Inicia juicio político contra Rosario Robles

Ciudad de México— La Cámara de Diputados se erigió como órgano de acusación para conocer las conclusiones de la Sección Instructora en el procedimiento de juicio político contra Rosario Robles Berlanga.

Al acto no asiste Robles, por lo que en su representación acude Alberto Javier Sánchez, abogado defensor, y como denunciante Tatiana Clouthier, quien pidió se le excuse de participar en la votación de las conclusiones.

Ambos se instalaron en mesas separadas colocadas frente a la tribuna.

En su exposición, Clouthier dijo que servir a la sociedad debería ser el mayor honor de cualquier funcionario público o gobernante, y cuando se traiciona este principio esencial se traiciona también la voluntad ciudadana.

"Durante la Administración pasada parece que el uso de los recursos públicos para beneficiar ciertos intereses fue una regla", señaló.

Recordó que de las 13 universidades públicas involucradas en la "Estafa Maestra", cinco son del Estado de México, es decir, el Estado que gobernó Enrique Peña Nieto.

"Acto más público no puede estar a la vista".

Señaló que se viven momentos históricos, ya que por primera vez los legisladores están en posibilidad de castigar la traición a la confianza ciudadana otorgada por los funcionarios públicos.

Aseveró que Robles sabía de los desvíos y de la "Estafa maestra", pero en lugar de hacer algo para evitar el mal uso de los recursos públicos, permitió que el esquema siguiera operando.

Reconoció que acusar a una mujer y "una mujer importante en la escena política" no fue fácil, pero la inspiraron las palabras de su padre y su convicción de sumarse a la lucha del Presidente de acabar con la impunidad.

El abogado de Robles, Alberto Javier Sánchez Rojas, dijo que a criterio de la defensa, este juicio político en todo momento ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer tiene Robles.

"En este procedimiento se ha visto una saña inaudita en contra de su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales y de los compromisos en materia de derechos humanos que ha asumido México a nivel internacional. Por lo tanto, señores diputados, pido que quede constancia de esto en el Diario de los Debates y los invito a que no aprueben este atropello que se está realizando al Estado de Derecho", expresó.

Señaló que el ejemplo más reciente del atropello en contra de Robles es la notificación que se hizo el día de ayer de la sesión que se lleva a cabo, la cual se realizó a las 18:30 horas en el penal de Santa Martha Acatitla.

Con la evidente finalidad, dijo, de que le fuera imposible preparar una adecuada defensa.

"Justicia sí, venganza no", finalizó.

En su réplica, Clouthier negó que se estén violando sus derechos a una mujer y aseveró que sus derechos se les quitaron a miles de mexicanos cuando les quitaron recursos públicos.

En su última participación antes de abandonar el salón de sesiones, el abogado dijo que no se pueden cerrar los ojos a las violaciones procesales, a los derechos humanos y a los procesos de valoración de pruebas de las conclusiones que están por votar.

"Este juicio político es la crónica de una sentencia anunciada, es una resolución que estaba tomada desde el día uno que se presentó la denuncia de juicio político".

Aseguró que el juicio político es un proceso sin materia, porque Robles ya enfrenta un proceso penal y ya fue inhabilitada por la Secretaría de la Función Pública.

"No la pueden separar de un cargo que ya no tiene, tampoco la pueden inhabilitar, porque ya está inhabilitada".

Aseveró que Robles nunca se ha negado a la justicia, pero sí a la violación a sus derechos a la presunción de inocencia y al Estado de Derecho.

Advirtió a los legisladores que el racero que están imponiendo hoy va a permanecer en adelante.

"Hoy están arriba, mañana estarán abajo", manifestó.

La Sección Instructora encontró responsable a Robles de actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos durante el periodo al frente de la Sedesol y de Desarrollo Agrario.

"Ha lugar a acusar ante el Senado de la República a la ciudadana María del Rosario Robles Berlanga o Rosario Robles Berlanga por actos y omisiones en perjuicio de los intereses públicos fundamentales y de su buen despacho, cometidos en el ejercicio de sus funciones de secretaria de despacho durante el periodo comprendido entre el 1 de diciembre de 2012 y el 30 de noviembre de 2018", indica la resolución.

De acuerdo con ésta, existen elementos suficientes para demostrar que durante su gestión al frente de la Sedesol y de la Sedatu se implementó una red de desvío de recursos públicos con un modus operandi sistemático y continuo, que consistió en la suscripción y ejecución de contratos, convenios e instrumentos jurídicos irregulares con el objetivo de canalizar fondos hacia fines ajenos a los previstos en los presupuestos de egresos.