Lideran políticos desfalco a Cultura

El exsenador del PRI Gerardo Sánchez malversó al menos 10 millones de pesos

Reforma
sábado, 23 febrero 2019 | 06:41

Ciudad de México.- En los recursos etiquetados desde la Cámara de Diputados para proyectos culturales, políticos de todas las banderas encontraron una mina para poder desfalcar al erario.

De acuerdo con la más reciente entrega de la Auditoría Superior de la Federación (ASF), correspondiente a la cuenta pública 2017, hasta 226 millones 668 mil pesos pudieron ser desfalcados a través de los apoyos y donativos asignados ese año a iniciativas de los estados, municipios y asociaciones civiles.

Un caso emblemático de este proceder es el de Gerardo Sánchez, ex dirigente de la Confederación Nacional Campesina (CNC), senador priista por Guanajuato durante la legislatura pasada, presidente de la Comisión de Cultura de ese órgano legislativo y candidato a Gobernador de su Estado en 2018.

Al menos desde 2014, Sánchez ha sido señalado reiteradamente por acaparar recursos de bolsas públicas a través de dos asociaciones que creó o presidió: Fundación Organizados para Servir (Fosac) y Fundación Juan José de los Reyes Martínez "El Pípila".

Según ha dado cuenta REFORMA, desde que el priista creó Fosac, en 2005, ha recibido a través de ella más de 90 millones de pesos del erario público para distintas actividades.

Aunque la ASF no hace mención explícita de las asociaciones en su informe, este diario pudo cotejar con documentación proveniente de la Administración pasada de la Secretaría de Cultura que cuatro proyectos de las asociaciones de Sánchez fueron señalados por posibles desfalcos que ascienden, en esta ocasión, a 10 millones 500 mil pesos.

Históricamente, los fondos de la bolsa de Apoyos y Donativos que etiqueta la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados han sido señalados por su opacidad, discrecionalidad y por permitir prácticas como los "moches", con Sánchez como una figura recurrentemente polémica.

En 2017, la Fundación "El Pípila" recibió 5 millones de pesos para la realización del proyecto "Cine Conciencia a través de la Cultura", mediante el cual se comprometía a realizar dos cortometrajes y exhibirlos en 100 escuelas de Guanajuato.

En este caso, la ASF encontró que la fundación otorgó todo el recurso a una asociación civil -que no se nombra- y ésta presentó como realizados dos documentales que, se constató, ya existían desde años atrás. Asimismo, el domo rentado para exhibir las cintas excedía por más del doble los precios del mercado.

Tanto "El Pípila" como Fosac son señaladas por otros posibles desfalcos que involucran las restauraciones deficientes de una parroquia en Yuriria, Guanajuato, y de fuentes históricas en la capital del Estado.

Durante su encargo como presidente de la Comisión de Cultura del Senado, Sánchez colaboró de manera cercana con la comisión equivalente de la Cámara de Diputados, que se encarga de repartir estos recursos con criterios que nunca son claros.

El informe de la ASF señala 12 casos específicos donde el presupuesto de los Apoyos y Donativos fue usado por gobiernos para incurrir en faltas que incluyen el cobro de eventos culturales no realizados, cotizaciones falsas o alteradas, bienes no adquiridos, pagos en exceso o proyectos inconclusos.

Tal es el caso, por ejemplo, de la Alcaldía Magdalena Contreras -antes Delegación-, en la que, durante la gestión del priista Fernando Mercado, obtuvo 10 millones de pesos para la realización de 39 eventos culturales y sólo pudo comprobar haber realizado 13. El desfalco habría sido de 5 millones 530 mil pesos.

Por otro lado, en Puerto Vallarta, gobernado aún por el emecista Arturo Dávalos -quien se reeligió-, se presume un desfalco de un millón 688 mil pesos, pues, de acuerdo con el proyecto "Vallarta Cien Años Mayo-Fest", se debió contratar nueve artistas para igual número de conciertos públicos y no hay evidencia de la participación de ocho.

Sin importar las siglas partidistas, el informe de la ASF muestra una práctica generalizada, y ya tradicional, perpetrada por gobiernos estatales, municipales y asociaciones civiles que, al menos ahora, pudo ser fiscalizada por la dependencia federal.

Este año, tras una polémica pública, por primera vez esta partida presupuestal no recibió recursos definidos, aunque los diputados volvieron a etiquetar nuevos proyectos.