Nombramiento fue de manera autoritaria, critican

Organizaciones defensoras de los derechos humanos de la ciudad cuestionaron el nombramiento del general de brigada Luis Rodríguez Bucio como comandante de la Guardia Nacional.

Luego de que la iniciativa de reforma que le dio vida a la Guardia Nacional se tuvo que modificar para que fuera un mando civil quien estuviera al frente del cuerpo policial, el presidente Andrés Manuel López Obrador escogió para dirigir a la corporación a un general de brigada en proceso de retiro, trámite que inició en diciembre y concluirá en agosto próximo.

“Las organizaciones civiles no recibimos con beneplácito el nombramiento; a pesar de que se consultó a las organizaciones, el presidente terminó decidiendo el asunto de una manera autoritaria”, señaló Óscar Enríquez Pérez, director del centro de derechos humanos Paso del Norte.

“Creemos que este mando genera más preocupación y desaliento, porque la propuesta de las organizaciones que hablamos ante el poder legislativo para la conformación de la Guardia era la de un mando civil y no se consiguió en última instancia”, agregó el derechohumanista.

Por su parte la defensora de los derechos humanos y directora de la Red Mesa de Mujeres, Imelda Marrufo Nava, rechazó el nombramiento al considerar que “el presidente no escucha a las organizaciones de la sociedad civil”.

“El nombramiento desatiende las peticiones de los defensores de los derechos humanos, además de no cumplir con varias sentencias internacionales contra abusos por parte del Ejército mexicano contra los ciudadanos”, agregó.

“Al presidente se le ha dado de manera sobrada hacer este tipo de nombramientos debido a la aceptación con la que cuenta sin reparar en la opinión de las organizaciones civiles”, dijo.

Marrufo Nava adelantó que las organizaciones derechohumanistas en el país vigilarán junto con un representante de la alta comisionada para los derechos humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, la conformación, la aprobación de las leyes secundarias y la implementación de la Guardia Nacional.

Ayer también inició el proceso en la Junta de Coordinación Política del Senado para la conformación del paquete de leyes secundarias que le dará un marco legal a la Guardia. Se trata de la Ley Orgánica de la Guardia Nacional, la Ley Nacional de Registro de Detenciones, la Ley Nacional del Uso de la Fuerza y la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

De igual forma se deben procesar las modificaciones al Código Penal y de Procedimientos Penales y la normatividad de la reforma al artículo 19 para ampliar el catálogo de delitos a los que el Ministerio Público podrá solicitar al juez la prisión preventiva oficiosa cuando otras medidas cautelares no garanticen la presencia del imputado en el juicio.

Estas normativas tendrán que estar aprobadas antes de que concluya el término de 90 días, en junio, establecido para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

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