Privilegian 5 dependencias adjudicación directa

Ciudad de México.- Pese a que las adjudicaciones directas deben ser la excepción y no la regla en las compras públicas, cinco entidades y dependencias del Gobierno federal han privilegiado este método en la adquisición de bienes y servicios, informó el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).

La organización ciudadana detalló que estas dependencias son Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México, S.A. de C.V. (Birmex); el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi); las secretarías de Marina (Semar) y de la Función Pública (SFP) y Diconsa, que en 2020, del total de recursos erogados, entre 72 y 98 por ciento lo gastaron por adjudicación directa.

"Las leyes de adquisiciones y obra pública en México establecen que las compras públicas se asignarán por regla general a través de licitaciones públicas y solo en casos excepcionales, debidamente justificados, por adjudicación directa o invitación restringida. La finalidad es garantizar la competencia entre posibles proveedores y asegurar las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento, oportunidad y crecimiento económico", explicó en un comunicado.

Birmex, empresa estatal que, entre otras cosas, ha estado encargada de la recepción de las vacunas contra la Covid-19, asignó el 98 por ciento del monto destinado a compras públicas por adjudicación directa, es decir, más de 3 mil 800 millones de pesos gastados sin concurso.

El Insabi, añadió el IMCO, destinó 12 mil millones de pesos en compras públicas a través de adjudicaciones directas, 75 por ciento del monto total del año pasado.

La Semar gastó mil 900 millones de pesos por adjudicación directa, el 72 por ciento, y 671 millones por licitación.

En la SFP ocho de cada 10 pesos gastados en procesos de compra fueron por adjudicación directa, solo uno de cada 10 se destinó a procesos de licitación pública.

Diconsa solo adjudicó el 4 por ciento a través de licitaciones, lo que representa 460 millones de pesos.

"La ausencia de criterios objetivos para seleccionar proveedores abre espacios a decisiones discrecionales y fallas en la competencia, transparencia y cumplimiento de la ley. Las instituciones federales realizan más de 150 mil compras cada año", advirtió el Instituto.