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Nacional

Proponen topar en 2% gasto en publicidad oficial

Lo que representaría hasta 156 mil millones de pesos

Claudia Salazar y Martha Martínez / Agencia Reforma

miércoles, 23 marzo 2022 | 21:34

Archivo / Agencia Reforma | Presidente de Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez, propuso topar gasto de publicidad oficial en 2% del PEF, que llegaría a 156 mmdp

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Ciudad de México.— El presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, propuso topar el gasto de comunicación social del Gobierno federal hasta un 2 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación, lo que podría llegar a los 156 mil millones de pesos.

"El gasto programado en Comunicación Social no podrá ser mayor al 2 por ciento del Presupuesto de Egresos de cada año, federal o local, según corresponda, salvo que existan causas de fuerza mayor que requieran programas emergentes de comunicación", cita la reforma que propone el diputado de Morena, en el artículo 2 de la Ley General de Comunicación Social.

El Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 aprobado es de 7.8 billones de pesos, por lo que el tope propuesto por el diputado Gutiérrez serían los 156 mil millones de pesos.

Publicada en la Gaceta Parlamentaria de este martes 23 de marzo, tal disposición aplicaría a los diversos entes públicos, para garantizar que el gasto en Comunicación Social cumpla con criterios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez.

En la exposición de motivos se explica que la iniciativa busca corregir las deficiencias que determinó la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver un amparo contra dicha ley, en materia de topes para precisar el gasto en comunicación social y omisiones legislativas contrarias a la libertad de expresión.

La propuesta también plantea eliminar los conceptos de transparencia que deben contener los informes de gasto en publicidad oficial.

La iniciativa deroga la obligación de presentar cada semestre un informe sobre gastos y se hace trimestral.

Sin embargo, con la medida se eliminan cuatro requisitos que actualmente tienen los reportes, mismos que deben subirse al portal de transparencia de cada dependencia.

Se elimina la obligación de informar el monto de recursos presupuestales para campañas de comunicación social, el nombre de proveedores, la contratación concertada hasta el momento y el número de contrato, y el pago realizado a los medios de comunicación.

La iniciativa propone precisar que la línea editorial de los medios de comunicación no podrá ser obstáculo para la contratación y difusión de propaganda gubernamental.

"Los servidores públicos de los entes públicos, por sí mismos o por terceros, deberán abstenerse de realizar cualquier conducta que, de manera directa o indirecta, tenga por objeto, efecto o fin influir, sugerir, recomendar, exigir, u obligar a los medios de comunicación a que sus contenidos se ajusten a cualquier criterio editorial o contenido determinado, a cambio de la contratación presente o futura de la difusión de propaganda gubernamental.

"Tal prohibición incluye cualquier acto de los servidores públicos de los entes públicos por virtud del cual pretenda incidir o influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos, precandidatos y candidatos, ya sea en periodos de precampaña o campaña electoral, o fuera de dichos periodos.

Se indica que la propaganda electoral se sujetará a las disposiciones legales y normativas en materia electoral, por lo que su contratación, revisión y fiscalización no se sujetaría a la ley.

También propone precisar que las contrataciones de tiempos comerciales que realicen las dependencias con los medios de comunicación para la difusión de campañas de comunicación social, deberán sujetarse a nuevos procedimientos y la legislación sobre adquisiciones, arrendamientos y servicios que resulte aplicable, tanto a nivel federal como local.

Propone que para la contratación de campañas de comunicación social -ya sea por licitación pública, por invitación a cuando menos tres personas, o por adjudicación directa- se verificará que los proveedores estén inscritos en un Padrón Nacional de Medios de Comunicación y no estén inhabilitados para la celebración de contratos públicos.

La contratación evaluará que los medios de comunicación cumplan con la capacidad para llegar a la población que sea objetivo de cada campaña de comunicación social.

Gutiérrez Luna indica que con tal iniciativa se pretende cumplir con el plazo que fijó la Suprema Corte, de que los ajustes a la ley estén listos en el actual periodo de sesiones, que concluye el 30 de abril.

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