Liberan a exdirector jurídico de Segalmex

Ciudad de México.- Un juez federal vinculó a proceso a cuatro presuntos implicados en el caso Segalmex, pero dejó en libertad por falta de elementos a Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos del organismo, el exfuncionario de mayor rango que ha sido detenido hasta ahora.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, consideró que había suficientes datos de prueba para procesar a tres exfuncionarios y un particular por el delito de delincuencia organizada.

Los procesados son Artemio Gutiérrez Rodríguez, exsubjefe del almacén rural de San Luis de la Paz, Guanajuato; Simón Escobar Copca, ex jefe del almacén de Diconsa en Querétaro; y Laura Patricia Hernández Rojas, ex coordinadora de Control Presupuestal de Liconsa.

Además, vinculó a proceso a Jorge Saúl Romero Valencia, accionista de Carregín, la empresa que supuestamente simuló la venta de 4 mil 700 toneladas de azúcar, en un contrato de 7 mil 840 toneladas por el cual cobró poco más de 142 millones de pesos.

El único al que no vinculó a proceso fue Carlos Antonio Dávila Amerena, exdirector de Asuntos Jurídicos de Segalmex, de quien el juez concluyó que su nombre no aparece en ninguno de los documentos relacionados con la operación de compra venta de azúcar.

Dávila Amerena salió este jueves del Penal del Altiplano, luego de cinco días de internamiento.

A los cuatro procesados, el impartidor de justicia les ratificó la medida cautelar de prisión preventiva de oficio en el Penal del Altiplano y les fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria.

Por este asunto, el pasado 2 de marzo el juez Salazar Hernández ordenó la aprehensión de 22 exfuncionarios, servidores públicos y particulares por los delitos de delincuencia organizada, lavado de dinero y peculado.

Hasta el momento, la FGR ha detenido a 9, de los cuales cuatro ya se encuentran procesados y uno libre.

Los otros cuatro detenidos a los que el juez resolverá la situación jurídica son Roberto Rivera Ramos, ex subgerente de la Dirección Comercial de Segalmex, y Jorge Humberto González Bocardo, ex Coordinador de Operaciones de Diconsa.

También debe resolver si vincula a proceso a José Miguel Ojeda Antonio, administrador único de Servicios Integrales Carregín, y Gonzalo Mora Nateras, destinatario de recursos recibidos por dicha empresa.

La investigación de la FGR tiene como punto de partida un contrato de 465 millones de pesos por 25 mil toneladas de azúcar, suscrito en abril de 2020 entre Diconsa, filial de Segalmex, y Carregín.

El organismo paraestatal canceló la mayoría de los pedidos por los problemas de logística ocasionados por el Covid-19 y sólo dejaron vigente uno de 7 mil 800 toneladas por 142 millones de pesos.

Diconsa pagó la totalidad del contrato cuando Carregín sólo había entregado 3 mil 110 toneladas. La paraestatal pidió la devolución de 88 millones de pesos de las 4 mil 700 toneladas no entregadas, pero la empresa sólo entregó 8 millones de pesos a Diconsa.

La proveedora se habría quedado con 80 millones de pesos sin entregar un solo gramo de azúcar.