País de orfandad

Ciudad de México.- Romina y Damián quedaron huérfanos el último día de 2016, cuando su madre Campira Camorlinga fue víctima de feminicidio a manos de Jorge Humberto Martínez Cortés, "El Matanovias".

Con apenas dos años y 11 meses de edad, Romina no supo entonces de la ausencia de su madre, mientras que Damián, su hermano de 12 años, lo asimiló, en apariencia, con tranquilidad, pero entrando a la secundaria comenzó a tener episodios depresivos.

Tras el asesinato de Campira en la Ciudad de México, su madre, Margarita Alanís, asumió el cuidado de los menores. Radicada en Acapulco, Guerrero, la mujer de 64 años reconoce en entrevista telefónica que fue difícil regresar a la dinámica de la escuela, los útiles, las tareas, la alimentación, cuidar el ambiente familiar y todo lo que implica tener menores bajo cuidado, luego que ella y su esposo ya estaban retirados, dedicados a cuidarse a sí mismos.

"La niña no lo entendió, solo le dije 'tu mami se durmió y ya no va a poder despertar', y ella me dijo 'no hay problema, abuelita, vamos a llamar al doctor', le dije que su mami ya no iba a despertar nunca, pero se fue a jugar", cuenta.

Fue hasta los cinco años cuando Romina comprendió que su madre había muerto.

A Damián sí le explicaron la circunstancia en la que Campira falleció. El niño ya había perdido a su padre a causa del cáncer; en un inicio, la familia pensó que había asimilado mejor la muerte de su madre, pero en la secundaria comenzó a presentar problemas con su aprovechamiento, los directivos lo tachaban de flojo y su abuela prefirió sacarlo de la escuela pública para cambiarlo a un plantel privado, donde la psicóloga detectó que no era apatía sino que el niño tenía un problema de depresión y lo ayudó a salir adelante.

Romina y Damián, cuyos nombres fueron cambiados para proteger su identidad, son sólo dos de decenas de miles de niñas y niños que han quedado en orfandad a causa de la violencia criminal, los feminicidios o, más recientemente, por la pandemia de Covid-19.

Sin registro

En México, las autoridades no tienen un registro oficial de cuántos infantes están en la misma circunstancia que los nietos de Margarita Alanís, lo que complica que las instituciones encargadas de protegerlos puedan darles la atención necesaria.

De acuerdo con un estudio publicado el mes pasado por la revista científica británica The Lancet, México se ubicaba entonces como el país con el mayor número de menores en orfandad a causa del Covid-19, con al menos 131 mil 325 casos registrados hasta marzo.

Con la cifra actualizada al 4 de agosto, el número se incrementó a 146 mil 847 menores huérfanos, aunque ahora India y Brasil puntean la estadística.

Sobre orfandad por feminicidio, las únicas cifras las recopilaron el Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) y la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) para elaborar el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, pero las cifras están incompletas.

De acuerdo con estas instituciones, en 2019 se registraron 796 niños y niñas que quedaron huérfanos por feminicidio, pero sólo se contó con información compartida por las Fiscalías de 26 estados, mientras en 2021 documentaron 210 menores en orfandad entre enero y abril, con datos de 18 fiscalías. No hay cifras de 2020 y mucho menos de los años anteriores a 2019.

Saber cuántos huérfanos ha dejado la guerra contra el narcotráfico es más complicado aún, pero la organización Data Cívica estimó, con datos del INEGI y del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), que de 2007 a mayo pasado habría 245 mil 376 huérfanos de padre y 20 mil 408 huérfanos de madre a causa de crímenes con armas de fuego.

El cálculo se realiza partiendo de que en ese periodo fueron asesinados en México 184 mil 528 hombres y 15 mil 347 mujeres de 12 años o más con arma de fuego, y que, según el INEGI, en el 2020, el 67.5 por ciento de las mujeres de 12 años o más tuvo un promedio de 1.9 hijos, dato que sólo existe para las mujeres, por lo que se usó el mismo para el caso de los hombres.

Más vulnerables

Nancy Ramírez, directora de Incidencia Política de Save the Children en México, lamenta que el Gobierno federal no tenga cifras concretas que permitan identificar cuántas niñas y niños han quedado huérfanos a causa de la violencia en el país.

La especialista señala que tener un registro oficial ayudaría a detectar las situaciones de vulnerabilidad en la que quedan los menores, como saber si tienen una red de apoyo familiar, como en el caso de Romina y Damián, quienes quedaron bajo el cuidado de su abuela, o si será necesario que vayan a parar a un centro de asistencia social.

