Reconocen resistencia a la austeridad

Ciudad de México— El subsecretario de Gobernación, Zoé Robledo, reconoció que hay resistencias para acabar con el dispendio en los salarios y beneficios de los funcionarios. 

Luego de que este lunes la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidó dos artículos de la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, dijo que respeta la decisión de los ministros; no obstante, reiteró que hay oposición a la austeridad.

"¿Hay una resistencia? Claro que la hay, eran temas y dinámicas, usos y costumbres que estaban muy arraigados", indicó.

En entrevista luego de participar en el primer foro de análisis del Plan Nacional de Desarrollo, en San Lázaro, dijo que hay funcionarios quienes creen que el servicio público está vinculado a un sueldo por arriba de la media nacional y a beneficios como guaruras y camionetas.

"Hay quienes creen que esto (el servicio público) está vinculado de manera exclusiva a un buen sueldo, a unas buenas prestaciones, a toda una parafernalia; estamos planteando algo diferente y claro que eso le pega a todos, a órganos autónomos, a todos los poderes en los estados, pero hay un mandato claro sobre una forma de ejercer el poder, donde eso deja de ser importante y lo relevante es la posibilidad de transformar las cosas", señaló.

El funcionario federal calificó como un avance el hecho de que sólo dos artículos de la ley fueran declarados inválidos y que esto ocurriera sin el voto unánime de los ministros.

"Ya hay un primer avance, no fue toda la ley la que se declaró inconstitucional, sólo fueron dos artículos, habrá que ver qué dice el Legislativo", señaló.

Robledo dijo que lo ocurrido en la SCJN es una muestra de la democracia que vive el País y de la división de poderes.

"Lo de fondo es que estamos viviendo justo ese nuevo momento de una cultura recursal, ¿qué significa recursal? Que justamente hay recursos para impugnar las leyes que a la minoría o a un órgano autónomo le parecen inconstitucionales, y nosotros somos respetuosos de las definición de la Corte, eso es lo que se vive en una democracia", reiteró.

Cuestionado sobre el uso del Palacio de Bellas Artes, presuntamente para fines religiosos, Robledo afirmó que la indagatoria le corresponde a las autoridades culturales, no a la Secretaría de Gobernación (Segob).

Afirmó que la dependencia no tiene facultades específicas para investigar el uso de espacios públicos, por lo que corresponderá al Instituto Nacional de Bellas Artes la investigación del caso y a la Secretaría de Cultura resignificar sedes como Bellas Artes.

"No tenemos una facultad específica para el uso de espacios públicos, eso sería más bien el Instituto Nacional de Bellas Artes. Nuestro papel es siempre garantizar el ejercicio de las creencias religiosas en el contexto de un Estado laico más amplio", explicó.

El funcionario federal rechazó que estén midiendo con diferentes varas el caso del uso de Bellas Artes y el de Víctor Hugo Romo quien en 2014, como delegado de Miguel Hidalgo, permitió el uso de la Rotonda de las Personas Ilustres del Panteón de Dolores para la realización de una fiesta. Después de este suceso, Robledo, entonces senador, demandó sanciones en contra del hoy ex perredista.

Dijo que en el caso del ex delegado, el espacio sí fue utilizado con fines de lucro, mientras que en el caso del recinto cultural no se ofreció un culto religioso.

"No vemos que en el caso del uso de Bellas Artes, más allá de lo que haya ocurrido, haya habido una vulneración, una falta de respeto al espacio o que haya sido utilizado como un local comercial como sí sucedió en el caso de la Rotonda", señaló.

Robledo reiteró que son las autoridades las que deben de aclarar cómo se dio la contratación del espacio, quién la solicitó y qué medidas van a tomar.

Sobre los diputados y senadores de Morena que asistieron al concierto, entre ellos el presidente de la Mesa Directiva del Senado, Martí Batres, consideró que lo más sano es que expliquen quién los invitó y por qué asistieron.