contribuyente.
Sin embargo, la tarea de proteger los derechos de los contribuyentes aún no termina. El Consejo de Supervisión se ha quedado sin quórum con frecuencia, lo cual lo vuelve impotente. La agencia tributaria también ha luchado contra las restricciones a su poder, con la implementación de lo que se conoce como “auditorías aceleradas” que dan a los contribuyentes menos tiempo para responder a sus intentos de aplicar la ley. El representante John Lewis encabezó la aprobación de la Ley del Contribuyente Primero hace dos años, para ofrecer “un rayo de esperanza” a los estadounidenses perjudicados por este organismo. No obstante, la nueva Oficina Independiente de Apelaciones creada conforme a esa ley para fungir como mediadora en las controversias de los contribuyentes no ha tenido recursos suficientes durante la pandemia.
La propuesta de gasto que ahora se encuentra en el Congreso altera una de las principales limitantes de la RRA: una disposición por la que los supervisores del IRS aprueban el cálculo de ciertas multas tributarias. El plan debilitaría este control para evitar que los agentes del IRS utilicen las multas para obligar a los contribuyentes a llegar a acuerdos. Lo que es peor: esta disposición se haría retroactiva a 2001, con lo que se impondrían sanciones que habían sido desestimadas en décadas de casos fiscales.
Gracias a esta disposición de supervisión se han desechado sanciones inapropiadas y excesivas, pero, en la práctica, el Congreso podría crear controversias sobre 20 años de casos fiscales en su búsqueda de más ingresos para el IRS.
Además de la reducción de los derechos de los contribuyentes, la retroactividad de estas disposiciones podría enfrentarse a problemas jurídicos. Aunque la Corte Suprema nunca ha emitido un fallo definitivo en relación con esta práctica, la última vez que examinó la cuestión, en 1994, en el caso Estados Unidos contra Carlton, estuvo a punto de decidir que todo lo que supere un año de retroactividad viola el debido proceso. Si se vuelve a plantear un caso de impuestos retroactivos, el tribunal podría frenar esta práctica de manera definitiva.
Resulta irónico que el aumento del presupuesto del IRS no se use para recaudar los ingresos que el Congreso prevé. Las estimaciones de la brecha fiscal son bastante inciertas. El Gobierno proyecta que los 80 mil millones de dólares destinados a la aplicación de la ley y los cambios en los requisitos para presentar declaraciones producirían 700 mil millones de dólares en ingresos, pero esto está muy por encima de lo que sugieren otros cálculos no partidistas.
En efecto, el IRS (y los contribuyentes) podrían beneficiarse de tener más recursos, mejor utilizados. Este organismo se enfrenta cada año a un enorme retraso en el trámite de declaraciones de impuestos, provocado por una infraestructura informática anticuada y una escasez de personal de atención al cliente. Algunos problemas son básicos: por ejemplo, el Inspector General del Tesoro para la Administración Tributaria, (TIGTA) descubrió que más del 40 por ciento de las impresoras y fotocopiadoras de la agencia no sirven. En general, hay 142 recomendaciones sin implementar que el TIGTA sugirió al IRS llevar a cabo, aunadas a una lista creciente de recomendaciones de la Oficina de Rendición de Cuentas de EU (GAO). La implementación de estas recomendaciones recaudaría mayores ingresos año con año.
No obstante, hasta ahora el Congreso no ha insistido en que se atiendan los problemas específicos, sino que ha utilizado apenas dos párrafos de texto legislativo para dar un gran impulso al financiamiento del IRS. El Congreso debería facilitar y hacer más eficiente el cumplimiento de las obligaciones fiscales, con ello aumentaría los ingresos y reduciría la brecha fiscal. Cualquier plan de aumento de recursos debe exigir al IRS que atienda de manera significativa las deficiencias en el servicio al contribuyente, y que aplique las recomendaciones de la GAO y el TIGTA. Deberían establecerse protecciones para los contribuyentes, desde revisiones formales de las quejas de los ciudadanos hasta más oportunidades de comentarios públicos para la elaboración de normas.
Más recursos para el servicio de atención al cliente, salvaguardas de los derechos de los contribuyentes, un Consejo de Supervisión que funcione, una investigación práctica, actualizada y periódica sobre la brecha fiscal, así como enfoques innovadores como el programa piloto de becas para el cumplimiento de la ley propuesto hace poco son, en conjunto, soluciones que deberían unir a Washington, tal como ha sucedido durante más de 30 años con la preocupación por los derechos de los contribuyentes.
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