Ganan cinco científicos batalla a FGR

Ciudad de México.- Tres extitulares del Foro Consultivo de Ciencia y Tecnología (FCCyT), entre ellos Julia Tagüeña Parga, y otros dos académicos libraron en forma definitiva el caso de delincuencia organizada y lavado de dinero por las supuestas aportaciones ilegales del Conacyt por 244 millones de pesos.

Gregorio Salazar Hernández, juez de control del Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, en el Estado de México, sobreseyó la causa penal contra los cinco científicos, un fallo que tiene los alcances de sentencia absolutoria.

Lo anterior, porque la Fiscalía General de la República ya no puede seguir investigándolos ni acusarlos por los mismos hechos, y los jueces tampoco pueden vincularlos a proceso por esos delitos, uno de ellos con prisión preventiva de oficio.

En una audiencia celebrada el pasado 13 de enero, el juez canceló la indagatoria en favor de Tagüeña, la principal señalada en este asunto, así como a José de Jesús Franco López y Gabriela Dutrénit Bielous, también ex coordinadores del FCCyT.

También dictó la misma determinación para Teresa de León Zamora, directora de Comercialización de Tecnologías del Conacyt, y Marcial Bonilla Marín, ex secretario académico del Instituto Potosino de Investigación Científica.

Jesús Moreno de Leija y Alberto del Río Azuara, abogados de los tres ex titulares del Foro, dijeron que el juez argumentó que los hechos imputados por la FGR no eran constitutivos de delito y que no corresponden a las conductas penales que les trataron de fincar.

"El juez Gregorio Salazar dictó el sobreseimiento, partiendo de lo que él mismo determinó el 21 de septiembre de 2021, cuando él negó las órdenes de aprehensión; es decir, para el juez, los hechos imputados por la FGR no son constitutivos de delito", explicaron.

"En otras palabras: finaliza de forma permanente para estos cinco científicos la persecución que existía en su contra luego de casi 16 meses desde que ese juez federal negara girar las órdenes de aprehensión en contra de 31 investigadores".

Esta audiencia no se llevó a cabo por órdenes de una autoridad jurisdiccional, sino porque la defensa solicitó llevarla a cabo, ya que a fines del año pasado un tribunal ordenó cancelar esta investigación para cuatro de los implicados.

Ahora ya son nueve los científicos, de los 31 contra los que se negó la orden de aprehensión, que logran la cancelación definitiva de las acusaciones penales más graves en su contra.

Entre agosto y noviembre pasados, el Primer Tribunal Colegiado Penal en la Ciudad de México ordenó cancelar la causa penal iniciada contra Regina María Alarcón Contreras, Inocencio Higuera Ciapara y Luis Mier y Terán Casanueva,

Regina María Alarcón Contreras fue directora de Planeación de Ciencia en el Conacyt; Inocencio Higuera Ciapara, director adjunto de Desarrollo Científico; Luis Mier y Terán, ex miembro del Comité de Ciencias Exactas para la evaluación de becas de posgrado al extranjero; y Patricia Zúñiga Cendejas, ex coordinadora y fundadora del FCCyT.

Imputación

Según la imputación de la FGR, de enero de 2013 a junio de 2019, el Conacyt transfirió en forma ilegal 244 millones de pesos al FCCyT.

La ilicitud consistiría en que el Foro, habiendo sido creado como una asociación civil tres meses antes de que se publicara el estatuto que permitía su constitución, no podía ejercer actos de administración sobre los recursos del Conacyt.

La FGR judicializó en dos ocasiones este expediente, pero el 25 de agosto y luego el 21 de septiembre de 2021, el juez de control Gregorio Salazar Hernández negó las órdenes de captura por delincuencia organizada y lavado de dinero contra 31 científicos y académicos del Conacyt.

A pesar de que ya son nueve los científicos que logran la cancelación de la causa penal por delincuencia organizada y lavado, su problema legal no ha terminado.

Según un informe de la FGR, en el 2021, después de la segunda negativa de aprehensión, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada hizo un desglose a la Fiscalía de Control Competencial, a cargo de Juan Ramos, para que investigara los delitos de peculado y uso ilícito de atribuciones y facultades. Esa segunda indagatoria está en curso.

La gran diferencia es que esta última es una indagatoria cuyos delitos no ameritan prisión preventiva de oficio, es decir, no pone en peligro la libertad personal de los imputados en automático. Mucho menos los pone en riesgo de terminar en el Penal del Altiplano, como sí podía suceder con el expediente de delincuencia organizada.