Vetan de cargos públicos a deudores de pensión

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó hoy la prohibición para que deudores de pago de pensiones alimentarias puedan acceder a cargos públicos, incluidos, por primera vez, los de elección popular.

Por nueve votos contra dos, el Pleno de la Corte avaló una reforma de junio de 2022 a varias leyes de Yucatán, en la que se estableció el requisito de "no ser deudor alimentario moroso" para múltiples cargos, tanto de elección popular como de designación.

Dicho veto se extiende a la titularidad de las 16 secretarías del Gobierno estatal, los órganos descentralizados o paraestatales y la presidencia de la comisión estatal de derechos humanos, pero también para las candidaturas independientes a puestos de elección.

La mayoría de los deudores alimentarios son hombres divorciados, que tienen la obligación de pagar pensiones a sus ex esposas que se dedicaron al hogar, así como seguir manteniendo a sus hijos menores de edad, o que realizan estudios profesionales.

"La medida está construida con el objeto, no necesariamente, de impedir que el deudor alimentario moroso pueda acceder a cargos públicos en ninguna circunstancia, sino lo que se pretende es actuar como un medio de presión para obligar a que quien aspire a ocupar determinado cargo público, deba estar al corriente de sus obligaciones alimentarias", afirmó la Corte.

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) impugnó esta reforma por considerar que este requisito viola los derechos a la igualdad y no discriminación, de acceso a un cargo público, de libertad de trabajo y a ser votado.

Esta postura generó severas críticas de organizaciones civiles y activistas contra la ombudsperson, Rosario Piedra Ibarra, que en agosto tuvo que salir a defenderse y sostuvo que inhabilitar a deudores alimentarios morosos para que accedan a un cargo público es contraproducente, pues impide que obtenga recursos para cumplir sus obligaciones.

La Corte ya había avalado, en octubre pasado, una reforma similar en Hidalgo-también cuestionada por la CNDH--que abarco solo los puestos de nombramiento en la administración estatal, así como los comisionados del Instituto local de Transparencia.

Sobre la reforma de Yucatán, el Ministro Juan Luis González Alcántara advirtió que era necesario distinguir los puestos de nombramiento de aquellos que son de elección popular.

"Ser o no ser deudor alimentario moroso de ninguna forma se relaciona con las calidades para ejercer los cargos a que aspiran los candidatos independientes, y no se puede justificar el impacto negativo que tiene este requisito en el derecho a ser votado", expuso.

La presidenta de la Corte, Norma Piña, aclaró que, en una reforma posterior a la Constitución estatal, el Congreso de Yucatán ya extendió el veto a todos los aspirantes a puestos de elección que tengan deudas de este tipo, no sólo a los independientes.

El Ministro Javier Laynez se sumó al voto en contra de González Alcántara.

Destacó que, por ejemplo, los burócratas de Yucatán están sujetos a descuentos automáticos para pagar pensiones, por lo que se veta de acceder a estos cargos a personas a las que es mucho más fácil obligar a pagar, que aquellas que no tienen un empleo estable.

La Ministra Loretta Ortiz aclaró que el veto a los deudores debe ser entendido como temporal, sólo mientras no paguen las pensiones respectivas.

En Yucatán es considerado como moroso quien deja de pagar la pensión durante más de 90 días, existiendo orden judicial para que lo haga, y el veto para los puestos públicos aplica, aunque no exista alguna acusación penal contra el deudor.

Este martes, además, el Pleno avaló una reforma a la Ley Electoral de Nuevo León, que impide ser candidatos a sentenciados por delitos sexuales, familiares, de violencia política, de género contra las mujeres o de no pago de pensiones.