Plantean delimitar obligaciones de la Guardia Nacional

Ciudad de México— La impugnación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) contra las leyes de la Guardia Nacional plantea acotar a ese cuerpo de seguridad en materia de inspección migratoria, detención de particulares, uso de armas en manifestaciones y reserva de información.

La CNDH confirmó que promovió ante la Suprema Corte cuatro acciones de inconstitucionalidad respecto de las leyes de la Guardia Nacional (GN); sobre el Uso de la Fuerza; del Registro de Detenciones, y del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Cuestionó las facultades de la GN para revisar el estatus legal e inspeccionar documentos de los migrantes, para detenerlos si están en el País de manera irregular, y para vigilar la entrada y salida de personas hacia y desde territorio nacional.

En su demanda ante la Corte, la CNDH afirmó que permitir a la Guardia detener a su antojo a personas por su apariencia de indocumentados, para requerirles documentos, "denota una criminalización de la migración y perpetua conductas xenofóbicas".

Enfatiza que la Ley de Migración únicamente reconoce como autoridad competente en la materia al Instituto Nacional de Migración (INM).

También, se discute facultades como "realizar investigación para la prevención de delitos", "requerir a las autoridades competentes y solicitar a las personas físicas o morales informes y documentos para fines de investigación".

La Comisión pidió declarar inconstitucionales los aparatados que facultan a la Guardia para solicitar a los jueces la geolocalización de teléfonos celulares o la información almacenada en ellos, y para la vigilancia e inspección sobre la entrada y salida de mercancías y personas en los aeropuertos, aduanas, recintos fiscales, secciones aduaneras, garitas y puntos de revisión aduaneros.

Además, el ombudsman Luis Raúl González Pérez demandó la invalidez del artículo 110 de la Ley General del SNSP, que clasifica como reservada toda la información contenida en las bases de datos del Sistema Nacional de Información.

Urgió a dar certeza a la posibilidad de que los elementos de la GN utilicen armas, incluso letales, contra quienes participen en manifestaciones o reuniones públicas, lo que vulnera los derechos fundamentales de libertad de expresión y de reunión.

No obstante, la Comisión aclaró que no pidió la invalidación de las leyes, sino que busca la consolidación del marco jurídico que rige a la GN.

"La CNDH no impugnó las leyes en su totalidad; además de señalar omisiones legislativas presentó argumentos sobre partes muy específicas de dichas leyes con la finalidad de que el Máximo Tribunal del país resuelva sobre su constitucionalidad y apego a los derechos humanos", indicó.

Un ministro de la Corte de Justicia admitió el viernes a trámite dos de las cuatro acciones.