PUBLICIDAD

Nacional

Lo que viene en 2022

Grupos advierten sobre los desafíos que no se están atendiendo y de las políticas y proyectos gubernamentales que señalan como inviables

Abel Barajas, Claudia Salazar y Érika Hernández
Agencia Reforma

domingo, 02 enero 2022 | 09:18

Omar Morales / El Diario | Migrantes cruzan el Río Bravo

PUBLICIDAD

Ciudad de México.- El año que recién inicia vislumbra retos en lo económico, incertidumbre en cuestiones políticas y de conclusión de obras, problemáticas sociales, migratorias y de seguridad que, en vez de aminorar, pintan para agravarse, así como disputas que se definirán en las urnas o en los tribunales.

Mientras el Presidente López Obrador y su partido, Morena, presumen que la Cuarta Transformación está cambiando de fondo al País, la Oposición y otros grupos de la sociedad advierten sobre los desafíos que no se están atendiendo y de las políticas y proyectos gubernamentales que señalan como inviables.

El drama sin fin de los migrantes

En 2021 se rompieron todos los récords migratorios, lo que hace pensar, junto con la continua presión de Estados Unidos y la falta de una estrategia clara de parte del Gobierno federal, que en este nuevo año el drama de la movilidad humana continuará en México, coinciden especialistas.

Entre enero y octubre, el Instituto Nacional de Migración (INM) detuvo a poco más de 228 mil migrantes, cuando la cifra récord desde 2007 era de 198 mil en todo el año 2015; en materia de solicitantes de refugio, el País recibió hasta noviembre 123 mil peticiones, 75 por ciento más que el récord de 2019.

Sin embargo, el flujo es mucho mayor, pues las autoridades estadounidenses reportaron este año, hasta septiembre, 991 mil encuentros con migrantes de Centroamérica en su frontera sur, los que habrían pasado por territorio mexicano.

Aunque los flujos migratorios podrían disminuir en los primeros meses del próximo año, pues normalmente hay menor movilidad en invierno, se prevé que en 2022 continúe la tendencia de 2021.

Tonatiuh Guillén, experto en la materia y ex titular del INM en esta Administración, destacó que la migración en 2021 se volvió más diversa y como ejemplo puso el gran número de personas haitianas, que por primera vez fueron las que más pidieron asilo ante la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar).

"La política de gestión de ese desafío va a depender mucho de lo que finalmente se acuerde con Estados Unidos, por ejemplo, vamos a tener nuevamente el programa Quédate en México, que es muy probable que madure y se consolide en el año 22", plantea.

Y agrega que la carga de la atención seguramente caerá en la sociedad civil y los estados, no tanto en la Federación, lo que ya se comenzó a ver con las personas haitianas que el INM dispersó por varias entidades.

"Las grandes preguntas serán sobre el rol de la Guardia Nacional, si se consolida o suaviza su posición como aparato de control migratorio, y la misma historia con el INM que ya está militarizado", señala.

Hasta ahora, al menos 17 de los representantes estatales del INM son militares o marinos en retiro.

Como tema paralelo plantea el combate al tráfico de personas, que se ha vuelto un negocio más lucrativo cuanto más dura es la política restrictiva del Gobierno.

Por separado, Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, considera que la tragedia en la que murieron 55 migrantes al volcar un tráiler en Chiapas debe dejar en claro que el sistema está a punto de reventar.

"Es una situación que no se guía ni atendiendo a los argumentos demográficos ni a los de dignidad humana ni a los argumentos de mercado laboral y globalización, sino solo obedece a una reacción a políticas de Estados Unidos, basadas en la xenofobia y la discriminación", lanza.

Agrega que si se quiere mejorar la gestión migratoria en el siguiente año se debe empezar por acabar con la opacidad del INM y fortalecer a la Comar.

"Es insostenible que nadie vigile al INM, que no le haga caso a los amparos, a la CNDH, a la Función Pública, a sus propios documentos, es una institución totalmente fuera de control y en la impunidad absoluta".

Prevén crezca brecha en servicios de salud

Alcanzar un sistema universal que ofrezca servicios integrales de salud para toda la población mexicana, como lo prometió la actual Administración, no sólo se ve lejano, sino que actualmente la brecha es aún mayor, pues mientras en 2018 16 por ciento de los mexicanos carecía de acceso a servicios de salud, para 2020, el porcentaje aumentó a 28 por ciento, según Coneval, lamentan expertos.

"A tres años de Gobierno de la 4T, es evidente que en materia de salud hay un proyecto fallido y sin futuro y quien está al frente carece de visión y habilidades gerenciales y desarrolló un proyecto de salud poco razonable", considera Octavio Gómez-Dantés, académico e investigador del Instituto Nacional de Salud Pública.

