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Nacional

Procesan a exjurídico del ISSSTE por pago doble de 790 mdp

El funcionario habría realizado pagos ilícitos por contratos de materiales de curación y marcapasos

Abel Barajas
Agencia Reforma

viernes, 29 abril 2022 | 07:41

Agencia Reforma

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Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a José Febo Trujeque Ramírez, exdirector Jurídico del ISSSTE, y a siete exfuncionarios del instituto, por presuntamente realizar un doble pago de 790 millones de pesos a una farmacéutica por contratos de materiales de curación y marcapasos.

Artemio Zúñiga Mendoza, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Norte, halló elementos para procesarlos por los delitos de ejercicio indebido de servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

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Dado que los ilícitos no contemplan la prisión preventiva de oficio, el juzgador les impuso la prohibición de salir del país sin autorización judicial y la presentación mensual ante la Unidad de Medidas Cautelares, indicó la Fiscalía General de la República.

Además de Trujeque, exdirector Normativo de Procedimientos Legales, fueron procesados Javier Mejía Estañol, exjefe de Servicios de Asuntos Civiles; y Sebastián López Herrera, ex jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa; Juan Carlos Larrieu Creel, subdirector de Infraestructura.

También Sandy Toledo Sánchez, ex coordinadora Administrativa de la Dirección Normativa de Procedimientos Legales; Irma Merlos Merlos, ex subdirectora de Programación y Presupuesto; y Marx Yazalde Ortiz Correa, exsubdirector normativo "B".

La lista la completa el abogado Juan Daniel Álvarez Santillán, quien fuera el representante legal del ISSSTE en un litigio civil que originó este asunto penal.

De acuerdo con la indagatoria, este caso se remonta a una demanda presentada el 14 de noviembre del 2018 por Selecciones Médicas del Centro, que es parte de Grupo Fármacos Especializados, considerada como una de las empresas favoritas de la Administración peñista para la compra de medicamentos.

La empresa demandó al ISSSTE por el incumplimiento de pagos de diversos contratos de servicios médicos, materiales de curación y marcapasos.

El 3 de octubre de 2019 el Juzgado Vigésimo Cuarto de lo Civil de la Ciudad de México condenó al ISSSTE al pago de 831 millones 302 mil 409 pesos.

Según la indagatoria, el 28 de enero de 2021 las partes firmaron el convenio de pago y finiquito, fecha en que el ISSSTE saldó el adeudo con un título de crédito del Banco HSBC.

El problema surgió cuando el 23 de febrero siguiente Edmundo Karam Shedid y Adrián Enrique Araiza Talamantes, representantes de la proveedora, se reunieron con mandos de la Dirección Normativa de Administración y Finanzas del ISSSTE para informarles que había un error.

Allí señalaron a los funcionarios que el adeudo real del instituto con la empresa era de 598 millones 749 mil 796 pesos y no de más de 831 millones -como ya lo habían pagado-, por lo que había pagado de más una suma de 232 millones 552 mil 613 pesos.

Pero el problema era mayor. El mismo día el General de División Jens Pedro Lohmann Iturburu, entonces director Normativo de Administración y Finanzas del ISSSTE, ordenó una revisión de las facturas pagadas a Selecciones Médicas del Centro.

Fue allí cuando José Ángel Flores Meléndez, jefe de Servicios de la Coordinación Administrativa, le reportó al General que, tras un cotejo exhaustivo, había descubierto que el pago en demasía no era de poco más de 232 millones sino de 790 millones 941 mil 458 pesos.

En esta compulsa, el funcionario encontró que el adeudo que tenía en ese momento el ISSSTE con este proveedor era de sólo 4 millones 407 mil 704 pesos.

Por ello, el 1 de marzo siguiente el General Lohmann denunció este presunto pago ilegal ante la FGR y el 11 de mayo siguiente el instituto pidió a la Unidad de Inteligencia Financiera bloquear por 6 meses las cuentas bancarias de la compañía proveedora.

Lohmann, sin embargo, fue relevado del cargo y nombrado el pasado 1 de diciembre como director de Birmex, la distribuidora paraestatal de medicamentos.

Por ahora, los presuntos implicados estarán a la espera de reunir datos de prueba para su defensa. El juez Zúñiga les concedió un plazo de tres meses para esos fines, como parte de la investigación complementaria.

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