"Todos estos supuestos se pueden identificar sólo a partir de poder saber quiénes son estos niños y niñas, y cuántos son, y qué tipo de intervenciones necesitan", señala Ramírez.

"Cuando son niñas y niños en comunidades afectadas por el crimen organizado, por ejemplo, están más vulnerables al reclutamiento forzoso por parte del crimen o por grupos de autodefensas, están más vulnerables a la explotación infantil, que puede ser comercial o sexual, a vivir situación de calle, a abandonar la escuela y más vulnerables al maltrato y la violencia física, emocional y sexual", advierte.

Para Sandy Poire, directora de Calidad y Asuntos internacionales de Save the Children en México, además de exigir un padrón de menores afectados otra demanda pertinente es que las autoridades realicen una evaluación de los impactos en la niñez a causa de la pandemia, pues advierte que se han registrado incrementos en suicidios, además de afectaciones a su derecho a la educación y falta de esparcimiento al estar confinados por mucho tiempo.

"Estamos hablando de la necesidad de una respuesta mucho más clara, con la creación de programas específicos", añade.

Protocolo de atención

En los esfuerzos para atender a los menores, el 4 de agosto se publicó el Protocolo Nacional de Atención Integral a Niñas, Niños y Adolescentes en condición de orfandad por feminicidio, para marcar las responsabilidades de cada autoridad involucrada.

Al respecto, Fabiola Alanís, titular de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), destaca que desde 2019 se había trabajado en el protocolo, por lo que confió en que su publicación ayude a atender a la población de menores.

"Ya es muy grave perder a una madre, y luego se viene una cadena de tragedias que se deben, en primer lugar, con la revictimización que a veces se hace; tiene que ver con la falta de atención al duelo, con el desconocimiento de algunas instituciones de la necesidad que tiene una víctima", dice.

"Por ejemplo, conocimos de viva voz cómo, frente al asesinato de su madre, en el caso de tres niños los separaron y los distribuyeron con diferentes familiares, y entonces se pierde el único apoyo emocional que tiene cada uno de ellos".

Alanís destaca que ahora en el protocolo queda claro que el primer respondiente ante un feminicidio deberá reportar si en el lugar de los hechos había niños, si entre las víctimas había niños o si la víctima era madre.

"Es el primer asunto en el que hemos insistido, el siguiente momento es la investigación misma, los agentes del Ministerio Público deben integrar sí o sí en la carpeta de investigación la existencia de esas víctimas indirectas", agrega.

Y sigue el Viacrucis

El protocolo de atención a menores en orfandad por feminicidio incluye una serie de responsabilidades para diferentes autoridades de los tres niveles de Gobierno, pero este no existía hace cuatro años y medio, cuando la señora Margarita Alanís tuvo que asumir el cuidado de sus nietos.

Apenas en agosto de 2020, más de tres años después del feminicidio de su hija Campira, ha comenzado a recibir la beca Leona Vicario de la Ciudad de México: 832 pesos mensuales por cada uno de sus nietos.

Pero en cambio, el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento (Adevi), de la Fiscalía capitalina, le dejó de pagar en diciembre pasado los pasajes que antes cubría cuando ella tenía que trasladarse de Acapulco, donde vive, a la Ciudad.

Otro procedimiento que en más de cuatro años no ha podido arreglar es la pensión que antes recibía Damián por la muerte de su padre, y es que tras el asesinato de Campira, el IMSS le suspendió los depósitos. Le dijeron a Margarita que tenía que tramitar primero la tutoría legal del niño, para lo cual se tardó dos años y medio.

Apenas en noviembre de 2020 le dijeron en el Seguro Social que todos sus documentos se habían extraviado, por lo que le pidieron todo de nuevo.

"Es fecha que no me resuelven nada, y lo peor de todo es que ahora me salieron con que, cuando mucho, me van a dar un año retroactivo de la pensión", lamenta Margarita.

Aunque ella y su esposo están pensionados, requieren la ayuda para sacar adelante a sus nietos y solventar sus propios gastos.

"Me he llenado de tarjetas de crédito que antes yo ni tenía, me he llenado de deudas, sobre todo este año, porque por la pandemia tuve muchos problemas, y ahorita estoy súper endeudada, pero no me importa con tal de que ellos estudien y hagan algo, porque mi idea es que tengan un buen futuro", cuenta conteniendo el llanto.