Obtienen comunidades suspensión contra obras de Tren Maya

Ciudad de México— Comunidades indígenas, campesinas, urbanas y costeras de Campeche, Yucatán y Quintana Roo, así como organizaciones de la sociedad, obtuvieron en días pasados la suspensión definitiva relacionada con un amparo presentado en julio de 2020 en contra del Tren Maya, con lo que las obras del tramo 2 del proyecto deberán frenarse.

"Como efecto de la suspensión no se podrán ejecutar obras nuevas con relación al proyecto Tren Maya en el tramo 2, que abarca de Escárcega a Calkiní, en el estado de Campeche (y que ya está en desarrollo)", informaron en un comunicado las organizaciones Centro Mexicano de Derecho Ambiental (Cemda); Indignación, Promoción y Defensa de los Derechos Humanos, y el Consejo Regional Indígena y Popular de Xpujil (CRIPX).

Con esta resolución, la autoridad judicial permite a las personas que interpusieron el amparo poder celebrar un proceso judicial sin que se realicen obras que podrían generar daños irreparables, dijeron.

"Esperamos que, ante los argumentos presentados, el Estado mexicano pueda aplicar el principio de precaución, que ya es vigente en México para todas las autoridades, y decida suspender todo el proyecto", señalaron.

Enfatizaron que las autoridades responsables de la obra que deberán acatar la suspensión concedida por la autoridad judicial son el Fondo Nacional de Promoción al Turismo (Fonatur), la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Presidencia de la República, el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), así como Fonatur Tren Maya.

Con relación a la reciente autorización de la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del tramo 1 del Tren Maya, otorgada por Semarnat a Fonatur Tren Maya, tampoco podrán realizarse obras para dicha fase, ya que dentro de esta se incluyen obras nuevas en el tramo 2 de Escárcega a Calkiní.  

"El colectivo de personas y organizaciones que interpusimos la demanda de amparo, decidimos conjuntamente ejercer nuestro derecho de acceso a la justicia, debido a las violaciones a nuestros derechos humanos fundamentales como el acceso a un medio ambiente sano para nuestro desarrollo y bienestar, ocasionados por los graves impactos ambientales y sociales del proyecto integral Tren Maya", aseveraron.

Por lo anterior, hicieron un llamado al Poder Judicial a mantener y ejecutar la suspensión definitiva, pues sólo de esta forma se garantiza el respeto de nuestros derechos humanos.

Asimismo, pidieron a la autoridad judicial que actúe con mayor diligencia en este caso, pues en los diferentes procesos de defensa que se han interpuesto en la Península de Yucatán hay retrasos.

"Existe una tardanza generalizada en la admisión de las demandas entre cuatro y seis meses, suspensiones insuficientes, desacato de las suspensiones y falta de sanción a las autoridades responsables", sostuvieron.