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Acusan a funcionaria estatal de robo

“¿Dónde está esa justicia pronta y expedida de que se presume?”, cuestionó.

José Miranda Madrid
martes, 11 junio 2019 | 06:00

Nuevo Casas Grandes.- Al tiempo de exigir la destitución, sanción administrativa y penal de autoridades de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje (JLCyA) de esta ciudad y la capital del Estado, la abogada Delia Preciado Núñez, anunció que interpondrá denuncia formal en contra de los servidores públicos y quienes simularon actos jurídicos en perjuicio de su familia para despojarla de sus propiedades.

Tras un año y nueve meses, finalmente se concreta el regreso de la posesión de las propiedades a su legítima dueña, en este caso Delia Núñez Acosta, pero en el proceso se deja en claro, según señalamiento de la misma abogada, “la ineptitud” de las autoridades laborales locales y de la capital del Estado.

Lo anterior, en virtud, explicó Preciado Núñez, que tras ganarse un amparo, en noviembre del 2018 se confirma por parte del Colegiado la orden de restitución de las propiedades a su legítima dueña, y no es hasta el pasado viernes 7 de este mes cuando se da cumplimiento al ordenamiento.

“¿Dónde está esa justicia pronta y expedida de que se presume?”, cuestionó.

Además, Preciado Núñez, apunta que el proceso en sí mismo, “desbordó ineptitud, incompetencia, abuso de autoridad, soberbia y prepotencia”, tanto por parte de los servidores públicos de la JLCyA en esta ciudad como en el caso de la JLCyA en la ciudad de Chihuahua.

A nivel local, se refirió al presidente de la JLCyA José manuel Ruiz Bugarini, quien además de presidir la instancia local, también ostenta la titularidad de esa dependencia en la ciudad de Parral, de la hoy auxiliar Presidente Sandra Aracely González Juárez, del Procurador del Trabajo Javier Alonso Martínez Gutiérrezy de la titular de la JLCyA número 3 en Chihuahua Iveth Adriana Granados Rodríguez.

La profesionista narró que el 7 de septiembre de 2017, a través de la JLCyA se dio cumplimiento a un ordenamiento ejecutor de lanzamiento de sus propiedades a su madre Dalia Núñez Acosta, que repercutió en su perjuicio, y el de una hija suya y alcanzó también a una nieta de meses de nacida.

La situación se derivó, dijo, de una demanda laboral interpuesta en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje número 3 en la ciudad de Chihuahua, por Leocadio Peña Montes en calidad de trabajador en contra de Francisco Buendía Medellín y otros como patrón a partir de un adeudo de 300 mil pesos.

En este caso en concreto, explicó que “Delia Núñez Acosta, Delia Preciado Núñez y familia, fueron afectadas sin tener ninguna relación en lo que calificó como “una simulación de actos jurídicos avalada por la ineptitud de las autoridades ordenadora y ejecutora”.

Señaló que fecha en que se llevó a cabo el lanzamiento de su familia de sus propiedades, las autoridad laboral ejecutora (JLCy A en esta ciudad), omitió precisar el lugar de depósitos de los bienes muebles al igual que un inventario de los mismos.

“Además estuvieron presentes en la diligencia la presidente auxiliar Sandra Aracely González Juárez (dando órdenes) y el Procurador del Trabajo Javier Alonso Martínez Gutiérrez, quienes no aparecen en la diligencia efectuada”, abundó la jurista Delia Preciado Núñez.

“Fuimos lanzadas con uso de la fuerza pública que quebraron puertas, robo y llevándome detenida”, recordó tras agregar que “nos dejaron en la calle”.

Durante el proceso, al cual, mencionó Preciado Núñez, no podía tener acceso, por no figurar con interés en el mismo, se generaron acciones de ineptitud, incompetencia, abuso de autoridad y prepotencia.

“Como pude logré sacar avante la defensa de nuestro caso”, puntualizó, del tal suerte que el pasado viernes 7 de junio, a las 9 de la mañana las autoridades laborales se dan cita para regresarle las propiedades (La Mansión) a mi madre Delia Núñez Acosta por orden de un Juez Federal, confirmada por un Tribunal Colegiado”.

La familia Núñez, recibió su casa totalmente destruida.

Aseguró que iniciará a través de una demanda una acción administrativa y penal en contra de las autoridades laborales de la JLCyA con sede en esta ciudad, como en la capital del Estado, una por ser la instancia ordenadora y la otra por ser la ejecutora de la acción.

Además, incluirá el uso excesivo de la fuerza pública tanto municipal como ministerial, sin dejar de lado al promotor del juicio laboral Leocadio Peña Montes por simulación de actos jurídicos en fraude a la impartición de justicia laboral.

“Esta persona, de quien hoy sabemos que es abogado y quien presentó escrituras de ser propietario junto con su esposa Carolina Cabada de los dos inmuebles que son propiedad de mi madre, sabía muy bien lo que estaba haciendo y contó con el aval de las autoridades laborales para llevarlo a cabo”, apuntó.

A partir de esta circunstancia, la abogada, lanzó un exhorto de alerta a los sindicatos de Patrones y de Trabajadores de Coparmex a fin de que pongan atención al actuar de los servidores públicos en materia laboral.

Finalmente, reiteró su exigencia al gobernador Javier Corral y a la titular de la Secretaría del Trabajo del gobierno estatal Ana Luisa Herrera Lazo, en el sentido de que “atendiendo a su misión y visión de impartir justicia en forma transparente, actuar diligente y recto”, se destituya de sus cargos de manera inmediata a las autoridades laborales que actuaron en perjuicio de su familia.

“Que no queden impunes administrativa ni penalmente los involucrados en este caso”, acotó.