Para el experto, en ausencia de un proyecto viable, la actual Administración debe emprender de inmediato acciones como el fortalecimiento del gasto en salud y llevarlo al nivel que estaba en el 2015, antes de que empezaran los recortes durante el Gobierno del Presidente Enrique Peña Nieto, cuando el presupuesto de la Secretaría de Salud era de alrededor de 153 mil millones de pesos.

"Tanto daño como el que le ha hecho la 4T, le hizo la administración de Peña Nieto, al reducir de manera tan escandalosa (en 35 mil millones pesos) y sin precedentes el presupuesto de la Secretaría de Salud.

"En los dos primeros años de la Administración del Presidente López Obrador el presupuesto de la Secretaría de Salud (...) siguió disminuyendo y ahorita está por encima de los 100 mil millones de pesos", afirma el investigador del Centro de Investigación en Sistemas de Salud del INSP.

Dice que además es indispensable definir de manera clara los criterios para la distribución de recursos públicos para salud hacia las entidades federativas.

"Que existan reglas claras para la distribución de los recursos públicos para la salud, para que (los estados) puedan planear y operar de mejor manera los servicios, porque ha habido una grandísima incertidumbre con la creación del Insabi", asegura.

El experto indica que además urge recomponer el sistema de compra consolidada de medicamentos que se destruyó.

"Lo que habría que hacer es recuperar la experiencia que existía antes del 2019. Había posiblemente problemas de corrupción, pero la compra de medicamentos funcionaba de manera más o menos razonable".

Por su parte, Mariana Campos, coordinadora de Gasto Público y Rendición de Cuentas de México Evalúa, asegura que el País está yendo en sentido contrario a la universalización de los servicios de salud, pues ha aumentado el número de mexicanos sin acceso ellos. Apuntó que Coneval documentó que, mientras en 2018, 20 millones carecían de acceso, para 2020 la cifra ascenció a 35 millones.

Además, alerta, actualmente el Insabi sólo ofrece un tercio de las consultas médicas que anteriormente ofrecia el extinto Seguro Popular.

Las megaobras, a contrarreloj

Cuando el Presidente López Obrador prometió inaugurar la refinería de Dos Bocas en junio de 2022 dijo que iba a comenzar a procesar 340 mil barriles de petróleo diarios.

"¿Por qué el 1 de junio? Porque ese día se van a cumplir cuatro años del triunfo democrático de México y ese día vamos a venir aquí a Paraíso a inaugurar esta nueva refinería", indicó en una visita a la obra.

Se equivocó en la fecha, pues él ganó el 1 de julio de 2018, pero lo corrigió el 14 de octubre pasado, cuando se había reprimido una protesta laboral en la obra.

"Vamos a inaugurar el día 2 de julio del año próximo y se va a llamar 'Olmeca', como homenaje a la cultura madre".

El 6 de diciembre, en su comparecencia en el Senado, la Secretaria de Energía, Rocío Nahle, informó de un avance del 69.2 por ciento y que la inauguración será apenas el inicio de las pruebas de los equipos.

"La fecha prevista para la terminación de construcción e inicio de pruebas y arranque de los más de 90 mil equipos de esta refinería, deberá iniciar en julio del 2022", expresó Nahle.

Aun así, la promesa de inaugurar las instalaciones parece difícil de cumplir tanto para el senador Julen Rementería, secretario de la Comisión de Energía, como para un obrero que ahí labora.

"Quizás hagan algún evento de relumbrón, como para que el Presidente tenga más popularidad, pero de eso a que dé los resultados anunciados, creo que es una gran mentira. Es más, ni siquiera han calculado cuánto durarán las pruebas", dice Rementería, quien dudó del avance que dio Nahle en el Senado.

"No pareciera que llevaran ese avance, no hay pruebas de que así sea, y lo peor es que no hay fuentes donde se pueda corroborar esa información", agrega.

Según un obrero, adentro de la obra presupuestada en 8 mil 900 millones de dólares, nadie habla de que el trabajo se termine en julio.

"Tal vez arranque una parte o un paquete, a lo mejor el área de oficinas, pero le falta muchísimo. Todas las subestaciones eléctricas, le queda para terminarlas como un año de trabajo, unas están listas, pero a la mayoría le falta. Falta mucho montaje de estructura. Todavía no se ha terminado lo civil y falta lo mecánico, la instrumentación, lo eléctrico", señala vía telefónica.

La refinería está proyectada con 17 plantas de proceso, 57 tanques y 34 esferas de almacenamiento.

Aceleran otras

En 2022 se espera que el Tren Maya, el Corredor Transístmico y el Tren Interurbano México-Toluca aprovechen el decreto de López Obrador con el que ordenó dar permisos a sus obras aun sin llenar los requisitos.

Está previsto que las tres obras queden en 2023, aunque en el caso del Tren Maya, el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur), Rogelio Jiménez Pons, reconoció un avance desde mayo de 2020 a la fecha del 32 por ciento.

