Estamos interesados en extradición de Zerón: Segob

Ciudad de México— La secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, manifestó el interés del Gobierno federal por extraditar al exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, Tomás Zerón, a quien, dijo, se le deberán respetar todos sus derechos constitucionales.

"Por supuesto que estamos sumamente interesados en que sea extraditado, hemos platicado inclusive con las propias autoridades de Canadá", indicó.

"Este es un tema del Estado mexicano, no del Gobierno de la República, no del Poder Judicial, no de la Fiscalía, no del Gobierno de Guerrero, no del municipio de Iguala, no, es un tema de Estado, en donde el Estado mexicano tiene que dar una respuesta".

Cuestionada sobre el video difundido hoy en el que se observa a Tomás Zerón durante un interrogatorio irregular a Felipe Rodríguez Salgado, alias "El Cepillo", uno de los imputados en el caso Ayotzinapa, Sánchez Cordero refirió que deben ser las autoridades quienes determinen si hubo un delito.

"Todo indiciado tiene garantías constitucionales, una de esas es presunción de inocencia, la otra es garantía de audiencia y la otra es debido proceso", comentó.

"Nosotros no podemos decir (si se configura la tortura), ni siquiera con el video, sino que tienen que ser las investigaciones, una vez que se le dé la garantía de audiencia, que tenga el debido proceso y que obviamente esté presente la presunción de inocencia, y que decidan las autoridades, primero de la Fiscalía y después del Poder Judicial, su sentencia, su resolución".

En tanto, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez señaló que sí se puede considerar que Zerón cometió tortura.

"Las condiciones en que se da el interrogatorio y las amenazas que profiere un funcionario de alto nivel involucrado deben calificarse como #tortura y se suman al cúmulo de evidencias sobre graves irregularidades y violaciones a #DDHH en el caso", refirió la organización en una serie de tuits.

"Llamamos a la @FGRMexico y demás autoridades del Gobierno Federal a evitar la filtración de información que puede constituir prueba de cargo en procesos judiciales".