Serían juzgados por lavado en libertad

Ciudad de México— La orden de aprehensión librada contra Emilio Lozoya, su hermana Gilda Susana y el empresario Alonso Ancira es únicamente por lavado de dinero, un delito que no tiene prevista la prisión, revelan documentos judiciales.

El lavado fue imputado en la modalidad de adquirir un inmueble dentro de territorio nacional, con conocimiento de que los recursos proceden de una actividad ilícita, con el fin de ocultar el origen de dichos recursos.

De acuerdo a la orden de cateo librada por el juez federal Artemio Zúñiga Mendoza, el delito imputado está previsto en el Código Penal Federal vigente en la época en que ocurrieron los hechos, es decir, en 2012.

En teoría, los imputados tienen por este caso el derecho a llevar su proceso en libertad, ya que desde la Miscelánea Penal de 2016, ese delito, ya no implica llevar un proceso penal en la cárcel.

Los señalamientos

La orden de aprehensión se basa en dos datos de prueba esenciales que, en principio, parecieran no tener relación.

Una es la denuncia que presentó el 5 de marzo pasado Petróleos Mexicanos por el quebranto a su patrimonio causado por la compra de la planta chatarra de Agro Nitrogenados, en el complejo de Pajaritos, Veracruz, por 273 millones de dólares.

La otra es la querella por lavado del pasado jueves 23 de mayo, presentada por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) en contra de Lozoya, su hermana y Ancira, la cual está primordialmente enfocada a la transferencia de 38 millones de pesos con la que el ex director de Pemex compró su casa de Lomas de Bezares.

"Datos de prueba que fueron puestos a consideración del suscrito, junto con diversos medios de convicción, y que sirvieron de sustento, previa actualización de los requisitos legales y constitucionales establecidos al efecto, para librar orden de aprehensión el 25 de mayo de 2019... contra los buscados Emilio Lozoya Austin, Gilda Susana Lozoya Austin y Alonso Ancira Elizondo", señala el juez Zúñiga en su orden de cateo.

Los hechos denunciados por Pemex, a través de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República, se refieren a la venta de la planta de fertilizantes por parte de AHMSA a la empresa productiva del Estado, en una suma que se presume es 10 veces mayor a su valor real.

En cambio, la querella de la UIF refiere una transferencia de 38 millones de pesos con la que Lozoya adquirió su casa de Residencial La Retama, en Lomas de Bezares. La compra la finiquitó el 1 de diciembre de 2012, cuando aún no era director de Pemex.

El pago se hizo desde una cuenta en Suiza a nombre de la empresa Tochos Holding Limited, que la propia UIF presume que tiene registrados como beneficiarios al ex funcionario y su hermana.

El dinero que tenía esta compañía provendría de otra off shore de nombre Latin America Asia Capital Holding, en la cual los directivos de Odebrecht aseguran que pagaron sobornos a Lozoya.

Uno de los hilos que relacionan las denuncias de Pemex y la UIF es un depósito millonario de AHMSA a una compañía off shore que recibía dinero de Odebrecht y ha sido relacionada con Lozoya, aunque éste niega ser su propietario.

De acuerdo con información publicada por Quinto Elemento Lab, el 17 y el 24 de febrero y el 10 de marzo de 2014, AHMSA transfirió 3 millones 703 mil 540 dólares a Grangemouth Trading Company, una de las 20 firmas que Odebrecht presuntamente utilizaba para pagar los sobornos en varios países.

En su momento, la acerera respondió que estos pagos correspondían a la cancelación de un contrato suscrito con esa firma por asesorías para la ampliación de las siderúrgicas en Monclova, Coahuila.

Grangemouth Trading Company le depositó sumas millonarias a Zecapan, empresa cuyos datos los directivos de Odebrecht afirman que les proporcionó Lozoya para que le pagaran sus servicios, aunque el ex director de Pemex niega toda relación con ella.

El 5 y 12 diciembre de 2013, así como el 24 de febrero y el 11 y 19 de marzo de 2014, Grangemouth transfirió 5 millones de dólares a Zecapan.