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Opinion El Paso

Biden y México deben trabajar juntos para ayudar a los migrantes

Biden está siendo presionado para que cumpla su promesa de desmantelar por completo la maquinaria nativista de Trump

León Krauze / The Washington Post

sábado, 23 enero 2021 | 06:00

Washington— Después del 20 de enero la administración del presidente electo de Estados Unidos, Joe Biden, y los miembros demócratas del Congreso se enfrentarán a llamados urgentes en varios frentes. Pero pocos temas van a requerir acciones más inmediatas que la inmigración. Disuadir la inmigración a través de la crueldad fue quizás el conjunto de políticas más exitoso del actual presidente, Donald Trump. Durante cuatro años Trump implementó cientos de medidas draconianas para desalentar la inmigración a Estados Unidos, criminalizando a las familias indocumentadas y a jóvenes Dreamers, así como violando los derechos de miles de personas en busca de asilo.

Biden está siendo presionado para que cumpla su promesa de desmantelar por completo la maquinaria nativista de Trump. El 8 de enero dijo que presentaría una propuesta de ley de inmigración “de inmediato” al tomar posesión. Es lo correcto. Incluso a pesar de que una reforma migratoria integral resulta improbable dado que la mayoría demócrata en el senado es mínima, Biden de todas maneras debería enviar una propuesta de ley al Congreso en sus primeros 100 días en la presidencia, como una cuestión de principios. “Estaría plantando una bandera en la cima de la montaña, diciéndole al país que esa es nuestra meta y que alcanzarla solo es cuestión de tiempo”, me dijo el activista de inmigración Frank Sharry.

Incluso si una agenda más ambiciosa resulta poco viable, Biden tiene varias opciones para deshacer el daño que Trump le propinó a la inmigración. “Desplegar órdenes ejecutivas y procedimientos del Departamento de Seguridad Nacional sería rápido y relativamente fácil”, me dijo Sharry. Biden podría poner en pausa las deportaciones y establecer prioridades con base únicamente en consideraciones de seguridad pública, detener la construcción del muro fronterizo y reducir el encarcelamiento de inmigrantes, con énfasis en reunir a los cientos de niños que han sido separados de sus padres.

Y —si la meta del nuevo presidente es aliviar el dolor de miles de inmigrantes— debería buscar renovar la relación con México, un país que Trump extorsionó para que se convirtiera en un socio activo en ejecutar sus políticas migratorias, y el cual recibe miles de refugiados en potencia, dejándolos varados ahí mientras esperan asilo bajo el controversial esquema “Quédate en México”. Se ha convertido en un desastre humanitario. Un reporte reciente de Human Rights Watch detalla la lista de crímenes atroces que los inmigrantes sufren en México, entre ellos secuestro, extorsión y agresiones sexuales.

Según Maureen Meyes, vicepresidente de programas de la Oficina de Washington para América Latina (WOLA, por sus siglas en inglés), una organización líder de derechos humanos e investigación, el esquema “ha expuesto a 60 mil personas en busca de asilo a riesgos y peligros innecesarios en México. Las medidas de austeridad severa del Gobierno mexicano (cortaron los recursos federales para muchos albergues de migrantes) ha empeorado mucho la situación”. Meyer me dijo que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador “ha fracasado miserablemente en proveer a esta población con protección humanitaria, servicios públicos, acceso a vivienda y en cualquier medida de seguridad”.

Biden debería terminar con el esquema “Quédate en México” para revertir estas consecuencias malignas.

Para retirar por completo el esquema, la nueva administración tendrá que aumentar ampliamente su capacidad de procesamiento en la frontera, desarrollando la infraestructura y los recursos humanos necesarios para contar con las revisiones de historial y procesar de manera expedita el papeleo necesario para comenzar las solicitudes de asilo. Entonces podría también colocar a los posibles refugiados en una alternativa humana a las instalaciones de detención actuales. Estas mejoras no serán inmediatas. La administración de Biden también podrían mejorar de manera fundamental la vida de 27 mil refugiados que ya pasaron por el proceso y están esperando en México o en sus países de origen.

Hay otro camino que la nueva administración puede tomar para mejorar las vidas de los miles de personas que están en espera de asilo en México y los miles más que, quizá inevitablemente, llegarán a la frontera norte en los próximos meses. Con López Obrador, México sigue sin estar preparado para procesar y proteger a los inmigrantes. La Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) tiene un presupuesto anual minúsculo, de menos de cinco millones de dólares, para ayudar a decenas de miles de inmigrantes y cientos de miles de mexicanos desplazados. Mark Manly, quien dirige las operaciones en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, me dijo que “La COMAR todavía depende principalmente de la ayuda técnica y financiera del Alto Comisionado”.

La infraestructura de albergues es todavía peor. En una decisión que consternó a muchos de quienes están a cargo de albergues de migrantes, el Gobierno cortó el financiamiento federal para estos espacios vitales en ambos lados de la frontera. Forzados a trabajar con grandes recortes de presupuesto, los albergues están al tope de su capacidad y también dependen de la asistencia del Alto Comisionado.

Esto ha forzado a miles de migrantes a quedarse en la calle. Las historias de abuso, tortura y esclavitud sexual son horrorizantes. WOLA sugiere que México y Estados Unidos trabajen en conjunto para invertir en la infraestructura del país. Estados Unidos podría tomar un papel proactivo invirtiendo directamente en la COMAR, apoyando a las organizaciones civiles que administran albergues y (esto es crucial) demandando al Gobierno mexicano que mejore su lamentable trato hacia los inmigrantes; entre otras cosas, invirtiendo en una red moderna de santuarios que ofrezcan los servicios básicos y seguridad.

Pero hay un problema: esto requiere que el Gobierno de México sea un socio activo. Para Meyer, es poco probable que la administración de López Obrador consienta la construcción o remodelación de albergues de migrantes. “El Gobierno mexicano es reacio a instalar una gran infraestructura en la frontera porque eso traería una sensación de permanencia”, me dijo Meyer.

Aunque la preocupación es comprensible, la emergencia humanitaria actual (y la llegada de futuros grupos de migrantes) hace que la mejoría de la capacidad de los albergues de México sea una decisión inevitable, tanto en términos prácticos como morales. La administración de Biden debería dejar eso claro. El destino de miles que a diario viven un sufrimiento inimaginable depende de ello.

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