"Nos sigue pegando lo del Covid-19, por ejemplo, hay retraso de entrega de maquinaria que viene de Europa para fábricas de durmientes", dijo el 16 de diciembre sobre la obra presupuestada originalmente en 140 mil millones de pesos.

En algunos tramos, como el I, de Palenque a Escárcega, apenas se han retirado los rieles del antiguo tren y se comienza a aplanar. La fábrica de durmientes de la empresa China Communications Construction Company, instalada en Balancán, Tabasco, aún no inicia operaciones.

Jiménez Pons, sin embargo, asegura que el decreto de López Obrador, con el que además se denominó a sus obras como de seguridad nacional, les ahorrará medio año en trámites.

En el caso del Corredor Transístmico, el último cálculo de su avance fue dado en septiembre, en el Tercer Informe de López Obrador: un 48 por ciento. En junio de 2020, había prometido inauguraciones parciales para 2020, pero el 19 de marzo pasado indicó que quedará completo en 2023.

A finales de diciembre, la Secretaría de Comunicaciones anunció que el Tren Interurbano tiene un avance de 76.42 por ciento.

"Creo que todas las obras traen retrasos, y no es factible saber cuándo estarán listas, porque sólo el Gobierno federal tiene la información para proyectar", expresa el director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, Edmundo Gamas.

Disputan seis gubernaturas

En seis estados de la República, habrá elecciones para renovar la Gubernatura el 5 de junio de 2022: Aguascalientes, Durango, Hidalgo, Oaxaca, Quintana Roo y Tamaulipas.

En Durango también se renovarán 39 Presidencias Municipales y en Quintana Roo el Congreso local que tiene 25 diputaciones (15 de mayoría relativa y 10 de representación proporcional).

En Aguascalientes, con Martín Orozco, y Tamaulipas, con Francisco García Cabeza de Vaca, gobierna el PAN; en Durango, con José Rosas Aispuro, y Quintana Roo, con Carlos Joaquín González, el PAN-PRD; en Oaxaca, con Alejandro Murat, e Hidalgo, con Omar Fayad, el PRI.

La alianza Va por México integrada por PAN, PRI y PRD anunció que irán en coalición en cuatro de las seis gubernaturas: Aguascalientes, Durango, Hidalgo y Tamaulipas. Los tres partidos reservaron, hasta el momento, su decisión de ir juntos o separados, en Oaxaca y Quintana Roo.

Las elecciones en estos estados se enfrentan a un panorama político en donde la correlación de fuerzas se ha modificado desde las últimas elecciones para Gobernador en 2016.

A casi seis años de aquel momento, las entidades han participado en las elecciones presidenciales de 2018 y, en algunos casos, comicios municipales o legislativos en 2021, lo que ha modificado el mosaico político local.

En 2016, Morena tenía menos de dos años de haber obtenido su registro como partido político nacional, y aunque participó con candidatos propios en la mayoría de esas entidades, su papel fue menor.

Sin embargo, luego del triunfo en la Presidencia de la República y del avance morenista en 2021 al ganar 11 de las 15 gubernaturas en disputa ( Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Colima, Tlaxcala, Michoacán, Guerrero y Campeche), las condiciones cambiaron en el mapa político.

Esos resultados han dado lugar a que el dirigente de Morena, Mario Delgado declare :"Vamos por seis de las seis".

En contraparte, el dirigente del PAN, Marko Cortés, de la alianza opositora, en declaraciones hechas públicas, reconoció dudas de sus triunfos este año, con excepción, quizá, de Aguascalientes, en donde gobiernan, pero en donde también registraron serios conflictos internos.

Lo que es un hecho es que las elecciones de 2021 alteraron la correlación de fuerzas del Ejecutivo estatal con el Congreso local en algunas de las entidades en disputa en 2022 y ponen en el aire los resultados y la posibilidad o no de que los partidos en el gobierno conserven el poder.

Tamaulipas gobernada por el PAN, Oaxaca por el PRI y Quintana Roo por PAN y PRD, son ejemplo de este fenómeno.

En Tamaulipas, el Gobierno panista de Francisco García Cabeza de Vaca convive, después del 6 de junio de 2021, con un Congreso dividido: Morena tiene 18 de las 36 diputaciones locales. El PAN cuenta con 15 legisladores, el PRI con 2 y Movimiento Ciudadano, 1. En esa entidad acordaron ir en alianza PAN, PRI y PRD.

En Oaxaca, en donde gobierna Alejandro Murat del PRI, las elecciones pasadas dieron como resultado que de los 42 diputaciones renovadas en el Congreso local, Morena, PT y PVEM ganaran 27 escaños; PRI, PAN y PRD 13, y dos diputaciones más fueron para Nueva Alianza Oaxaca y el partido local Unidad Popular.

