Privilegian adjudicaciones pese a riesgos de corrupción

Ciudad de México.- Dependencias del Gobierno federal han persistido en adquirir bienes y servicios mediante adjudicaciones directas pese al riesgo de corrupción que entrañan, advirtió el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

Tras realizar un análisis de las compras públicas registradas entre 2019 y lo que va de 2024, el Instituto encontró que se han mantenido prácticas de riesgo, pues no solo se han privilegiado las adjudicaciones directas, sino que también se ha comprado con opacidad y a empresas de reciente creación.

"Desde 2020 se han identificado instituciones que adjudican directamente más del 90% del monto contratado. En 2020, 99% del monto gastado por Laboratorios de Biológicos Reactivos de México (Birmex) fue adjudicado directamente; en 2021, 89% del monto contratado por el Banco del Bienestar mostró la misma característica. En 2022, Diconsa gastó 19 mil 734 millones de pesos en compras públicas y 90% se adjudicó directamente", expuso.

La Constitución establece que la adquisición de bienes y servicios, así como la realización de obras públicas deberá realizarse mediante licitaciones pública, es decir, a través de un procedimiento abierto de competencia entre proveedores para garantizar que el Estado compre en las mejores condiciones de precio y calidad.

Sólo cuando lo anterior no resulte idóneo, se podrá contratar mediante invitación restringida o adjudicación directa.

De acuerdo con los datos del IMCO, la excepcionalidad se ha convertido en la regla en algunas instituciones gubernamentales, lo que abre la puerta a que se cometan actos de corrupción.

El Instituto señala que en 2023 se adjudicaron de manera directa contratos por un monto de 137 mil 958 millones de pesos, que si bien es el segundo menor monto registrado en los primeros años de la actual administración, esto puede deberse a que podría haber un subregistro, ya que creció el monto de la categoría "otros", donde se agrupan aquellas compras que no fueron hechas mediante licitación, invitación restringida o adjudicación directa.

Otro riesgo de corrupción que ha estado presente es la falta de transparencia, el IMCO encontró que en 2022, por ejemplo, más de 13 mil adjudicaciones directas no contaron con el documento del contrato a disposición del público, y poco más de dos mil licitaciones públicas tuvieron documentación incompleta.

"Las instituciones públicas federales incumplen disposiciones como la publicación en tiempo y forma en Compranet, la contratación con empresas idóneas y la justificación debida a los procedimientos de excepción. En 2022, por ejemplo, 45% de las compras públicas fueron publicadas en Compranet después de la fecha de inicio del contrato", indicó.

Una práctica más que compromete la integridad de las adquisiciones es comprarle a empresas de reciente creación, esto es, que tienen menos de un año de haberse fundado, pues lo más probable es que no cuenten con la experiencia ni capacidad para cumplir con lo contratado.

"En lo que va de 2024, las instituciones federales han otorgado contratos por 246 millones de pesos a 55 empresas de reciente creación. Los mayores montos se observan en el Instituto Mexicano del Seguro Social con la contratación de servicio externo de guarderías, procedimientos oftalmológicos y laboratorio y diagnóstico, lo que puede impactar negativamente la calidad de servicios que reciben las personas", señaló el Instituto.