Exigen a SFP informe de vulneración de datos en 3de3

Ciudad de México— La diputada priista Dulce María Sauri demandó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) que rinda un informe sobre la vulneración de datos personales de miles de declaraciones patrimoniales de servidores públicos que estaban bajo su resguardo. 

La también vicepresidenta de la Cámara de Diputados le pidió que indique la razón por la cual la notificación al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) ocurrió 10 días después de que detectó esa vulneración, a pesar de que la norma establece que el plazo es de 72 horas.

Sauri expuso que durante 56 días quedó expuesta sin contraseñas y sin medidas de seguridad información sensible y personal de 830 mil funcionarios federales y hasta ahora la SFP no ha dado una explicación de cómo, por qué y de quién es la responsabilidad de esta anomalía.

La priista explicó que la información estuvo disponible en internet del 6 de mayo al 30 de julio pasados, pero el incidente fue reportado por la dependencia hasta el 10 de julio.

Se trata, detalló, de datos personales clasificados como los ingresos netos del declarante, bienes inmuebles y vehículos declarados, adeudos, pasivos y créditos financiaros vigentes, además de datos generales como números telefónicos, domicilios particulares, CURP y RFC.

La diputada federal afirmó que, de acuerdo con especialistas, esta información puede ser utilizada para cometer delitos como robo de identidad y poner en riesgo la vida de los trabajadores al servicio del Estado.

Es necesario, consideró, que la SFP rinda un informe al Poder Legislativo del alcance de esta exposición de datos contenidos en las declaraciones patrimoniales y qué medidas correctivas y preventivas han tomado para evitar que éstos

sean vulnerados.

Además, pidió que la dependencia informe el estado de cumplimiento de las declaraciones al 31 de julio pasado en el marco de la pandemia y cómo va a prevenir que las declaraciones faltantes no sean exhibidas.

Asimismo, que describa a cuánto ascienden los recortes presupuestales a la Plataforma Digital Nacional y al Sistema Nacional Anticorrupción derivados del decreto del 23 de abril pasado.

Dulce María Sauri comentó que si el Gobierno federal ha hecho del combate a la corrupción una de sus principales políticas y compromisos, tiene la obligación de no poner en riesgo la vida, el patrimonio y los datos que por ley los servidores públicos están obligados a proporcionar.

"En el clima de inseguridad que vive nuestro País, todas las medidas que se tomen para salvaguardar la vida el patrimonio de las personas son necesarias y deben ser exhaustivas", sostuvo.

La legisladora recordó que la SFP tiene la obligación de proteger la información contenida en las declaraciones patrimoniales en lo administrativo y en lo técnico, ya que el mandato es que garantice su confidencialidad, integridad y disponibilidad.