En Quintana Roo, entidad en donde gobierna el ex priista Carlos Joaquín González, y quien llegó al poder por una alianza entre el PAN y el PRD, la incertidumbre aumenta por la mayoría actual en el Congreso por parte de Morena, PVEM y PT con 15 de 25 diputaciones, frente a 8 de PAN, PRD y PRI, mientras que MC y Movimiento Auténtico Social tienen uno cada uno.

En esta entidad, además de la Gubernatura, el 5 de junio de 2022 se renovará el Congreso local y los partidos de Va por México no han decidido todavía ir juntos.

En 2021, en Quintana Roo se renovaron 11 ayuntamientos, de los cuales Morena ganó en la mayoría de ellos, (en siete). De los partidos en el gobierno, el PAN obtuvo 2 alcaldías, en tanto que el PRD ninguna. El nuevo aliado de los dos partidos, el PRI, obtuvo también una alcaldía.

Una Alcaldía más fue para el PVEM que hace seis años estaba aliado con el PRI y hoy está cerca de Morena.

Mantienen homicidios alta incidencia

Pese a que la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador ha realizado algunos ajustes a su estrategia para combatir los homicidios, este delito se mantiene en niveles altos y no parece que pueda ceder este año.

De acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), en 2019 se registró el máximo histórico de 29 mil 482 homicidios dolosos; en 2020 hubo 28 mil 834 y de enero a noviembre de 2021 se habían reportado reportado 25 mil 987.

Esta administración inició con una incidencia creciente, pues durante la segunda mitad del sexenio de Enrique Peña Nieto los homicidios fueron escalando, en 2016 hubo 20 mil 149, en 2017 sumaron 25 mil 35 y en 2018 se registraron 29 mil 98.

Durante los primeros meses del Gobierno de López Obrador no se desarrolló ninguna estrategia específica para reducir los homicidios, el Presidente consideró que la reuniones diarias del Gabinete de Seguridad y el otorgamiento de ayudas sociales a los jóvenes serían suficientes para revertir la tendencia.

Sin embargo, las cifras de 2019 y de 2020 demostraron que esas acciones no serían suficientes, por lo que se ajustó una estrategia consistente en focalizar la atención en los municipios de mayor incidencia criminal que actualmente se desarrolla en 50 localidades.

Entre las acciones realizadas está la regulación de giros negros, la supervisión de los centros de rehabilitación para adictos, el aumento en el patrullaje en las colonias con mayor número de homicidios, el reforzamiento de los trabajos de inteligencia, el mejoramiento de la capacitación policial, así como un combate más efectivo al narcomenudeo y la extorsión.

Carlos Mendoza, profesor en la UNAM y consultor en temas de seguridad pública y prevención del delito, considera que difícilmente los homicidios van a disminuir en el año que comienza debido a que la estrategia implementada hasta ahora ha sido claramente insuficiente.

"Yo no esperaría un resultado que redujera drásticamente la tasa de homicidios, ni siquiera la incidencia delictiva total, creo que la estrategia de desplegar a la Guardia Nacional en el País ha sido muy poca exitosa y se han debilitado las capacidades institucionales de las Policías estatales y municipales y eso ha impulsado una proliferación de pequeños grupos delictivos asociados a cárteles más importantes que están peleando territorios", indica.

Además, señala, hasta el momento no se ha perseguido con contundencia el tráfico de armas, por lo que existe una gran disponibilidad de ellas, lo que empodera a los grupos delictivos e impulsa la comisión de asesinatos.

"No veo capacidad de inteligencia ni de investigación por parte de las instituciones federales para detener a los integrantes de los grupos delictivos. Insisto, me parece que la estrategia implementada no ha dado resultados y no vería ninguna razón para observar una baja sensible en la incidencia delictiva en 2022", enfatiza.

Prevén despegue del Felipe Ángeles

En 2022, el 21 de marzo, se prevé la inauguración del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), en la Base Militar de Santa Lucía, aunque estará incompleto respecto a su capacidad de usuarios y en sus conexiones carreteras.

El último reporte de los ingenieros militares, de mediados de diciembre, indicó un avance del 83 por ciento, si bien el viaducto de 12.5 kilómetros que lo conectaría a la Ciudad de México sobre la Calzada Ignacio Zaragoza fue cancelado por el alto costo, y la ampliación del Tren Suburbano desde Lechería fue pospuesta para 2023.

De las dos rutas del Mexibús que se anunciaron ampliar hasta el nuevo aeropuerto, la que salía de Tecámac (Línea 4) y la que salía de Ojo de Agua (Línea 1), sólo la segunda se ha mantenido como promesa para inaugurarse en marzo, aunque en noviembre no iniciaban los trabajos en la ruta.

A la fecha, sólo se ha inaugurado la Autopista Siervo de la Nación, de 14 kilómetros, de la Avenida Gran Canal, desde Río de los Remedios, hasta Venta de Carpio, en Ecatepec, que comenzó a ser construida en 2016 y que en realidad era para la terminal aérea cancelada en Texcoco.

