Nacional

Señalan abogados que 'decretazo' es ilegal

La BMA aseguró que el decreto es violatorio de disposiciones en materia constitucional, competencia económica, entre otras

Jorge Ricardo
Agencia Reforma

martes, 23 noviembre 2021 | 13:29

Ciudad de México.- La Barra Mexicana de Abogados (BMA) calificó como ilegal e incorrecto el decreto del presidente López Obrador para considerar como de seguridad nacional, prioritarios y estratégicos todos los proyectos y obras de su Gobierno, para blindarlos contra las suspensiones por juicios de amparo.

"(Es) ilegal e inconvencionalmente, con deficiente e incorrecta fundamentación constitucional", indicó.

"Solicitamos al Poder Ejecutivo Federal deje sin efectos el señalado acuerdo en respeto al Estado de Derecho", añadió en un posicionamiento público.

La BMA aseguró que el decreto es violatorio de disposiciones en materia constitucional, competencia económica, ambiental, de debido proceso, de consulta previa y en materia de progresividad, en materia de derechos humanos, así como de los contenidas en tratados comerciales.

"La BMA tiene en su objeto social, entre otras cosas, velar por el respeto a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y los tratados suscritos por el Estado Mexicano, por ello manifestamos nuestra preocupación por el atentado al orden jurídico nacional", sostuvo.

La medida que publicó ayer López Obrador declara como asuntos de interés público y seguridad nacional los proyectos del Gobierno de México asociados a infraestructura de los sectores comunicaciones, telecomunicaciones, aduanero, fronterizo, hidráulico, hídrico, medio ambiente turístico, salud, vías férreas, ferrocarriles en todas sus modalidades, energético, puertos, aeropuertos y otros que se consideren prioritarios o estratégicos para el desarrollo nacional y se instruye a las dependencias y entidades de la Administración Pública a otorgar la autorización provisional en un plazo de cinco días y con vigencia de 12 meses, necesaria para iniciar los proyectos, para con ello garantizar su ejecución oportuna.

Por su lado, Karla Kalycho, abogada del Colectivo Los Tres Barrios de Campeche, que evitaron el desalojo ordenado por el Gobierno para el paso del Tren Maya, calificó el decreto como un acto de desesperación del Gobierno federal para obstaculizar la transparencia y para evitar un sistema de contrapesos.

"Es verdad que hay juicios de amparo que se presentan de manera ociosa, eso es normal en cualquier País, pero estos juicios ociosos son fácilmente derrotables a través de los medios de defensa y, además, no representan la totalidad de los juicios que se han presentado", indicó.

Kalycho consideró que el Decreto de López Obrador evitará la suspensiones provisionales en un juicio de amparo, por lo que el riesgo es que quienes tramiten un juicio así, no tendrán esa protección y para cuando llegue la sentencia definitiva es posible que el daño ya se haya consumado.

"No en todos los juicios de amparo se dan suspensiones, depende del tipo de amparo que sea, pero sí hay muchos casos donde la suspensión es necesaria, por ejemplo, en los casos de los desalojos de la ciudad de Campeche donde afortunadamente se logró la reubicación de las vías. Ahí una herramienta importante que sirvió fue la suspensión, no hubiera habido suspensión, muy probablemente no se hubiesen modificado las vías y las personas hubiesen sido desalojadas y obligadas a salirse de su casas", señaló.

La abogada consideró como discriminatorio y clasista que López Obrador haya justificado su decreto por los supuestos amparos contra el Tren Maya que presentó el empresario Claudio X. González, ya que la mayor parte de los amparos que se pusieron contra la obra, dijo, no fueron de empresarios, sino de pobladores que se organizaron en pequeños colectivos.

"Es increíble que el presidente piense que en una obra de la magnitud del Tren Maya todos iban a estar de acuerdo", señaló.

Víctor Oléa, uno de los vicepresidentes de la Barra Mexicana de Abogados, y Karla Kalycho aseguraron que el decreto presidencial es fácilmente impugnable por inconstitucional y desproporcionado, incluso advirtieron una cascada de amparos, aunque ahora estará en manos del Poder Judicial y del Instituto Nacional de Transparencia.

"En mi opinión ese decreto es plenamente impugnable en amparo", dijo Olea vía telefónica.

"Es bastante preocupante, por un lado porque es manifiestamente inconstitucional, ilegal y desproporcionado, pero por otro lado nos deja en un estado de bastante incertidumbre jurídica, porque ahora va a depender del Poder Judicial el entender cuál va a ser el impacto real de este acuerdo", añadió Kalycho.

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