Diario
Nacional
jueves, 05 diciembre 2019 | 17:02
Ciudad de México.- Los Gobiernos de Andrés Manuel López Obrador y de Donald Trump acordaron fortalecer la cooperación en materia de seguridad.
Luego de las reuniones entre funcionarios mexicanos con el Fiscal General de EU, William Barr, se acordó promover el Grupo de Alto Nivel de Seguridad México-Estados Unidos para combatir la delincuencia organizada y al crimen que opera de forma transfronteriza.
De acuerdo con la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), los servidores intercambiaron puntos de vista y conversaron, de forma cordial y respetuosa, sobre las prioridades en materia de seguridad para ambas partes.
Las delegaciones abordaron el tráfico de armas, lavado de dinero, trasiego internacional de drogas y cómo hacer frente en conjunto al crimen transnacional y al tráfico internacional de drogas.
La visita del Fiscal General de Estados Unidos se da tras el ataque a la familia mexicoamericana LeBarón en Sonora y a una semana de que Trump anunciara su intención de nombrar a los cárteles de la droga mexicanos como organizaciones terroristas extranjeras.
Barr se reunió primero con su homólogo mexicano, Alejandro Gertz, en la sede de la Fiscalía General de la República.
Más tarde, lo hizo con López Obrador en el que también participó el secretario de la Defensa, el General Luis Crescencio Sandoval González.
Luego se llevó a cabo una reunión bilateral con Estados Unidos en materia de seguridad en la sede de la Cancillería.
Ahí participaron los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo; el de Marina, José Rafael Ojeda, y el Embajador Christopher Landau por parte de los Estados Unidos.
Aunque el comunicado de la SRE no menciona nada sobre la designación de los cárteles de la droga como organizaciones terroristas extranjeras, de acuerdo con los procesos estadounidenses, el Fiscal General de ese país es clave para hacer la designación de nuevas organizaciones terroristas extranjeras.
Para llevar a cabo la denominación, el Departamento de Estado debe de consultarlo con el Fiscal General y el Secretario del Tesoro, y posteriormente se debe de notificar al Congreso de Estados Unidos.