Aunque el aeropuerto presupuestado en 70 mil millones de pesos fue proyectado para atender a 100 millones de pasajeros al año, comenzará atendiendo a 19.5 millones de usuarios anuales en un número de posiciones para aeronaves aún no precisado.

Sólo tres aerolíneas han confirmado la operación Volaris y Viva Aerobús, y Conviasa, de Venezuela.

La poca actividad en la terminal que será operada por el Ejército podría resultar favorable debido a que existe aún el temor de que el AIFA no pueda funcionar al mismo tiempo que el actual Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), como ha prometido el Gobierno.

"Es difícil saber si se cumplirá la fecha de apertura. La mayor interrogante es si el manejo del espacio aéreo será compatible con el AICM, una vez que ambos operen a volumen. Lo seguro es que el acceso del transporte público no estará listo, sobre todo el tren", dijo el director del Instituto Mexicano de Desarrollo de Infraestructura, Edmundo Gamas.

Actualmente se sigue trabajando en la ampliación de la autopista México Pachuca y en la conexión del AIFA con el Circuito Exterior Mexiquense y aún se negocia la reubicación de pobladores del Municipio de Tonanitla por donde pasará otra vía. Lo seguro es que tras la inauguración oficial que López Obrador prometió para el 21 de marzo, se seguirá trabajando.

Además, las obras de mejoramiento urbano en los municipios cercanos, como remodelación de plazas, construcción de escuelas y centros de salud, tampoco se han terminado. En San Miguel Xaltocán, Municipio de Nextlalpan, incluso las obras están detenidas por falta de pago y los pobladores amenazan con impedir el paso por esa zona el día de la inauguración.

Reforma eléctrica: todo puede suceder

Tras el inicio del diálogo entre el Gobierno y la dirigencia del PAN, se abrió la posibilidad de una negociación de la reforma eléctrica propuesta por el Presidente de la República, y de su eventual aprobación en el próximo periodo ordinario de sesiones, que inicia el 1 de febrero y concluye el 30 de abril.

No es con el PRI, como siempre pidió el Ejecutivo para lograr la reforma, sino con el PAN con el que se llevan los primeros acercamientos y de los que se desprende una posible negociación.

La confrontación vivida durante la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2022 y la cerrazón del Gobierno a aceptar alguna reserva, llevó a la Oposición a advertir al Gobierno que su reforma eléctrica estaba muerta y que no es así como se negocian las reformas en el Congreso.

El consecuente llamado del vicepresidente de la Cámara, Santiago Creel, al Gobierno a abrir diálogo con Acción Nacional, tuvo sus primeros frutos.

De la primera reunión que hubo el lunes 13 de diciembre con el titular de Gobernación, Adán Augusto López, y la dirigencia del PAN, se propuso una mesa de trabajo específica para revisar la reforma eléctrica.

En paralelo, en la Cámara de Diputados se aprobó el formato de los foros de Parlamento Abierto que se realizarán a partir del 17 de enero y hasta el 15 de febrero del 2022, con cinco temas a debatir en las comisiones de la Cámara, el Canal del Congreso y en reuniones especiales de la Junta de Coordinación Política.

El coordinador de los diputados del PAN, Jorge Romero Herrera, pasó de la negativa a aprobar la reforma energética a reconocer la posibilidad de que en el próximo periodo de sesiones se discuta un dictamen producto de la negociación, si hay voluntad de escuchar a su partido y de aceptar modificaciones a la propuesta presidencial.

"Es muy probable que la reforma eléctrica sea para el segundo periodo, y nosotros estamos en contra, ya lo hemos dicho, de esta reforma así como viene redactada, para nosotros es perjudicial para el País", expuso.

Dijo que es esencial que haya un acuerdo para que pueda ser aprobada la reforma constitucional con los votos de las dos terceras partes del pleno.

Falta ver aún que haya pasos concretos en la mesa de Gobernación y no quede en buenas intenciones, dijo.

En tanto, legisladores de Morena expresaron su disposición a que haya debate de la reforma "sin ideologías" y se llegue a un debate con los empresarios beneficiados de la reforma eléctrica del 2013.

Ignacio Mier, coordinador de Morena, señaló que los legisladores se han reunido con empresarios del sector eléctrico, sin señalar quiénes, así como con representantes de la Embajada de Estados Unidos, que quieren participar en los foros.

El legislador relató que les ha dicho a los empresarios que "se acabó la fiesta" respecto a los "abusos" de la iniciativa privada en la generación y compra de energía eléctrica, pero al mismo tiempo reconoce que no fue su culpa el esquema que aprobó el Congreso en 2013.

Aseguró que les conviene el esquema propuesto por el Gobierno, de reducir su participación en el sector eléctrico y toparlo hasta en un 46 por ciento, para que la Comisión Federal de Electricidad mantenga el monopolio, además de que la propuesta prevé la cancelación de todas las formas de contrato que existen.

