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Frenan poderes Sistema Anticorrupción

El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un proyecto de nunca acabar

Reforma
domingo, 17 marzo 2019 | 06:00

Ciudad de México— El Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) es un proyecto de nunca acabar.

Desde su nacimiento, los poderes Legislativo y Ejecutivo, tanto a nivel federal como estatal, han incurrido en incumplimientos que han hecho imposible que, a más de dos años de haber nacido, esté en pleno funcionamiento.

Por ejemplo, el fiscal especializado en Combate a la Corrupción debió ser designado en marzo de 2014 para concluir su periodo el 30 de noviembre de 2018.

Fue hasta el 8 de marzo pasado cuando  María de la Luz Mijangos se convirtió en la primera fiscal Anticorrupción.

Otro incumplimiento: el Senado no ha ratificado a los 18 magistrados especializados en sancionar la faltas administrativas graves y, con ello, conformar cinco salas especializadas y una superior en el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

Jacqueline Peschard, quien fue la primera presidenta –febrero 2017-febrero de 2018– del Comité de Participación Ciudadana, que  forma parte del Sistema Anticorrupción, atribuyó el actual impasse a que el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador no ve en el SNA el vehículo a través del cual desarrollará su lucha anticorrupción.

Max Kaiser, profesor del ITAM y experto en combate anticorrupción, dijo que tanto la actual Administración como la anterior han demostrado que no les interesa combatir la corrupción con el modelo que fue impulsado por la sociedad civil.

Los sistemas estatales anticorrupción tampoco están en pleno funcionamiento.

De acuerdo con datos de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SNA) con fecha del 8 de marzo, hay dos estados en los que no hay Comisión de Selección; tres en los que no se ha integrado el Comité de Participación Ciudadana; cuatro en los que no hay Comité Coordinador; ocho que no cuentan con Secretaria Ejecutiva; tres que carecen de Fiscal Anticorrupción, y dos en los que no hay magistrados especializados.

El mismo reporte indica que 11 estados no han concluido la implementación total de sus sistemas anticorrupción.

Por ejemplo, en Chiapas, aún no se integra la Comisión de Selección, el Comité de Participación Ciudadana, el Comité Coordinador, ni la Secretaría Ejecutiva.

Este diseño es replicado a nivel nacional; sin embargo el SNA tampoco ha terminado de implementarse.

La tardía designación del Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción, el cual debió de haber sido designado en marzo de 2014 y haber concluido su periodo el 30 de noviembre de 2018, dejó durante casi tres años suspendida la entrada en vigor de los delitos por hechos de corrupción, que fueron definidos así en julio de 2016 con la reforma constitucional con la que se creó el SNA.

Hasta antes de esa reforma, estos ilícitos, contenidos en el capítulo 10, eran denominados como delitos cometidos por servidores públicos.

El diseño establece que el SNA estará compuesto por una Comisión de Selección –para elegir a los representantes ciudadanos– un Comité de Participación Ciudadana (CPC), integrado por cinco miembros de la sociedad, y un Comité Coordinador.

Éste último Comité se integra por los titulares de la Secretaría de la Función Pública, la Auditoría Superior de la Federación, el INAI, el fiscal anticorrupción, el presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, un representante del Consejo de la Judicatura Federal y el presidente del CPC, que a su vez funge como cabeza del Sistema.

El pasado 8 de febrero, el nuevo presidente del CPC, José Octavio López Presa, destacó que es necesario terminar la conformación de su estructura tanto en los estados como a nivel federal.

“Es indispensable acabar la conformación del SNA: alrededor de 10 estados aún no integran sus sistemas estatales anticorrupción y a nivel federal falta una de las piezas clave: el fiscal Anticorrupción”, indicó.