Nacional

Imputan desvío en caso de Estafa Maestra

La FGR solicitó la vinculación a proceso de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas

Archivo / Agencia Reforma

Abel Barajas
Agencia Reforma

sábado, 03 octubre 2020 | 08:02

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República (FGR) finalmente imputó ante un juez y solicitó la vinculación a proceso de dos directivos de la Universidad Politécnica de Chiapas, por un presunto desvío de más de 186 millones de pesos en la llamada Estafa Maestra.

Rafael Zozaya Nucamendi, director de Recursos Materiales e Infraestructura, y Rigoberto Jiménez Jonapa, secretario administrativo de la institución, comparecieron en una audiencia de imputación ante un juez del Centro de Justicia Penal Federal de Cintalapa, Chiapas.

Su caso es el primero de la Estafa Maestra en el que la FGR imputa ante la justicia federal el delito de peculado, es decir, el desvío de recursos. Los casos previos, incluido el de Rosario Robles, habían sido judicializados por ejercicio indebido del servicio público y uso ilícito de atribuciones y facultades.

Zozaya y Jiménez solicitaron al juez de control la duplicidad del término legal para resolver su situación jurídica, por lo que será hasta la próxima semana cuando se decida si serán o no vinculados a proceso.

Por pedido de los imputados, el juzgador también autorizó citar a 12 testigos que ofrecieron los imputados en su descargo para que sean entrevistados antes de resolver su situación jurídica, informaron fuentes judiciales.

En esta audiencia, celebrada el pasado miércoles, los fiscales federales no pidieron ninguna medida cautelar contra Zozaya ni Jiménez.

La audiencia se llevó a cabo luego de seis meses de haber sido solicitada por vez primera por la FGR y de que se aplazara en varias ocasiones por distintos motivos como la suspensión de actividades por la emergencia sanitaria, el contagio de Covid-19 de uno de los imputados y hasta por las fallas de un micrófono en la sala judicial.

El desvío que les atribuyen supuestamente se llevó a cabo a través de cuatro convenios específicos firmados en octubre de 2015 por la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la UPCH, y asciende a 186 millones 113 mil 374 pesos.

La universidad debía elaborar para la Secretaría un análisis de zonas económicamente exclusivas y diagnósticos de ordenamiento territorial y asentamientos de Puerto Chiapas; municipios de Michoacán y Guerrero colindantes con Lázaro Cárdenas y del Corredor Interoceánico, en el Istmo de Tehuantepec.

La Fiscalía señala que hubo una distracción de los recursos, luego de que la UPCH subcontratara los servicios por adjudicación directa con la empresa Evoluciona Consultores Profesionales y Especializados, S.C., por 81 millones 642 mil 800 pesos.

Esta compañía habría cobrado sin prestar un sólo servicio y los imputados habrían incurrido en el delito cuando decidieron que la universidad se quedara con los otros 104 millones de pesos, con los que adquirió una solución tecnológica denominada Big Data y dos camionetas.

Según la imputación, la empresa proveedora subcontrató a otras cuatro compañías que habrían dispersado los recursos con 11 compañías y 9 personas físicas.