Impide SCJN a estados devolver educación básica a SEP

Ciudad de México— Los Gobiernos estatales no pueden renunciar a su obligación de prestar el servicio de educación básica, resolvió la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Lo anterior, al declarar infundada una controversia constitucional presentada en 2019 por el entonces Gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, quien pretendió devolver al Gobierno federal el control sobre la educación en su entidad.

"Las entidades federativas no pueden ceder las obligaciones administrativas, operativas, presupuestarias y laborales que le corresponden en el ámbito educativo", afirmó, por tres votos contra dos, la Primera Sala de la Corte.

"El Estado de Michoacán de Ocampo está constreñido a cumplir con las obligaciones derivadas del marco del sistema normativo concurrente que regula la competencia y atribuciones en materia educativa entre la Federación y las entidades federativas, así como de aquellas que adquirió y se comprometió a asumir al suscribir el Acuerdo y los convenios que celebró con el Gobierno federal", agrego la Sala, al votar el asunto en su sesión de este miércoles.

La educación básica fue descentralizada hacia los estados desde la reforma del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, mientras que el Gobierno federal mantuvo el control solo en la Ciudad de México.

En 2019, el actual Gobierno impulso una nueva Ley General de Educación, que en su artículo 114 sigue asignando a las entidades la obligación de prestar el servicio de educación básica, que incluye los niveles inicial, preescolar, primaria y secundaria.

En noviembre de 2018, Aureoles anunció que Michoacán devolvería la educación básica a la Federación, porque tenía un déficit de 4 mil 200 millones de pesos pare el pago de salarios de los maestros, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público no le había enviado los recursos para cubrirlo.

Sin embargo, la Secretaría de Educación Pública (SEP) federal rechazó la petición de dar por terminado el Acuerdo y los convenios existentes en esa materia, que habían operado desde 1992.

La Corte reconoció la validez de los oficios de rechazo de la SEP, porque no violaron el régimen de competencias y atribuciones en materia educativa, dado que la dependencia federal no dejó de observar las obligaciones que le corresponden en este ámbito, sino que actuó con apego a lo previsto en el sistema normativo.

La mayoría de ministros aclaró que los propios convenios incluyen cláusulas para que Federación y estados resuelvan sus discrepancias de común acuerdo. Los Ministros Jorge Pardo y Norma Piña votaron en contra.