Diario
Nacional
sábado, 29 junio 2019 | 19:19
La Auditoría Superior de la Federación (ASF) señaló que no hubo claridad por parte del Gobierno en el manejo de donativos recibidos de ciudadanos y otras naciones, para apoyar a los damnificados por los sismos de septiembre de 2017.
En un informe entregado a la Cámara de Diputados, como parte de la fiscalización de la Cuenta Pública 2018, la ASF auditó la reconstrucción o rehabilitación de escuelas de educación básica, hospitales y viviendas, por los daños ocasionados por los sismos de hace dos años, así como la recepción de donativos nacionales e internacionales.
En el documento, la ASF sostiene que el Estado no garantizó que los donativos fueran entregados en beneficio de la población damnificada, ya que careció de un mecanismo ágil, transparente y efectivo para su recepción, administración, control, distribución y supervisión, en cumplimiento de la Ley General de Protección Civil (LGPC).
Señaló que los integrantes del Consejo Nacional de Protección Civil -la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y la Coordinación Nacional de Protección Civil- no establecieron las bases y lineamientos para la emisión de convocatorias, recepción, administración, control y distribución de los recursos para atender las afectaciones referidas.
Y en vez de ello, la SHCP emitió el Comunicado 185, para facilitar la operación del fideicomiso Fuerza México, para canalizar las aportaciones por los sismos, sin que justificara, fundamentara y motivara esa decisión.
La Auditoría expuso que existieron limitaciones en la normativa de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), para regular y supervisar a los fideicomisos, en los que al menos, la fiduciaria o el fideicomitente sean entidades públicas y que sus fines atiendan necesidades sociales o de interés público.
Como en el caso del fideicomiso Fuerza México, que hasta noviembre de 2018, la fiduciaria fue la entidad pública Nacional Financiera y el fideicomitente la iniciativa privada, debido a la carencia de un marco jurídico ordinario que establezca esa obligatoriedad.
Basados en información pública disponible al 29 de mayo de 2019, por parte del Servicio de Administración Tributaria, apuntaron que se entregaron a las donatorias autorizadas 5 mil 083 millones de pesos; sin embargo, no se precisó el monto correspondiente al fideicomiso Fuerza México, ni el desglose de los efectos fiscales por las deducciones aplicables.
Así, de este monto, sólo 2 mil 460 millones de pesos, o sea el 48.4 por ciento, se reportaron como distribuidos entre las entidades federativas afectadas por los sismos.
Asimismo, la SRE, no llevó a cabo un registro de los mismos, pese a que por ley, debería quedar inscritos los montos, modalidades y ejercicio de los recursos financieros, donaciones y las aportaciones en especie provenientes de gobiernos extranjeros y organismos internacionales. Tampoco hubo seguimiento para constatar su destino.
En las notas diplomáticas de la SRE se identificaron las siguientes donaciones: en especie, 12 mil 267 unidades, 197.8 toneladas y 31,467.5 kilogramos; en apoyo técnico, 525 personas pertenecientes a grupos de búsqueda, rescate, estructuralistas, atención de emergencias y médicos, así como de 20 unidades caninas, y en dinero, 3 millones 234 mil 169.5 dólares americanos, 48 mil 494.0 euros, 20.16 millones de pesos y 600 mil dólares canadienses, sin que estos datos estuvieran plasmados en el Registro Nacional de Cooperación Internacional para el Desarrollo.
Dudas en reconstrucción De acuerdo con la ASF, el Gobierno de México no dispuso de información para acreditar en qué medida los recursos ejercidos contribuyeron a resarcir los daños provocados en las escuelas de educación básica, unidades médicas y viviendas que se identificaron como afectadas.
En el sector educativo, de las 19 mil 194 escuelas afectadas, la SEP y el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa (INIFED) no comprobaron la evaluación de daños en 7 mil 917 escuelas (41.2 por ciento), y no documentaron, de manera eficiente, los informes de avance físico y financiero de las obras.
Además, de que en los registros del INIFED se señaló que en 12 mil 35 (62.7 por ciento) de las 19 mil 194 escuelas se concluyó la reconstrucción y la rehabilitación de los planteles; sin embargo, no se dispuso de la evidencia suficiente que lo comprobara.
En el sector salud, la Secretaría de Salud reportó un avance del 21.2 por ciento por la conclusión de los trabajos en 28 unidades médicas de las 132 identificadas con afectaciones; sin embargo, careció de la evidencia documental para comprobar la conclusión de los proyectos.
Además, se expone, la dependencia mostró inconsistencias en el proceso de diagnóstico, ya que en la evaluación de daños se identificaron 39 unidades médicas afectadas, en los diagnósticos se contabilizaron 132, mientras que en el programa de obras se registraron 44 inmuebles.
En el sector de la vivienda, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), agregó, no tuvo un padrón confiable sobre las viviendas afectadas.
La ASF detalló que por un lado, en los diagnósticos definitivos identificó 172 mil 57 viviendas, mientras que en los programas de obras y acciones la cantidad fue de 168 mil 256.
Adicionalmente, se agrega, en dos bases de datos institucionales se encontraron diferencias en el número de viviendas registradas: en una se totalizaron 170 mil 199 viviendas y en otra 170 mil 871.
La dependencia presentó a la ASF una base de datos sobre la entrega, a través del Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, S.N.C., de 166 mil 872 tarjetas con apoyos para reconstrucción y rehabilitación de viviendas por 8 mil 157.375 millones de pesos; de su revisión se detectó que 2 mil 378 tarjetas, que en conjunto suman 117.82 millones de pesos, se otorgaron sin atender las discrepancias encontradas en la información sobre los beneficiarios.
La Sedatu desconoció si la totalidad de los beneficiarios reconstruyeron o rehabilitaron sus viviendas, ya que aun cuando los Lineamientos de Operación Específicos del Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales señalan la obligación de llevar a cabo la supervisión de los trabajos, la dependencia sólo reportó la supervisión de 59 mil 380 viviendas.
Adicionalmente, la Comisión Nacional de Vivienda sólo proporcionó asistencia técnica a 15 mil 373 viviendas, de las 60 mil 302 viviendas con daño total que le reportó la Sedatu como receptoras de dichos servicios.
Y agregó que la Comisión no administró la información del incremento en el déficit y el rezago de vivienda a causa de los sismos.
Por otra parte, agregó en 2018 el Fideicomiso Fondo Nacional de Habitaciones Populares reportó haber apoyado con subsidios para vivienda a 2 mil 110 damnificados que no estaban en el censo de la Sedatu; sin embargo, no realizó la verificación de 781 acciones de vivienda (35 por ciento).