Diario
Nacional
martes, 18 junio 2019 | 14:57
Ciudad de México— Del 0 al 10, la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del Aeropuerto de Santa Lucía obtiene uno de calificación porque contiene al menos 52 errores u omisiones y, de ser aprobada por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), sería una resolución fácilmente impugnable, concluyeron expertos.
"Si hubiera dicho 1.5 (de calificación), estaría mintiendo. Estoy cierto que, de aprobarse, inmediatamente habrá impugnaciones seguramente directas al amparo. No tendría caso ir al recurso de revisión o de nulidad sino director al amparo porque hay violaciones constitucionales en el procedimiento de impacto ambiental", sostuvo el biólogo Juan Ricardo Juárez Palacios.
Expertos de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental (AMIA) sostuvieron un encuentro en el que analizaron la MIA regional del Aeropuerto de Santa Lucía que presentó la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ante la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la Semarnat, con el objetivo de obtener la autorización de impacto ambiental para iniciar las obras.
Tras concluir el análisis, los expertos reprobaron la MIA al evidenciar que presenta 46 errores de diseño y reporte, los cuales son apreciables desde la metodología de evaluación y la incorrecta vinculación a instrumentos jurídicos, hasta la falta de identificación y cuantificación de los impactos ambientales.
Asimismo, identificaron faltas de definición del proyecto.
Entre los errores identificados está que la MIA no presenta estudios que sustenten la viabilidad de abasto de agua para el diseño, operación y funcionamiento del Aeropuerto de Santa Lucía, toda vez que se proyecta sobre el acuífero Cuautitlán-Pachuca, el cual se reporta sobreexplotado.
Otra inconsistencia se refiere a la demolición de instalaciones de la Sedena para construir el aeropuerto ya que no se presenta una cuantificación del volumen de residuos ni se establece la estrategia de manejo y disposición final.
Tampoco se definen sitios de tiro para el cascajo procedente de la demolición.
La MIA no cuantifica los residuos sólidos urbanos que generará el Aeropuerto en su operación y se señala que serán manejados por los municipios sin que exista una estrategia para ello.
De acuerdo con los expertos, la indefinición del proyecto impide determinar y cuantificar impactos significativos en la generación de residuos sólidos y de manejo especial, lo que representa un elemento crítico, pues el volumen no cuantificado puede rebasar la capacidad de los municipios.
También se detectaron inconsistencias de infraestructura tras advertir que la MIA no describe el trazo ni la obra de la vía de interconexión entre el Aeropuerto de Santa Lucía y el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, por lo que los impactos ambientales de ésta no son evaluados.
Además, evidenciaron que el proyecto contraviene al menos seis disposiciones de la Organización para la Aviación Civil Internacional (OACI) entre las que destaca la presencia del Cerro de Paula que limita y pone en riesgo la operación de las pistas; la presencia de un Centro de Confinamiento de Residuos Peligrosos Radioactivos propiedad del Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ); la indefinición de los conos de aproximación y despegue; la ausencia de un programa de manejo del riesgo aviar, así como las carencias de lineamientos y programas para enfrentar el cambio climático.
Tales condiciones serían suficientes para que el Aeropuerto de Santa Lucía no fuera certificado por la OACI, aseguraron.
Los expertos coincidieron en que tales errores en la MIA imposibilitan que la Semarnat emita una autorización de impacto ambiental.
En caso de emitir la autorización, la Semarnat tendría que dictar una serie de medidas condicionantes lo cual implicaría retroceder 19 años en el procedimiento de impacto ambiental, expusieron.
"En el año 2000 fue cuando se aprobaron las últimas MIAs solventando las carencias con condicionantes o sea, hace 19 años. En un instrumento ambiental que tiene más de 30 años de vida. Si muchos de los que estamos aquí hemos pugnando porque este instrumento ambiental sea cada vez mejor, tendremos que hacernos oír" agregó Juan Ricardo.
Al realizar el análisis, el grupo de expertos afirmó que es doloso que se involucre al Instituto de Ingeniería de la UNAM en la realización de una MIA plagada de errores y que no reúne los requisitos de ley para ser evaluada.
"Hay un distanciamiento de lo que establece la Ley y el Reglamento con lo que se establece en la Manifestación de Impacto Ambiental. Para ser evaluada necesita tener los estudios, se tendría que evaluar cuáles son los impactos acumulativos que se derivan y tendría que ser congruente con las disposiciones de la Ley", concluyó Daniel Basurto González, presidente de la AMIA.