Tira INE la toalla en caso Odebrecht

Ciudad de México.- Ante la falta de pruebas, el INE analiza declarar infundadas las denuncias de financiamiento ilegal, a través de la empresa Odebrecht, en campañas del PRI entre el 2012 y 2017.

Se prevé que el próximo viernes, el Consejo General discutirá el dictamen, en el que se acusa a la Fiscalía General de la República (FGR) de no entregar la información solicitada de cuatro carpetas de investigación que tiene abiertas, por lo que no pudo avanzar en el caso.

Entre el 2017 y 2020, por separado, el PRD y Morena presentaron cuatro denuncias para que el INE investigará si recursos de la petrolera Odebrecht pararon en la campaña de Enrique Peña Nieto, como candidato presidencial en el 2012, y Alfredo del Mazo, aspirante a la Gubernatura del Estado de México en el 2017.

"Determinar si los recursos por los presuntos actos de corrupción que se llevaron a cabo mediante la entrega de dádivas y sobornos al C. Emilio Lozoya Austin, entonces titular de PEMEX, por el otorgamiento de contrataciones públicas (concesiones) a Odebrecht y otras, beneficiaron a la campaña del C. Enrique Peña Nieto en el Proceso Electoral Federal 2011-2012, así como a la del C. Alfredo del Mazo Maza en el Proceso Electoral Local 2016-2017", fue como se etiquetó el procedimiento sancionador en la Unidad de Fiscalización del INE.

La autoridad electoral argumenta que entre 2017 y 2020 se entregaron ocho solicitudes a la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales de la Fiscalía General de la República, y en todos ellos se negó a entregar información de sus expedientes relacionados con el tema.

El INE justifica que cada requerimiento estuvo acompañado de una fundamentación y motivación, además de citar diversos precedentes en los que se ha entregado información al órgano electoral sobre ilegalidades en campaña.

"En todos se ha negado la información bajo el mismo argumento: No proporciona la información, en virtud de que no se es parte dentro del procedimiento penal, por lo que aplica la prohibición que establece el artículo 218 del Código Nacional de Procedimientos Penales", argumenta la Unidad de Fiscalización.

En las quejas y pruebas adicionales que presentaron el PRD y Morena, únicamente es la declaración de Emilio Lozoya en agosto del 2020, pero dada a conocer por los medios de comunicación, así como notas periodísticas, por lo que se afirma carecen de pruebas oficiales para mantener la investigación abierta.

Asegura que, ante la negativa de la Fiscalía, a finales del 2021 y en el 2022 el Instituto presentó diversos juicios electorales ante el Tribunal Electoral para presionar en la entrega de la información, y la Sala Superior determinó que el secreto ministerial no es oponible a la facultad fiscalizadora del Instituto, por lo que le ordenó entregar la información.

Ante la omisión, el INE interpuso incidentes de incumplimiento, y los magistrados le dieron la razón, por lo que nuevamente acudió a la FGR, sin que atendiera su petición.

En octubre del 2022, la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó una controversia de la Fiscalía para no entregar información a otras autoridades, pero los ministros la desecharon y dejaron vigente la sentencia del Tribunal. Sin embargo, tampoco generó eco.

El 3 de junio de 2019, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales resolvió que ya estaban prescritos los delitos relacionados con el supuesto financiamiento de Odebrecht a la campaña de Enrique Peña Nieto en el 2012, por lo que no ejercería la acción penal en cuanto a los hechos de este periodo.

Sin embargo, estableció que estaban vigentes los ilícitos relacionados con el dinero que en 2014 Odebrecht transfirió a Lozoya y que presumiblemente habría sido destinado al financiamiento del PRI en las campañas intermedias del 2015.

Además de que tiene abiertos expedientes por presunto financiamiento ilícito en la campaña de Alfredo del Mazo, en el 2017.