Preocupa exclusión en nueva Ley de Ciencia

Ciudad de México.- La iniciativa oficial con que el Gobierno pretende actualizar el marco legal bajo el cual se realiza la investigación científica en México continúa sumando voces en contra que señalan sus numerosos efectos perniciosos.

Esta vez la advertencia proviene del Tecnológico de Monterrey, instancia educativa y de investigación que, de aprobarse la Ley General en materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (HCTI) tal como la ha concebido el Conacyt, quedaría severamente relegada del ecosistema científico en el país.

"En general, yo creo que hay un mensaje claro, que hay una exclusión casi sistemática del sector privado en investigación", lamenta en entrevista el médico Guillermo Torre Amione, Vicepresidente de Investigación y Rector de TecSalud en dicha casa de estudios.

Tal exclusión se ve reflejada repetidamente a lo largo de la iniciativa de Ley que el presidente Andrés Manuel López Obrador enviara a San Lázaro en diciembre pasado. El Artículo 33, por ejemplo, compromete en su Inciso III el acceso universal a becas, mas sólo para estudiantes de universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público.

Por otro lado, el Artículo 41 perpetúa el polémico despojo del estímulo correspondiente del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) a académicos de instituciones privadas. Una medida calificada por el gremio como injustificada y discriminatoria, por la cual incluso se han promovido amparos. (Reforma 09/02/2022).

Y es que en realidad la legislación propuesta no hace sino instituir en la normativa del sector esa marcada repulsa que la actual Administración ha demostrado hacia todo lo privado, en este caso la investigación, con una comunidad que ya no tiene las mismas posibilidades para acceder a financiamiento para sus proyectos.

"Aplicar a proyectos de investigación en Conacyt hoy, si estás en una institución privada, no es factible", remarca Torre Amione.

"Yo soy miembro Nivel III del SNI, tengo más de 10 años participando en proyectos, y hemos tenido un número importante de fondeo para hacer proyectos de investigación. Eso ya no es factible, honestamente", reitera el especialista en cardiología, quien ha publicado más de 190 artículos científicos con más de 12 mil citas.

Aunado a esto, continúa el médico, preocupa la pretensión del Conacyt de adueñarse de los derechos de propiedad intelectual de los investigadores (Artículo 36); "francamente, no creemos que eso sea lo correcto". Así como la visión ideológica que priva en la subjetiva definición de qué áreas resultan estratégicas o prioritarias para realizar investigaciones.

"Ahora, ¿qué tanto va a suceder en el futuro? No lo sé, pero sí estamos viendo hoy lo que creemos es una amenaza a la pluralidad en ciencia", advierte Torre Amione.

Músculo científico

Que una instancia como el Tec de Monterrey vea su participación limitada en el panorama científico nacional a causa de una nueva ley -misma que debía estar lista desde 2020- no es cosa menor.

"Es la tercera institución del País, pública y privada, con productos de investigación científica. Por arriba de nosotros nada más se encuentra la UNAM y el IPN, en términos del número de artículos publicados que aparecen en Scopus", asegura el vicepresidente de Investigación de la universidad.

De acuerdo con el propio Tec, de 2016 a 2020 tuvieron más de 6 mil 510 publicaciones en Scopus, la mayor base de datos de resúmenes y citas de literatura revisada por pares. En materia de patentes, por su parte, hace un par de años registraban 150 otorgadas por el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial.

Para 2021, la institución contaba entre sus filas un total de mil 484 profesores investigadores, de los cuales 672 pertenecían al SNI; más del doble que los que tenían una década atrás, cuando apenas sumaban 266.

Entre los espacios en los que su plantilla de investigación lleva a cabo su labor están los institutos de Obesidad y el de Materiales Avanzados para la Manufactura Sostenible, así como los centros de Biotecnología FEMSA, el de Secuenciación Genómica Tec BASE y el de Innovación y Transferencia en Salud (Cites).

Sus científicos lo mismo han trabajado en el desarrollo de pan y tortillas de maíz con concentraciones moduladas de proteínas selenizadas para prevenir el estrés oxidativo -principal causante de enfermedades crónico degenerativas y cáncer-, que en la creación de un fármaco oftálmico para el tratamiento del edema macular diabético y no diabético.

Desde el Laboratorio de Monitoreo de Aguas Residuales (Martec) se analizaron más de mil 600 muestras para detectar la presencia del SARS-CoV-2. Y a través del proyecto OriGen se busca secuenciar el ADN de 100 mil mexicanos de diferentes latitudes para descubrir los efectos de la variación genética en las enfermedades en la población nacional.

"Es un proyecto que creemos nosotros que va a ser emblemático para el futuro del Tec. Estamos comprometidos con la secuenciación de 100 mil mexicanos, no solamente en temas genómicos, pero proteómicos y metabólicos", expresa Torre Amione sobre la iniciativa que suma entre sus recursos un donativo de Microsoft.

