Incendio fatal ocurre mientras aumenta desesperación de migrantes

Ciudad Juárez.- Katiuska Márquez dijo que estaba pidiendo dinero en las calles de Ciudad Juárez este lunes por la tarde cuando oficiales de migración mexicanos la llevaron a ella y a su familia a un centro de detención migratoria al otro lado de la frontera con El Paso, Texas.

Horas después, la venezolana de 23 años fue liberada junto con sus dos hijos pequeños y su esposo, pero dijo que las autoridades no liberarían a su hermano mayor, Orlando Maldonado.

Una de las últimas cosas que le dijo su hermano, dijo, fue “no me dejes morir”.

Esa noche, estalló un incendio dentro de las instalaciones, matando al menos a 38 personas e hiriendo a otras 28. Sesenta y ocho hombres de América Central y del Sur estaban detenidos en la instalación, dijo el gobierno mexicano (el gobierno había informado que 40 personas murieron, pero luego actualizó la cifra).

Las autoridades migratorias mexicanas le dijeron a Márquez que buscara en los hospitales locales a su hermano de 30 años.

La causa del incendio aún no se ha determinado, pero el presidente de México dijo que comenzó cuando los detenidos comenzaron a protestar dentro del centro de detención, solo el ejemplo más reciente del desorden que afecta a las ciudades fronterizas mexicanas que enfrentan una avalancha de migrantes que se dirigen a Estados Unidos en los últimos meses.

El presidente Biden ha respondido al extraordinario aumento de la migración en la frontera suroeste tratando de disuadir a las personas de cruzar ilegalmente, apoyándose más en México para recibir a los migrantes expulsados por los funcionarios fronterizos estadounidenses y albergar a los migrantes que deben esperar en el norte de México para solicitar el permiso y la posibilidad de ingresar a Estados Unidos y solicitar asilo.

Las medidas han reducido la avalancha de personas hacia Estados Unidos, pero también se han sumado a la implacable acumulación de migrantes en México, donde los refugios están desbordados y donde las autoridades tienen un historial accidentado en materia de derechos humanos.

“Junto con el gobierno mexicano, Estados Unidos tiene la responsabilidad directa de lo que les sucede a los migrantes en México, porque obligan a las personas a quedarse en México”, dijo Rachel Schmidtke, defensora principal para América Latina en Refugees International.

La administración de Biden argumenta que está tratando de disuadir a las personas de realizar viajes peligrosos para cruzar ilegalmente a Estados Unidos. La administración también ha abierto vías legales para que los inmigrantes de ciertos países soliciten la libertad condicional humanitaria para ingresar a Estados Unidos, con la esperanza de que un proceso más ordenado sea más seguro.

Altos funcionarios de la administración le dijeron a The New York Times que desde el 5 de enero, cuando el gobierno de Estados Unidos lanzó un nuevo programa para permitir que los migrantes soliciten un permiso humanitario de dos años, ha habido una reducción del 97 por ciento en los cruces ilegales de cubanos, haitianos, nicaragüenses y venezolanos. Los funcionarios dijeron que también han visto una reducción en al menos un campamento de migrantes en el lado mexicano de la frontera.

Un número creciente de migrantes se ha dirigido al norte de México en las últimas semanas, muchos con la esperanza de cruzar a Estados Unidos cuando expire el 11 de mayo la regla de la era de la pandemia que permitía a las autoridades estadounidenses expulsar rápidamente a los migrantes.

El incendio del centro de detención se produce después de semanas de tensiones crecientes en Ciudad Juárez, que se ha visto tensa por el flujo constante de llegadas.

“Se nos está acabando la paciencia”, dijo Cruz Pérez Cuéllar, alcalde de Ciudad Juárez, en una conferencia de prensa este mes, y prometió que la ciudad adoptaría un enfoque más duro con los migrantes que “podrían afectar la economía de la ciudad y a miles de habitantes de Juárez y residentes de El Paso”.

El número de migrantes en la ciudad aumentó a 12 mil, superando con creces la escasa capacidad de alojamiento de la ciudad, según estimaciones de la Oficina Internacional para las Migraciones de las Naciones Unidas. Los inmigrantes ahora duermen en iglesias, hoteles y, a veces, en la calle.

Para sobrevivir, muchos de ellos se han dedicado a vender dulces, limpiar parabrisas y pedir dinero. Los funcionarios de migración trajeron decenas de agentes de otras partes del país para ayudar a controlar la afluencia.

Grupos de derechos humanos, en una carta firmada este mes, denunciaron lo que dijeron que eran abusos por parte de los oficiales de migración y lo que llamaron “la criminalización de los migrantes”.

La carta decía que los documentos de los migrantes fueron destruidos en una redada en un hotel local el 8 de marzo que parecía ser una operación conjunta de policías, la guardia nacional y el ejército mexicano.

“Con la presencia excesiva se envía un claro mensaje de intimidación al pueblo”, decía la carta.

En medio de las tensiones, los migrantes también han estado tomando medidas más desesperadas para llegar a Estados Unidos.

El 12 de marzo, cientos de personas, incluidas mujeres y niños, corrieron a la frontera y se reunieron en un puente que conecta a Ciudad Juárez con El Paso, según informes de los medios locales. Los inmigrantes rogaron cruzar, pero las fuerzas del orden los detuvieron.

En un video grabado por La Verdad, un medio de comunicación local, una mujer que cargaba a un niño pequeño en sus hombros gritaba: “¡Solo queremos pasar! ¡Por favor, ayúdennos! ¡Ya basta, estamos cansados de estar aquí en Juárez! ¡La migración no nos deja solos! ¡Se lleva lo poco que tenemos! ¡Ayúdennos!"

Al día siguiente, el alcalde anunció que la ciudad tomaría “una postura más fuerte” sobre los inmigrantes.