Van por líderes del huachicol

Ciudad de México— Las acciones del Gobierno federal para combatir el robo de combustibles pusieron en la mira a los líderes las organizaciones delictivas, sus prestanombres y los funcionarios públicos que les han brindado protección.

De acuerdo con la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, entregada al Senado, se busca detectar las investigaciones que se encuentran en curso y las redes que involucran, para identificar a quienes encabezan las operaciones ilícitas.

“La identificación de los líderes de las organizaciones delictivas, sus operadores regionales, testaferros, bienes y recursos, así como quienes les brindan protección desde su calidad de servidores públicos”, indica.

En el documento se detalla que, tras detectar las redes, podrán determinar cuántos objetivos ya cuentan con investigaciones en curso, proporcionar información que sirva como prueba para iniciar averiguaciones o integrar debidamente las que ya existen para solicitar el ejercicio de la acción penal.

“Determinar los objetivos prioritarios y los blancos de oportunidad a consignar con pedimento de orden de aprehensión, las cuentas bancarias que deban ser intervenidas, los bienes inmuebles que deban ser cateados y asegurados, las estaciones de servicio que deban ser inspeccionadas e identificar a los líderes sociales regionales que se encuentran relacionados con la comisión de tales delitos”, indica.

El Gobierno pretende dar seguimiento procesal a los casos judicializados y establecer un programa de cumplimiento de órdenes de aprehensión por delitos relacionados con el robo de combustibles.

Todas las acciones se enmarcan en la segunda de las tres fases que tiene planeada la administración federal para poder frenar ese fenómeno.

En la primera, se establecen como objetivos prioritarios el uso de la inteligencia para prevenir el robo y los sabotajes en las instalaciones de Pemex, auxiliar a la Fiscalía General de la República con información táctica en todas las detenciones que se realicen en flagrancia, lo que incluye el aseguramiento de inmuebles, vehículos e instrumentos del delito.

También se identificará el modus operandi del robo de combustible en el país a través de mecanismos de inteligencia transversales y aprovechando la capacidad de todas las instituciones involucradas.

En una tercera etapa se tiene contemplado evaluar la capacidad de respuesta institucional derivada de los ataques a ductos y las pérdidas que generan, además de sistematizar las investigaciones iniciadas, personas detenidas y procesadas, órdenes de aprehensión obtenidas y cumplidas, bienes asegurados y montos de éstos, así como cuentas aseguradas con estas acciones.

En el diagnóstico, el Gobierno asegura que el robo de combustible genera graves daños a la economía del país y es detonador de la violencia inusitada en diferentes regiones, además de fomentar la corrupción, generar conflictos sociales y riesgos para la población.