‘Persiguen a los empresarios, pero sueltan a delincuentes’

Ciudad Juárez— Como un Estado de Derecho fallido y que fue expuesto a nivel internacional es como expertos penalistas califican los hechos ocurridos el pasado jueves en Culiacán, Sinaloa, luego de que autoridades lograran la aprehensión de Ovidio Guzmán y fuera liberado horas después.

De acuerdo con las opiniones, el actuar del gobierno mexicano fue incongruente, debido a que por un lado se inicia una “persecución” contra empresarios con la reciente aprobación de la Ley de Defraudación Fiscal, que califica este delito como actos de delincuencia organizada; mientras que por el otro, se deja en libertad a un detenido en los términos de flagrancia.

“Es un mensaje claro de la falta de gobierno y del Estado de derecho fallido, lejos del argumento de combate a la corrupción, porque van contra los empresarios para evitar la evasión de impuestos y ahora perdonan a quien durante tiempo se le han integrado investigaciones”, dijo el abogado penalista, José Navarro.

Agregó que la situación registrada en Sinaloa puso en un grado de vulnerabilidad a la población en general, debido a que fue el mismo gobierno mexicano quien propició la situación de riesgo.

“Quien está poniendo en riesgo a la comunidad es el gobierno federal, porque sabiendo o teniendo concomimiento de la capacidad de los recursos que tienen estas personas, instruye a dos patrullas de la Guardia Nacional hacer esa intervención”, dijo.

Asimismo explicó que la acción gubernamental también una violación al artículo 150 del Código Penal Federal, que en su título cuarto habla sobre delitos contra la seguridad pública.

“Esta persona fue detenida en flagrancia, y según se dijo, cuenta con una orden de aprehensión, por lo que debió ser privado de su libertad, sin embargo, al haberlo soltado se cometió una evasión de presos, lo que también es un delito federal y es castigado aún si quien lo propició fue un servidor público”, comentó.

Navarro contrastó lo sucedido con el argumento del gobierno de Andrés Manuel López Obrador para acabar con la corrupción y los delitos de defraudación fiscal, ahora considerados como actos de delincuencia organizada.

“Estas reformas realizadas en materia fiscal ponen en un supuesto jurídico de prisión preventiva oficiosa, que establece una sanción superior a los tres años de prisión a quien enajene comprobantes fiscales,  lo que la autoridad señala como la compra y venta facturas falsas. Entonces al poner a ese nivel de delincuencia organizada ese delito, propicia una persecución contra un grupo determinado de personas, en este caso, empresarios que son quienes sostienen económicamente al país y que estamos de acuerdo que esta conducta (defraudación fiscal) no son actos correctos y son violatorios, pero no a ese nivel”, dijo.

El abogado reiteró que lo ocurrido en la ciudad de Culiacán manda un mensaje claro de que se protege a quien comete delitos graves, actuando de manera parcial, mientras se persigue con todo el peso de la ley a otros grupos de personas que no ameritan penas tan severas.