No más privilegios: Secretaría de la Función Pública

Ciudad de México— El cumplimiento de las medidas previstas en la Ley Federal de Austeridad Republicana -que hoy entra en vigor-, será vigilado por los 213 Órganos Internos de Control del Gobierno federal, prometió ayer Irma Eréndira Sandoval, Secretaria de la Función Pública.

En un comunicado, la funcionaria dijo que la nueva norma permitirá acabar con el dispendio y la corrupción en la Administración Pública Federal, así como prevenir conflictos de interés y fortalecer el gasto social.

"La nueva ley frena el derroche, separa el interés público del privado y prohíbe de manera expresa afectar negativamente los derechos sociales, como educación, salud y bienestar social, previstos en la Constitución y en tratados internacionales suscritos por México", indicó.

Entre otras cosas, la ley prohibe la compra o arrendamiento de vehículos cuyo valor comercial supere los 367 mil pesos, así como la contratación de seguros de gastos médicos mayores y de separación individualizados.

"Queda prohibido contratar con recursos públicos cualquier tipo de jubilaciones, pensiones y regímenes especiales de retiro, de separación individualizada o colectiva, así como seguros de gastos médicos privados, seguros de vida o de pensiones que se otorguen en contravención a lo dispuesto en decreto o alguna disposición general, Condiciones Generales de Trabajo o contratos colectivos de trabajo".

En uno de sus artículos transitorios se señala que se cancela cualquier tipo de pensión que se hubiere creado para los ex Presidentes del País.

También queda prohibido asignar a ex titulares del Ejecutivo federal, servidores públicos, personal civil o de las fuerzas armadas, cuyos salarios sean cubiertos con recursos del Estado.

Agrega que los bienes muebles o inmuebles que estén a su disposición y formen parte del patrimonio federal se reintegrarán a las dependencias correspondientes a partir de que esta Ley entre en vigencia.

Otra restricción que se impone a los altos servidores públicos es que, una vez que se hayan separado de su cargo, no podrán emplearse en empresas del sector privado que hayan supervisado o regulado, con la finalidad de impedir la entrega a éstas de información privilegiada que hayan obtenido en el ejercicio de su cargo público.

Se establece, además, la creación de un Comité de Evaluación que será encabezado por las Secretarías de Hacienda y de la Función Pública, el cual recibirá de los entes públicos un reporte anual y a su vez entregará informes de evaluación a la Cámara de Diputados.