Mier Velasco mencionó que a partir de la apertura del diálogo y de la aprobación del formato del Parlamento Abierto, el grupo de Morena está dispuesto a escuchar, pero no dejó claro hasta dónde están dispuestos a hacer modificaciones.

Rubén Moreira, presidente de la Junta de Coordinación Política, precisó que la realización de los foros de Parlamento Abierto no significa que se vaya a aprobar el dictamen inmediatamente.

El coordinador del PRI mantiene la advertencia de que no podría aprobarse un dictamen luego de los foros y antes de las elecciones de junio, porque se utilizaría políticamente por Morena.

"La propuesta de iniciativa viene del Ejecutivo, no de nosotros. En todo caso, pues ellos nos tienen que buscar a nosotros, pues tan sencillo como eso", señaló.

Revocación de mandato, en la incertidumbre

El primer ejercicio de revocación de mandato que podría realizarse en México está enmarcado por la incertidumbre y el encono del Presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, Morena, contra el INE.

Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó al Instituto realizar la consulta, luego de que la autoridad había decidido suspender temporalmente la organización ante la falta de recursos, no se tiene certeza sobre las condiciones en la que podría realizarse.

Los consejeros aguardan la sentencia del Tribunal Electoral y que los Ministros resuelvan de fondo su controversia constitucional.

Mientras tanto, durante enero, el INE revisará las más de 9 millones de firmas que entregaron los simpatizantes del Presidente en formatos físicos y las 1.3 millones en digital. Éstas últimas ya pasaron una primera prueba, pero deben cruzarse con los apoyos que entregaron los demás promotores para evitar que se dupliquen.

El 3 de febrero, el órgano electoral informará si se reunieron los 2 millones 758 mil 277 firmas válidas, distribuidas en 17 entidades.

Para esa fecha, se espera que Magistrados o Ministros determinen las condiciones en las que podría realizarse la revocación, pues el Instituto sólo tiene mil 503 millones de pesos de los 3 mil 830 millones que se necesitan para efectuar una consulta con las características que pide la Constitución.

De concretarse el ejercicio, el 10 de abril del 2022 más de 91.9 millones de mexicanos podrán votar si quieren que el Presidente López Obrador concluya su encargo o se vaya antes del 2024.

Durante casi dos meses, Morena, a través de la organización Que Siga la Democracia, y miles de simpatizantes del tabasqueño, reunieron millones de firmas para cumplir una promesa de campaña de AMLO: someter su mandato a consideración "del pueblo".

De acuerdo con la Constitución, para que la consulta sea válida deberá participar, al menos, el 40 por ciento de los mexicanos inscritos en la Lista Nominal.

Pese a que es un deseo del Presidente y de Morena realizar el proceso de revocación, han puesto varios obstáculos al INE para organizar un ejercicio con las reglas constitucionales y pulcro.

Para evitar las trampas cotidianas de los partidos, como falsificar firmas e incluso meter a muertos, el organismo decidió que los apoyos se recabarán a través de una aplicación móvil, y sólo avaló el uso de formatos impresos en 204 municipios marginados.

Sin embargo, los morenistas, previendo que no podrían reunir los apoyos, impugnaron la decisión ante el Tribunal Electoral, el cual les aprobó usar formatos impresos.

El proceso ha estado enmarcado por una campaña engañosa, la cual ya prohibió el INE, pero los promotores han hecho caso omiso. Así, en lugar de promover participar en la revocación, afirman que es un ejercicio de "ratificación".

La campaña en contra del INE que mantiene Morena desde el 2019, arreció, por lo que acusan a algunos consejeros de bloquear dicho ejercicio y les exigen terminar con sus "privilegios" para cumplir con el ejercicio.

"Pareciera que la intención de destruir al INE, de desprestigiarlo o tratar de someterlo por la vía del presupuesto es y adquiere la calidad de un fin superior. Por razones claramente políticas", arremetió el pasado 10 de diciembre la consejera Claudia Zavala.

Partidos de Oposición y personajes de la sociedad civil han cuestionado dicho ejercicio, pues insisten en que nadie quiere que se vaya López Obrador, por lo que quienes acudirán a las urnas son sus seguidores y al final es dinero que, en lugar de usarse a problemas reales, se desperdiciará.

"Nosotros en Acción Nacional queremos que el Presidente se quede, que termine su mandato, pero que lo haga bien; no pretendan engañar a los mexicanos con tanta falacia", dijo el panista Víctor Hugo Sondón.

Acelerará la sucesión presidencial

La sucesión presidencial ya está en marcha.

A dos años de la elección del 2024, los aspirantes a la Presidencia de la República ya levantaron la mano, y algunos andan en franca campaña.

En este 2022 se vislumbran desde más destapes, negociaciones, fracturas, mayor exposición y promoción hasta acciones penales contra contendientes.

