En abandono, albergues para jornaleros agrícolas

Nuevo Casas Grandes.- A partir de que el gobierno federal desapareciera el único programa de apoyo a los jornaleros agrícolas, los cuatro albergues construídos en esta región noroeste podrían terminar en “elefantes blancos”, ante la dificultad de los gobiernos municipales para sostenerlos y darles el mantenimiento que requieren.

Entre el 2014 y el 2016, la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL), del gobierno federal, en colaboración con el gobierno estatal y los municipios de Galeana, Casas Grandes, Nuevo Casas Grandes y Janos, construyó Albergues para Jornaleros Agrícolas, en las comunidades de Abdenago C. García (Lagunitas), Ejido Graciano Sánchez, Ejido Hidalgo y Ejido Monteverde.

De acuerdo a información proporcionada por el entonces delegado de Sedesol en el estado José Luis De la Madrid, la inversión global para cada uno de estos albergues, rondaba en los ocho millones de pesos, los cuales fueron construidos por etapas.

En el 2014, se construyó el Albergue en la comunidad de Abdenago C. García (Lagunitas) en el municipio de Galeana, con una inversión superior a los 4.8 millones de pesos, mientras que en el Ejido Graciano Sánchez del municipio de Casas Grandes en el 2015 con una inversión cercana a los 2.5 millones de pesos se inició la primera etapa del albergue en esa comunidad, que posteriormente fue inaugurado con una inversión total de 6.7 millones de pesos.

En el municipio de Janos, también en el 2015, en diciembre se inauguró la primera etapa del Albergue en el ejido Monteverde, y todavía en marzo del año pasado, se realizaban obras de mejoramiento en esas instalaciones, como fueron el caso de la construcción de una cancha de usos múltiples y una caseta de vigilancia.

El primero de los cuatro albergues construídos en esta región noroeste, fue el que se ubica en la comunidad rural de Ejido Hidalgo de este municipio, en el 2013, luego de que la autoridad ejidal donó un par de hectáreas y se iniciara la primera etapa con una inversión de 3.4 millones de pesos, de un monto global estimado en los siete millones.

La operación de este tipo de instalaciones, permitiría a los tres niveles de gobierno, de manera conjunta y a través de las dependencias de Desarrollo Social, la prestación de servicios integrales para los trabajadores agrícolas migrantes y sus familias en rubros como salud, educación, deporte y entretenimiento, además de alimentación y un espacio digno para vivir.

De hecho, hasta abril de este año, el funcionamiento de estos albergues se desarrollaba de tal manera, sin embargo, de acuerdo a información proporcionada por titulares de las oficinas de Desarrollo Social en los municipios donde se ubican los albergues, se les retiró el apoyo federal para atender este rubro.

El delegado regional de los programas federales Mario Alberto Saldaña Rodríguez, confirmó recientemente la eliminación de los recursos que entregaba el gobierno federal a los municipios para la operatividad y sostenimiento de los albergues.

Abundó que las instrucciones son en el sentido que los municipios deberán hacerse responsable de los mismos, para lo cual existe la disponibilidad de su traspaso a través de un comodato, y en caso de que esto no ocurra, las instalaciones serían cerradas.

Con relación a este tema, la directora de Desarrollo Social del municipio de Casas Grandes, Ana Karen Triste Grado, corroboró el deslinde por parte del gobierno federal en cuanto a su responsabilidad en el manejo del albergue que opera en la comunidad ejidal de Graciano Sánchez, tras señalar que hasta abril se recibió el apoyo.

Mencionó que a partir de mayo y a la fecha, el gobierno municipal y con la colaboración los mismos jornaleros que se encuentran en el lugar, se llegó a la determinación de mantener el lugar abierto y ofrecer un espacio para vivir a 14 familias y un total de 108 personas.

Precisó que con los recursos que aporta el municipio y una cuota mínima por parte de los jornaleros, se mantiene un velador, y el pago de los servicios de agua y luz, además del mantenimiento mínimo indispensable al lugar, sin embargo, hubo la necesidad de cerrar el comedor comunitario.

En el caso del municipio de Janos, el alcalde Efraín Sevastián Pineda Acedo, señaló que a la fecha se lleva a cabo un análisis detallado de la situación que prevalece con el albergue ubicado en la comunidad del Ejido Monteverde y se estudia la factibilidad de su operatividad con recursos municipales.

En lo que respecta al municipio de Ascensión, en el mismo operan un comedor comunitario y el Centro de Atención Integral para Niños y Niñas Migrantes (CAINMI), de acuerdo a información dada a conocer por la titular de la Dirección de Desarrollo Social, Mariela Torres.

Detalló que en el CAINMI se atiende a un total de 193 menores, hijos de familias jornaleras migrantes, mientras que en el comedor comunitario se apoya con alimentación a un promedio de entre 38 y 50 personas diarias.

Hizo énfasis, en la dificultad que conlleva para la administración municipal el sostener con recursos propios estos lugares, en virtud de que al no esperarse la eliminación de los apoyos aportados por la federación para la operatividad de los mismos, en el presupuesto de egresos de este año, no se contemplaron recursos para sostenerlos.

De acuerdo a cifras de las autoridades estatales y locales, en esta región noroeste, como mínimo, unos cuatro mil jornaleros llegan a partir de abril y permanecen hasta noviembre ocupados en actividades agrícolas.

La desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA), por parte de la Secretaría de Bienestar del actual gobierno federal, ha complicado la atención integral a estas familias procedentes de estados del sur del país, ante la insuficiencia presupuestaria de los gobiernos municipales para proporcionar la atención integral de servicios como salud, alimentación, educación y deporte, y al mismo tiempo dar mantenimiento a la infraestructura física.

De no generarse alternativas que permitan a los gobiernos municipales hacer frente a este tema, podría llevar en un futuro cercano a que los albergues construidos en los cuatro municipios mencionados terminen convertidos en “elefantes blancos”.

Aún y cuando autoridades del gobierno estatal en la materia, han reconocido como cierto el argumento esgrimido por el federación en cuanto a la opacidad en el uso de los recursos del PAJA, consideran que no por ello, quiere decir, que no sea necesario un programa de apoyo para los jornaleros agrícolas migrantes.

De hecho, existe una recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que habla de establecer un diagnóstico en cuanto a la operatividad y necesidad de ese programa, cuyo enfoque se daba en mejorar las condiciones de vida de la población jornalera agrícola y de sus familias, con acciones que les permitieran una mejor alimentación, salud y educación.

Presuntamente, el gobierno federal, haría llegar un apoyo de manera supletoria, para los albergues de jornaleros agrícolas, no solamente de esta región, sino para todos los que funcionan en el estado, sin embargo, a la fecha, esto no ha ocurrido.

Finalmente, en el primer informe de violaciones a derechos de la Red de Jornaleros y Jornaleras Agrícolas (REJJA), se documenta que en el país, están expuestos a ser víctimas de abusos que van desde irregularidades en el pago de salarios, jornadas laborales superiores a las ocho horas y condiciones de explotación, y a pesar de ello, el gobierno federal ordenó la desaparición del único programa de apoyo a estos trabajadores.