Imputa FGR a 16 exdirectivos de penales

Ciudad de México— La Fiscalía General de la República finalmente formuló la imputación contra 16 de los 20 indiciados en el caso del presunto sobrecosto de más de 62 mil millones de pesos en los contratos de prestación de servicios privados en 8 prisiones de alta seguridad.

Después de intentarlo durante siete meses y en tres audiencias, finalmente la FGR hoy pudo imputar a los mandos y exfuncionarios del sistema penitenciario federal, por los delitos de uso indebido de atribuciones y facultades, y asociación delictuosa.

Los imputados comparecen desde esta mañana en una audiencia por videoconferencia ante Ganther Alejandro Villar Ceballos, juez del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Sur.

Aunque en dos ocasiones anteriores la FGR pidió que no se llevara a cabo la audiencia inicial porque no estaban presentes todos los imputados, esta vez los fiscales solicitaron al juez permitirles imputar a quienes estuvieran presentes, lo cual les fue autorizado.

Aunque la primera vez los citatorios fueron girados a 20 imputados, esta vez sólo fue para 19 y no fue requerido Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz, a quien desde hace más de medio año la FGR no ha podido localizar en ningún domicilio. Otros tres no comparecieron por diversos motivos.

Desde esta mañana, la Fiscalía presentó su imputación contra el General Sergio Alberto Martínez Castuera, actual coordinador de los penales federales, así como sus antecesores el General Salvador Camacho Aguirre y Celina Oseguera Parra.

También, contra Sergio Montaño Fernández, ex Oficial Mayor; Arturo Sosa Viderique, director de Administración; y Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, ex director de Adquisiciones, todos en la Secretaría de Seguridad Pública federal

Otros imputados son Paulo Uribe Arriaga y Óscar Moreno Villatoro, ambos ex directores generales de Administración del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social (OADPRS), y los ex coordinadores de centros federales Antonio Molina Díaz y Saúl Castro Castro.

El resto son Miguel Vital Hernández, director General Adjunto de la Dirección General de Administración; Alma Delia Sánchez Ocampo, ex directora de Adquisiciones; Raúl Gerardo Lemus Soto, director de Apoyo Operativo; María Lidia Alcántar Vargas, Antonio Corona Rodríguez y José Ariel Morales López.

Una vez que concluya la audiencia inicial, los imputados decidirán si solicitan ampliar el plazo para que les definan su situación jurídica o piden que hoy mismo el juez la resuelva.

Ninguno de los dos delitos fincados por la FGR prevén la prisión preventiva de oficio. Montaño, Villarreal Gutiérrez y Sosa Viderique son los únicos imputados en este asunto por asociación delictuosa. Los tres comparecieron, no obstante que tienen orden de aprehensión.

La FGR les atribuye pagar un sobreprecios de 62 mil 840 millones 525 mil 801 pesos en los contratos de construcción y prestación del servicio de prisiones en los Centros Federales de Readaptación Social de Sonora, Oaxaca, Coahuila, Durango, Morelos, Chiapas, Michoacán y Guanajuato.

Estos contratos fueron otorgados en 2010 y 2011 a las empresas ICA, Arendal, Prodemex, GIA, Homex y Tradeco por casi 270 mil millones de pesos, para instalar una infraestructura carcelaria con capacidad para 20 mil reclusos.

Este asunto es la continuación de la investigación por la que en marzo de 2020 un juez ordenó la aprehensión de Genaro García Luna, Secretario de Seguridad Pública Federal en el Gobierno de Felipe Calderón, por irregularidades en estos 8 contratos del sistema penitenciario.

Los ex funcionarios que hoy no fueron imputados son Jannet Miriam Martínez Sánchez, ex directora de Adquisiciones del OADPRS, porque está enferma de Covid-19, y Gonzalo Villarreal Guerra, ex coordinador de Centros Federales, porque sus abogados están contagiados de la misma enfermedad.

Tampoco fue imputado Javier de Haro Alva, ya que desde el año pasado se le declaró interdicto o inimputable porque clínicamente está incapacitado por motivos de salud.