Diario
Nacional
jueves, 11 abril 2019 | 20:52
El Gobierno federal acreditará su voluntad para desterrar de la competencia electoral cualquier influencia o injerencia indebida o ilegal de servidores públicos, afirmó la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero.
La funcionaria fue testigo en la firma del convenio entre el INE y las secretarías de Gobernación, Bienestar y Función Pública para evitar el uso de programas sociales en las elecciones que habrá en el País durante esta Administración, es decir, hasta antes de noviembre del 2024.
"Es en la operación de los programas sociales y en el uso de sus recursos en donde se han producido los problemas que bien conoce la sociedad y este Instituto, que lleva años tratando de evitar.
"Los programas sociales que se diseñan y aplican en el Gobierno del Presidente López Obrador son y serán ajenos a cualquier sesgo o favoritismo partidista", dijo.
El convenio establece que las secretarías de Bienestar y de la Función Pública entregarán al Instituto toda la información relacionada con el padrón de beneficiarios de los programas sociales en los estados en donde se celebren elecciones.
Así como el procedimiento de la entrega de los subsidios establecidos, las reglas de operación y demás información necesaria para evitar el mal uso de recursos.
La secretaria de Bienestar, María Luis Albores, aseguró que el Gobierno es consciente que el dinero de los programas sociales "nunca más" debe de utilizarse con fines políticos o electoreros.
"Es una instrucción de nuestro Presidente no permitir actos de corrupción ni delitos electorales.
"Tampoco vamos a solapar delitos cometidos por los servidores públicos y menos con los recursos destinados a atender a las personas que viven en situaciones vulnerables y de pobreza", prometió.
Afirmó que el compromiso es perfeccionar los mecanismos en los próximos años para evitar cualquier el uso ilegal o equivocación en la implementación de programas.
El presidente del Instituto, Lorenzo Córdova, afirmó que lamentablemente la desigualdad y pobreza en el País son materia para que los partidos cometan diversas irregularidades para ganar votos.
"El desvío de recursos públicos destinados a la población con mayores necesidades para fines político electorales representa, no sólo un acto ilegal, sino también una grave vulneración a los derechos sociales, y un ataque frontal a la vida democrática y a la cohesión social tan necesaria en nuestro País.
"En la vigilancia de esas conductas, el INE será, como ha ocurrido, implacable en la aplicación de las sanciones que corresponda", indicó.