Exigen más pruebas que dichos en caso Iguala

Ciudad de México— Ante las declaraciones realizadas por el testigo protegido "Juan" a la Fiscalía General de la República (FGR) sobre el caso Iguala, los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos exigieron más pruebas.

Aunque consideran que lo narrado es un paso hacia el esclarecimiento de los hechos, en un documento dirigido a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa advierten que no se le puede dar valor probatorio pleno.

"Es llamativo que en el relato el testigo aporte datos que están disponibles en fuentes abiertas", cuestionan.

"Igualmente es llamativo que en el relato señale responsabilidades de forma reiterada a personas ya fallecidas, lo que no deja margen para la verificación de los señalamientos".

Reforma publicó hoy que, de acuerdo con el testigo protegido, los 43 normalistas de Ayotzinapa fueron detenidos junto con una treintena de personas más en una operación conjunta de militares, policías y sicarios.

El reato indica que un grupo fue interrogado en el 27 Batallón de Infantería, en Iguala, y luego entregado a los narcos para su desaparición; algunos de los interrogados fueron entregados muertos.

Además, "Juan" -un miembro del grupo delictivo Guerreros Unidos actualmente preso- asegura que otro grupo fue incinerado en el crematorio de la funeraria "El Ángel", a las afuera de la ciudad de Iguala.

Al respecto, los representantes de los familiares de los normalistas desaparecidos señalan a la Unidad a cargo del Fiscal Omar Gómez Trejo la necesidad de recabar pruebas que corroboren la veracidad del dicho.

"Pues en ausencia de ellas no podrían las víctimas acoger como definitiva tal versión", apuntan.

En la página 409 del Tomo 123 del caso se indica que la gasera Lama Gas refirió en julio de 2015 que sólo tienen un reporte de venta de gas LP a dicha funeraria en el periodo entre septiembre y octubre de 2014, por 279.60 litros.

Derivado de las declaraciones del testigo "Juan", los abogados de las víctimas plantearon a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa una serie de diligencias, entre ellas indagar a dos agentes de la Policía Ministerial de Guerrero.

También solicitan que la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda investigue las cuentas de quien en 2014 fuera Fiscal General de Guerrero, Iñaki Blanco Cabrera, y del Secretario de Seguridad Pública del Estado, Leonardo Vázquez Pérez, por presuntamente haber recibido sobornos de Guerreros Unidos.

Varias de las diligencias propuestas, entre ellas la inspección de diversos domicilios referidos por "Juan", ya fueron desahogadas por la Fiscalía, en colaboración con la Comisión para la Verdad y la Justicia del Caso Ayotzinapa, que encabeza el subsecretario Alejandro Encinas.