En Morena está claro quienes buscan suceder al Presidente Andrés Manuel López Obrador: la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum; el Canciller Marcelo Ebrard y el senador Ricardo Monreal.

A su modo y aprovechándose de su cargo, se hacen promoción, unos de manera totalmente abierta, otros de forma más simulada.

Sheinbaum ha apostado todo a sus programas sociales. Desde julio, tras la derrota en la Capital del País, reorganizó la estructura que se encarga de los apoyos gubernamentales, y el personal tiene la obligación de ir casa por casa a promover éstos, recalcando que la ayuda la envía la Jefa de Gobierno.

Se ha puesto interés especial en la "Tarjeta Claudia", con la que se entregan apoyos educativos, y para lo cual se han movilizado funcionarios de 18 secretarías y oficinas de su Gobierno.

También ha comenzado a realizar giras por los estados y a recibir a personajes de Morena en sus oficinas.

López Obrador ha dejado ver en diversos momentos que ella es su favorita.

Ebrard ha jugado un papel más disimulado: mantiene en privado encuentros con morenistas, y, por las tareas que le ha asignado el Presidente, ha sido elogiado por personajes extranjeros.

Sin embargo, diputados reconocen que existe una red de legisladores del PVEM que impulsan su candidatura.

También se afirma que Mario Delgado sigue siendo el operador político del Secretario. Incluso, cada que se le pregunta sobre el posicionamiento de Sheinbaum pide ajustarse a los tiempos y recuerda que el abanderado será electo a través de encuestas.

"Todos los aspirantes deben de esperar los tiempos adecuados para no perjudicar a nuestro movimiento ni el proyecto de transformación del Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

"Debemos ser responsables de nuestros encargos actuales ya que así nos lo ordenó el pueblo a través de su voto", arremetió el 2 de noviembre.

El coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, todas las semanas dedica algunos días a visitar estados, y ha reiterado que se requiere más que una encuesta para definir al candidato.

Algunos han subido al ring al secretario de Gobernación, Adán Augusto López.

En el PRI, se destapó el líder del partido, Alejandro Moreno.

El dirigente se ha rodeado de nuevos perfiles, quienes prácticamente no tienen liderazgo en sus entidades, y, para tener mayor exposición, decidió irse como diputado federal.

Por parte de ese partido también hace su lucha el ex Secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, incluso algunos apuntan al Gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, y al de Oaxaca, Alejandro Murat.

Pocos perfiles se han mostrado en la Oposición. En el PAN, Ricardo Anaya, desde el exilio por las acusaciones que pesan en su contra, ha manifestado su interés por ser candidato. Sin embargo, en enero, deberá comparecer ante la justicia, por supuestos sobornos por la reforma energética.

En la lista de panistas también se ha señalado a Santiago Creel, e incluso a Margarita Zavala, que decidió hacer alianza con ese partido.

El primero ha sido el promotor del diálogo con el Gobierno federal.

El PRD mantiene sus expectativas de hacer alianza con el PAN y PRI, y no descarta sugerir a alguien de la sociedad civil, principalmente de la organización Sí por México.

Mientras que en Movimiento Ciudadano, un partido que ha incrementado sus preferencias electorales, en las encuestas parece como favorito Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo del ex candidato presidencial Luis Donaldo Colosio.

El joven de 36 años inició su carrera política como diputado local de Nuevo León, y aunque aspiraba a la gubernatura, su partido le dio la candidatura a la Alcaldía de Monterrey, la cual ganó.

En la lista de los emecistas también está el actual Gobernador Samuel García, quien ha dicho que por el momento no lo distrae llegar a la Presidencia.

Aprietan a autónomos con Presupuesto

Por cuarto año consecutivo, los órganos autónomos enfrentarán en 2022 un presupuesto ajustado debido a la política de austeridad impuesta por la Administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador.

Estos órganos han sido duramente criticados por el Mandatario desde el inicio del sexenio, debido a que les ha acusado de formar parte de una constelación de entes que supuestamente fueron creados en los últimos años para restarle facultades al Gobierno y proteger los intereses de particulares.

De acuerdo con el Presupuesto de Egresos de la Federación 2022, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tendrán presupuesto cuyos incrementos serán menguados por la inflación, calculada para 2022 en 4 por ciento.

La Cofece ejercerá un presupuesto de 616.1 millones de pesos, el IFT de mil 560 millones de pesos, la CNDH de mil 722.3 millones de pesos y el INAI de 982.9 millones de pesos, que significarán un incremento, en términos nominales, de 2.9, 3.3, 2.5 y 8.6 por ciento, respectivamente, comparado con lo autorizado para el año pasado.

Al anunciar la desaparición del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC), López Obrador arremetió contra los órganos autónomos.

"Para saquear y para que volteáramos a ver para otro lado y nos mantuvieran entretenidos crearon una constelación de organismos autónomos todos de la sociedad civil con presupuesto público, dinero que ya no le llegaba a los pobres, sino que se quedaba en estos aparatos", dijo.

