Niegan 'blindar' a testigos civiles en juicios militares

Ciudad de México.- La Suprema Corte de Justicia rechazó hoy una propuesta que impedía a jueces y fiscales militares requerir directamente a civiles para rendir testimonio, aportar información, y en general, participar en investigaciones y juicios por delitos del fuero de guerra.

La mayoría de ministros y ministras se pronunció hoy contra una propuesta que obligaba a las autoridades militares a pedir auxilio de jueces o fiscales civiles para requerir a personas físicas o morales que no son parte de las Fuerzas Armadas.

"Cualquier disposición que prevea facultades en favor de las autoridades militares para imponer, por sí, obligaciones o cargas relacionadas con la investigación con delitos o faltas a la disciplina castrense equivale a sujetar a una persona civil a la jurisdicción militar, lo cual resulta contrario al artículo 13 de la Constitución", proponía el proyecto del ministro Luis María Aguilar.

Lo anterior, como parámetro para la revisión de la reforma de 2016 a los códigos de Justicia Militar y Militar de Procedimientos Penales, impugnada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

Es la primera vez que la Corte discute este este tema, pues a lo largo de más de una década, el tribunal ya ha definido en múltiples sentencias los limites del fuero militar, tratándose de los acusados de un delito y de las víctimas.

Pero la mayoría del Pleno consideró hoy que la intermediación de autoridades civiles para llamar a testigos civiles, sólo serviría para retasar los procesos en los tribunales militares, por lo que antes de que se tomara votación, Aguilar ofreció entregar una nueva versión de su proyecto, que probablemente se discutirá el 27 de marzo.

Varios ministros ya adelantaron que votarán por la validez de las normas de ambos códigos que prevén testimonios y otras colaboraciones de civiles, aunque hay algunos temas donde aún se podría declarar la invalidez, como la intervención de comunicaciones privadas, y la clasificación de toda la información de las investigaciones militares como confidencial.

"No me parece que las facultades que puedan tener los tribunales militares para llamar a testigos civiles o ejercer medidas de apremio a los asistentes civiles a un juicio militar, equivalga a extender su jurisdicción sobre ellos", afirmó Juan Luis González Alcántara.

"Exigir a los tribunales militares actuar a través de tribunales civiles para imponer cualquier obligación o carga a civiles en el curso de la investigación y del juicio, tendría como consecuencia la demora injustificada en la resolución", agregó.

La presidenta Norma Piña consideró que este tipo de colaboraciones agregaría una carga de trabajo innecesaria a los jueces civiles, y que, en todo caso, los afectados por este tipo de "actos de molestia" de los militares, pueden acudir al juicio de amparo.

Arturo Zaldívar afirmó que citar a un testigo o pedir un informe no implica "extender la jurisdicción" de los tribunales militares, pues la jurisdicción es la facultad de juzgar al acusado, pero admitió que, en caso de resistencia del civil requerido, seria necesario que una autoridad civil lo obligue a comparecer.

Loretta Ortiz criticó que los códigos militares siguen siendo contrarios a las sentencias que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dictado contra México en varios casos, pero también rechazó que citar a civiles viole los limites del fuero militar.

El único ministro que apoyo la intermediación civil, incluso con más rigor que lo propuesto por Aguilar, fue Alfredo Gutiérrez, quien advirtió que los jueces militares no son parte de un Poder autónomo, sino oficiales del Ejercito designados por el presidente de la República e integrantes del Poder Ejecutivo.

Para Gutiérrez, los militares no sólo tendrían que pasar por un juez civil, sino que este tendría la ultima palabra para decidir si se cita o no a la persona requerida, al tiempo que cuestionó si la Corte va a permitir que autoridades castrenses ejecuten cateos o intervengan comunicaciones de civiles.