"Nuestra estrategia grande de investigación está fondeada primordialmente por donativos de empresas, de individuos y una cantidad de dinero que el Tec ha comprometido a través de reservas que se han hecho históricamente", explica.

Si una instancia privada como el Tec ha demostrado tal autosuficiencia, ¿por qué buscar financiamiento por parte del Estado?

Buscar fondos internacionales, nacionales y locales es el mecanismo normal de cualquier universidad a nivel global competente; eso no precluye que nosotros tengamos que ser excluidos de una estrategia nacional de investigación. Y si tuviéramos más recursos y más facilidades, pudiéramos invertir mejor nuestro tiempo para ser más productivos.

El no poder participar en el mecanismo nacional más importante de investigación en México, clama el Rector de TecSalud, genera un desbalance importante frente a otras instituciones.

"Y, la verdad, la pregunta es: ¿Cuál es la razón de base, la razón fundamental por la cual a un ciudadano mexicano que trabaje en investigación se le excluye?", cuestiona Torre Amione.

"El no querer dar o el no permitir participación en una comunidad nacional-local que está sirviéndose de un fondo federal para investigación, pues nos genera una inequidad en la participación en el sector", refrenda. "Creo que eso refleja una posición ideológica; segundo, nos desincentiva o disminuye la habilidad de nuestros investigadores para ser más efectivos en su ciencia por la necesidad de estar trabajando mucho más para conseguir recursos".

Si la justificación del Conacyt detrás de esto radica meramente en la molestia ante el éxito de una institución privada, tal cual parece ser el sentido que transmiten sus actos, no es más que un mensaje divisorio y, a fin de cuentas, ideológico, insiste el médico, quien asegura la participación del Tec en el movimiento que exige debate y reformulación de la ley a aprobarse.

"La posición del Tec es sumarse a la voz general de las instituciones públicas y privadas de un descontento, de pedir un debate más abierto y más plural.

"No estamos de alguna forma independiente buscando un beneficio para nuestra institución. Estamos buscando crear y sumarnos a una voz nacional que tiene como objetivo realmente crear mayor pluralidad en la discusión, y eventualmente eliminar esta estrategia discriminatoria y divisiva que vemos ahí", resalta.

Empresas, ¿el 'gran villano'?

Recordando lo que le parece la raíz del problema, Torre Amione no tiene clara una fecha, y quizás sea porque Conacyt, particularmente su directora, María Elena Álvarez-Buylla, ha arremetido contra el financiamiento a empresas en más de una ocasión.

"En algún momento, Conacyt manifestó que fondear investigación en empresas o instituciones privadas era una estrategia para hacer que esas instituciones se privilegiaran en forma desmedida y que tuvieran ganancias en intereses personales o para la empresa", rememora.

Álvarez-Buylla, de hecho, ha repetido cada que le es posible esa acusación sobre un presunto desvío de miles de millones de pesos a empresas privadas durante el sexenio pasado a través de instrumentos como los fideicomisos o el Programa de Estímulos a la Innovación; este último, por ejemplo, en realidad servía para invitar a las firmas a invertir en el sector.

Una vinculación que resulta necesaria si se quiere conseguir que el conocimiento generado por los investigadores se traduzca en potenciales desarrollos en beneficio de la sociedad.

"La posición de Conacyt para esto es: '¿Por qué con dinero del Gobierno se va a beneficiar alguna empresa?'. No pueden ver la importancia que tiene una empresa que genera un producto que dé un valor a la comunidad o que genera empleos, mejora la economía mexicana.

"Querer poner una barrera ahí es simplemente limitar tu capacidad de generar conocimiento que directamente impacte en algún beneficio", sostiene Torre Amione. "Esa percepción de que generar mayor valor, riqueza en una empresa es negativo para el país o es detrimental, yo creo que es un pensamiento bastante restringido, limitado, que no permite el crecimiento del país".

Para Torre Amione, el ejemplo más reciente de la importancia de esa relación con la industria está en el desarrollo de las vacunas contra el Covid-19, que se consiguieron en buena parte gracias a la millonaria inyección de recursos a las firmas farmacéuticas involucradas. El propio Conacyt incluso trabaja en su vacuna Patria de la mano de la empresa privada Avimex.

De cualquier manera, tal aversión hacia el sector empresarial por parte de la agencia encargada de la política científica nacional no hace sino complicar el panorama para el Tec y el modelo que se han trazado.

"Toda la estrategia de investigación que nosotros queremos hacer hoy está dirigida a encontrar acciones relevantes que impacten la salud, la economía, las cadenas de suministro. Y estamos convencidos de que nuestra relación con la empresa es fundamental", subraya Torre Amione.

Para tomar en cuenta...

El Tec en la investigación, en números:

-1484 profesores investigadores

-671 pertenecen al SNI

-6510 publicaciones en Scopus de 2016 a 2020

-150 patentes otorgadas en México