La animadversión del Presidente, consideró Manuel Guadarrama, Coordinador de Gobierno y Finanzas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se ha visto reflejada en los presupuestos que la Cámara de Diputados, de mayoría morenista, ha aprobado a estas instituciones.

"El ataque ha sido permanente y la intención de desacreditar las funciones de estos organismos autónomos ha sido constante desde la Presidencia de República, inclusive, con anuncios de reforma a la Constitución para eliminar algunos organismos o quitarles la autonomía de la que gozan", señaló.

Guadarrama recordó que la autonomía no solo está referida a las actividades sustantivas que realizan sino también en lo que hace a su administración interna y presupuestal.

"Cuando ya venimos de otros tres presupuestos donde se ha hecho un análisis riguroso de cuáles eran aquellos gastos excesivos y cuáles no, sí parece realmente una invasión a la autonomía presupuestal que se reduzcan estos presupuestos a los órganos autónomos.

"Entonces, sí pueden afectar la operatividad, sobre todo porque la autonomía presupuestal tiene una razón de ser que es que los órganos que están en la mejor condición para saber en qué necesitan los recursos son claramente los propios órganos", indicó.

Lozoya y Robles, al borde del juicio

Dos figuras que para la actual Administración federal personifican la corrupción del pasado, iniciarán el 2022 en una etapa crucial para sus procesos y con la expectativa de buscar cualquier otra salida o recursos legales para evitar llegar a juicio.

En la primera semana de enero, la Fiscalía General de la República presentará sus acusaciones formales contra Emilio Lozoya por los casos Agronitrogenados y Odebrecht, en los que valora solicitar respectivamente 15 y 35 años de prisión para el ex director de Pemex.

Y también, en enero, un tribunal colegiado tiene programado resolver en última instancia el amparo con el que Rosario Robles pretende que sea cancelada la instrucción de su proceso por la Estafa Maestra, donde la Fiscalía ya pidió imponerle 21 años de cárcel, pero no puede iniciar el juicio mientras este recurso no sea votado por los Magistrados.

Uno está por iniciar la etapa intermedia de su proceso, en la que se acusa y depuran pruebas, y otra ya concluyó el trámite de esa fase, pero ni Lozoya ni Robles parecen tener como estrategia principal irse a juicio en el corto plazo, aunque sus caminos no sigan la misma dirección.

La última vez que Lozoya estuvo frente a un juez, en diciembre, sus abogados dejaron en claro que no iban a escatimar esfuerzos para convencer a la Fiscalía de que acepte un acuerdo reparatorio y otorgue la inmunidad penal al procesado, mediante un criterio de oportunidad.

Su horizonte es que ambos beneficios sean concedidos, ya que sólo así serían cancelados los dos procesos.

Pero hoy esa posibilidad luce lejana y el reloj juega en su contra, pues a raíz de la fotografía en un restaurante de Las Lomas de Chapultepec, la Fiscalía modificó en forma radical el trato que le dispensaba al ex funcionario y no sólo decidió llevarlo a prisión, sino que también ha sido renuente en aceptar sus ofertas para finiquitar ambos procesos.

Su inconveniente ahora es que, conforme al código procesal, el tiempo límite que tiene para pactar el criterio de oportunidad en el Caso Odebrecht -el asunto con la penalidad más alta- es hasta antes de dictarse la apertura de juicio, algo que estará ocurriendo en febrero.

Lozoya hasta hoy no ha presentado recursos que impugnen o suspendan el trámite procesal. Si la FGR no le concede el beneficio antes de la apertura, una de las pocas salidas que le quedarán para evitar el juicio será declararse culpable y obtener una pena menor.

Con Robles, desde hace tiempo quedaron atrás las salidas como el criterio de oportunidad o el procedimiento abreviado para declararse culpable.

A diferencia de Lozoya, ella sí ha impugnado todo: la vinculación a proceso, la prisión preventiva o la resistencia de los jueces para cancelar el trámite de su procedimiento por falta de elementos y fundamentos jurídicos. Apelaciones, amparos, recursos de revisión.

Si bien en enero podría resolverse el amparo que tiene frenada la apertura del juicio, no parece probable que éste vaya a iniciar tan pronto, debido a que la ex funcionaria todavía tiene varios recursos y medios de impugnación legal que puede hacer valer. Incluso, valora combatir aspectos de la acusación, lo que también suspendería la siguiente etapa procesal. Su defensa, de antemano, anuncia que va a pelearlo todo.

"Nosotros vamos a seguir luchando hasta conseguir un cambio de la medida cautelar, la voy a seguir peleando hasta el final, hasta que logre la libertad, en cuanto a eso no me puedo cansar y tendré que seguir peleando", dice Epigmenio Mendieta, abogado de Robles.

PUBLICIDAD

ENLACES PATROCINADOS

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

close
search