Quita Corte candado que impide a funcionarios ir a la IP

Ciudad de México— La Suprema Corte de Justicia anuló hoy la prohibición a los altos funcionarios federales para trabajar en empresas privadas durante los 10 años siguientes a su encargo en el sector público.

Por unanimidad, el Pleno de la Corte invalidó este candado, impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, e incluido en la Ley Federal de Austeridad Republicana, vigente desde noviembre de 2019.

La Cámara de Diputados había aprobado un candado de cinco años, pero el Senado incrementó el plazo a los diez años que el presidente había planteado en su iniciativa de ley, lo que fue impugnado ante la Corte por senadores de Oposición.

La Corte consideró que el objetivo de la norma es válido, porque se busca evitar que funcionarios favorezcan a empresas a las que regulan a cambio de obtener posteriormente empleos u otros beneficios.

Pero se determinó que el periodo de 10 años es excesivo, que afecta de manera desproporcionada el derecho humano de libertad de trabajo, y que su utilidad para combatir la corrupción no fue justificada por el Congreso.

"El grado de afectación que en el caso sufre el derecho al trabajo, no es proporcional a la importancia de realizar el fin perseguido, ya que éste puede lograrse sin afectar con tanta intensidad la libertad de trabajo", explica el fallo.

El Ministro Alberto Pérez Dayan destacó que la norma daba un trato diferenciado no justificado, pues sólo estaba dirigida a mandos superiores del Gobierno federal, pero no a cualquier funcionario que tenga acceso a información privilegiada.

"(La ley) se dirige a un universo de sujetos desproporcionadamente amplio, no todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades ni riesgos de corrupción", agregó en contraste el Ministro presidente Arturo Zaldívar, al considerar que es una norma sobre inclusiva.

El Ministro Luis María Aguilar, en tanto, destacó que existe duplicidad con la Ley General de Responsabilidades Administrativas, que sólo fija plazo de un año para que ex funcionarios no emigren a empresas a las que regularon.

Los mandos superiores a los que afectaba este candado eran los secretarios y subsecretarios de Estado, oficiales mayores, jefes de unidad, directores generales y adjuntos, así como puestos equivalentes.

La entrada en vigor de esta ley en 2019 provocó algunas renuncias en órganos del Gobierno, sobre todo los especializados en materia financiera, y también amparos que quedarán sin materia ante la anulación del candado.

Una vez que la Corte notifique su sentencia, el Congreso podrá volver a legislar el tema, y es posible que pudiera intentar retomar el plazo de cinco años, que podría ser visto con mayor simpatía por algunos ministros.

La Corte dejó para mañana una propuesta de la Ministra Norma Piña, de invalidar una porción de la misma reforma, que permite que los recursos ahorrados por medidas de austeridad sean destinados a lo que "por decreto determine el Titular del Ejecutivo".

En la sesión de hoy, la Corte rechazó, casi en todos los casos por unanimidad, siete argumentos de la Oposición contra la Ley de Austeridad, entre ellos, que el Congreso no tiene facultad para legislar en esta materia, que se invaden atribuciones de otros Poderes y órganos autónomos, y que existe incertidumbre sobre el ámbito de aplicación.

El único tema que generó cierto debate fue la facultad de las Secretarías de Hacienda y Función Publica para expandir el catalogo de medidas de austeridad, cuya violación puede dar lugar a sanciones administrativas.

Tres ministros pidieron anular esta facultad, porque el Legislador la delegó indebidamente en autoridades administrativas, pero la mayoría avaló la ley en sus términos.